Dentro del pulso que están echando permanentemente al Estado, los nacionalistas catalán y vasco, esta semana el lehendakari vasco ha subido el dintel y ha anunciado la convocatoria de sendos referendums sobre la independencia del País Vasco.

Naturalmente esta determinación no es ajena al clima de permanente agitación secesionista vasco-catalana, que desde la llegada al gobierno catalán del republicanismo soberanista han agitado unas aguas, a las que se suma ahora el lider nacionalista vasco, que ha ido precedida de las impunes quemas colectivas de retratos del Jefe del Estado en Cataluña, y de las estridentes declaraciones del Senador Anasagasti, y que me temo que irá seguida de alguna otra acción extrema, pues como resulta claro forman parte de una escalada de acción secesionista frente al Estado.

Por su parte, la débil respuesta del Gobierno central y del aparato policial y judicial del Estado, no hace presagiar nada bueno para la unidad de España.

El Gobierno del Estado debería haber actuado con más contundencia, poniendo en manos de la justicia a quienes realicen actos delictivos contra el Jefe del Estado, la unidad de España y sus símbolos. No hacerlo es signo de debilidad extrema, y confiere la iniciativa a la audacia del nacionalismo separatista.

El Estado ha de tomar la iniciativa, que ahora está en manos de los secesionistas, y zanjar definitivamente el problema territorial. Ya que si el consenso de la transición –que llevó al Estado de las Autonomías- no les basta, habrá que fijar un techo razonable, y ese podría ser un Estado Federal claramente definido, con su techo competencial indiscutible, cerrando así esta peligrosa sima que separa a algunos sectores de la ciudadanía dentro del Estado, alentados por políticos oportunistas y desleales a la Constitución, que reguló la convivencia entre los españoles, y les dio un margen amplio de actuación, que al parecer se les sigue antojando insuficiente.

Y si hubiera que reformar la Constitución hacia un federalismo, no hemos de asustarnos ya que hay federalismos cooperativos como los de Alemania o Estados Unidos, en los que nadie cuestiona la integridad del Estado, al tiempo que se tienen amplios poderes en los diferentes territorios. Pero sí que habrían de reformarse los distritos electorales y la proporcionalidad que confiere a las insaciables minorías secesionistas una representación que no les corresponde, en detrimento de formaciones políticas de ámbito estatal que con mayor apoyo de votantes obtienen una inferior representación. Cambiando definitivamente el Senado como auténtica Cámara de las Autonomías, de igual manera que en Alemania está el Bundesrat.

Todo ello, ajustará a sus dimensiones reales un problema hiperdimensionado, por el complejo y la debilidad con que el Estado ha venido tratando el problema del nacionalismo separatista.