Este domingo, 30 de septiembre de 2007, el periódico El País publicaba un reportaje titulado “Desaparecidos”, en el que Jorge Marirrodriga y Javier Lafuente hablan de los 57 desaparecidos españoles durante la dictadura argentina, entre marzo de 1973 y diciembre de 1983. El 9 de noviembre se inaugurará en Buenos Aires el Parque de la Memoria. En él habrá un monumento con metros y metros de lápidas en las que se mostrarán los nombres de 8.718 desaparecidos – aunque la cifra real supera los 30.000, sólo se expondrán los casos que han sido confirmados y documentados. Lo que hace previsible que la lista de nombres que van a estar grabados en ese monumento vaya creciendo con el tiempo–. Lo gracioso del caso, si es que en todo esto cabe algo gracioso, es que el 25 de septiembre me llegó un mail en el que se detallaba la situación de un preso preventivo en la cárcel de Valdemoro (Madrid). No es extraño. Suele llegarme correo electrónico de gente que me habla de su situación con respecto a las cosas más peregrinas, que me envía reseñas literarias o de artículos, y la carpeta del spam suele tener, a diario, entre 350 y 600 mail de mis admiradores de la extrema derecha y algunos pesados de ERC, que se han ganado a pulso un puesto junto a ellos. Lo que sí me fue extraño es que en el mail figurara el número de móvil de la mujer del preso preventivo. Eso no es muy normal. Y mi curiosidad pudo más que mi inexistente prudencia, así que llamé. Para mi sorpresa contestó Doña Ana María Gil Calvo, que me relató las condiciones en las que está interno su marido... Rodolfo Eduardo Almirón Sena, que tiene el horroroso honor de figurar como uno de los padres de la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina, la triple A (AAA). Organización de extrema derecha responsable de entre 600 y 2000 asesinatos, secuestros, atentados y tortura, entre 1973 y 1975.

Es vox populi lo que pienso sobre la extrema derecha, como también lo es que soy de izquierdas. Ni lo escondo, ni lo disculpo. Así que no tenía mucha lógica que me llegara ese mail si lo que quería Doña Ana María era que me hiciera eco de la batalla que está llevando a cabo para que no se extradite a su marido a Argentina, por ser pieza clave en un sumario abierto que instruye el juez federal argentino, Norberto Oyarbide, contra los miembros de la AAA, declarándole imputado en un doble asesinato y asociación ilícita. Y, aunque es cierto que, durante mi conversación con ella, de vez en cuando se le escapaba “mi marido es inocente” y yo le recordaba que eso lo tenía que decidir un juez, lo cierto es que, en el fondo, lo que quiere esta mujer es que la justicia española, en este caso el sistema penitenciario español, trate a su marido tal y como se ha hecho con los otros dos imputados que también están en espera de decisión en cuanto a su extradición, es decir, que sea puesto en detención domiciliaria.

Obviando quien es, es decir, un miembro de la AAA, cofundador de la misma, acusado de dos asesinatos y en espera de extradición para ser juzgado por ello, tengo que decir, de forma objetiva, que no tiene mucha lógica mantener a un preso preventivo encarcelado con el historial médico de Eduardo Almirón. Me explico. También es vox popupi que soy un defensor a ultranza del Estado de Derecho. Es más, creo con sinceridad que sería imposible poder llamarme demócrata sino creyera a ultranza en su defensa – bueno, ni yo ni nadie. Dentro de nuestro Estado de Derecho mantener a un preso encarcelado, preventivo para más INRI, con cardiopatía isquémica, oclusión total de Cd, lesiones varias por infartos isquémicos agudos en ambos hemisferios cerebrales, obstrucción total en el segmento Pl de la arteria cerebral posterior y con una minusvalía reconocida del 67% – todo ello documentado y certificado por médicos de la Sanidad Pública española–, y que precisa unos cuidados que no están al alcance de la institución penitenciaria, pues como que excede de forma ligerísima el celo por la custodia de un preso preventivo. Para colmo resulta que no existe mucho peligro de que huya porque, primero, ni siquiera tiene dinero para pagar la fianza, y segundo, está incapacitado – me gustaría recordarle a quien proceda los artículos 207,1 208,1 215,2 216,1 del reglamento penitenciario–.

Precisamente porque soy un defensor a ultranza del Estado de Derecho, y aunque creo que cualquiera que participara en los asesinatos de la dictadura pinochetista, de la dictadura de la junta militar argentina, así como cualquiera que participara en la operación Cóndor auspiciada por los Estados Unidos, merece la cárcel para el resto de sus días, no creo que alguien que no sea capaz de responder por sus crímenes ante un tribunal pueda, o deba ser juzgado. Y no lo creo porque aquellos que creemos en la Democracia, aquellos que creemos en el Estado de Derecho, no somos iguales a los que matan, secuestran, torturan y extorsionan. Porque, al fin y al cabo, se trata de eso, de que no somos iguales.

Doña Ana María, le agradezco mucho que se pusiera en contacto conmigo – aunque fuera de forma indirecta–, y espero que este artículo sirva para que pueda reunirse de nuevo con su marido y cuidarlo, que es lo que desea. Algo que no creo pueda ser reprochable. Le deseo toda la suerte del mundo.

Suena de fondo “Ojalá”, de Silvio Rodríguez.

Buenas noches, y buena suerte...