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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Crimen y objeción

José Carlos Navarro (Mérida)
Redacción
domingo, 30 de septiembre de 2007, 13:26 h (CET)
Al enterarme de la admisión a trámite de la querella contra el Delegado Provincial en Toledo de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Ángel Felpeto Enríquez, por la orden dada de no evaluar a los alumnos que objetaran en conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, me vienen a la memoria otras amenazas y advertencias.

La primera fue la de la propia ministra Mercedes Cabrera en la que avisaba a los objetores de algo así como que se atuvieran a las consecuencias. Cuando el objetómetro registra unas 125 objeciones por día según Profesionales por la Ética, menos se puede comprender el axioma universal de la vicepresidenta De la Vega -lo dijo por la ley de banderas- de que las leyes no se imponen sino que tienen que ser fruto del convencimiento. Escaso margen para el convencimiento deja la imposición de hecho y "de derecho" de esta asignatura que también ha sido admitida a trámite una demanda contra ella en el TSJ de Andalucía por vulnerar derechos fundamentales. Cinco pequeños David sustanciados en padres andaluces contra el Goliat de la Junta de Andalucía, que debe no sentirse moralmente muy allá al tener que rogar a las 17 editoriales que han publicado este texto, así como a los sindicatos correa de transmisión de los gobiernos socialistas, a personarse a favor de la Junta y contra la demanda. La que se liaría si se instara a organizaciones o asociaciones a personarse en contra de algún hipotético recurso por derechos fundamentales a iniciativa de un trabajador de estos dos sindicatos. Y todo por algo tan sencillo que simbolizó Pizarro al mostrar la Constitución Española (CE) en su defensa a los accionistas de su empresa, que es invocar al derecho reconocido a los padres a educar moralmente a sus hijos del artículo 27.3 de la CE.

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