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Etiquetas:   Familia y educación   -   Sección:   Opinión

Sensatez

Emili Avilés
Emili Avilés
sábado, 29 de septiembre de 2007, 10:31 h (CET)
Perdonad que insista, pero sigue de actualidad esta “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, que se presenta bajo tres nombres diferentes, y ya se ha empezado a impartir a estudiantes de 3º de ESO de siete comunidades autónomas. La distribución prevista es ésta:

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, en 5º ó 6º de Primaria (alumnos de entre 10 y 12años) y en uno de los tres primeros cursos de la ESO ( alumnos que tendrán entre 12 y 15 años).

Educación ético-cívica, se dará en 4º de la ESO, a alumnos de entre 15 y 16 años.

Filosofía y ciudadanía, que se impartirá en un curso de Bachillerato, es decir, a alumnos de entre 16 y 18 años.

Como ya hemos debatido en otras ocasiones, esta materia académica no sería inconveniente si los poderes públicos no vieran en ella, una potente arma ideológica. Hoy por hoy, es ésta una tarea pendiente, más aún cuando produce división social y confusión en profesionales de la educación y padres de familia. Además, no cabe separación entre moral privada y moral pública. La moral es una porque la persona es una. Para afrontar esa tarea sería preciso un mínimo común ético basado en la ley natural. Así, se podría y debería estructurar sin imposiciones ni fijaciones de moda.

Pero, no nos equivoquemos. Son los padres quienes tienen el derecho y el deber de la educación de las conciencias de sus hijos, sin más limitaciones que las derivadas de la dignidad de la persona y del justo orden público.

Recordemos una legislación básica sobre el asunto:

1) Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948, artículo 26.3:
“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".

2) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza en el 2000, establece en su artículo 14.3: “Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.

3) Constitución Española, de 1978, artículo 27.3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Queda manifiesta la configuración de Educación para la Ciudadanía como una inaceptable doctrina de Estado, al ser ya de público conocimiento dos hechos objetivos y recientes: La displicente condescendencia de los gobernantes para “respetar” el claro ideario de algunos centros y las presiones y críticas a los editores para que no olviden en sus libros nada de la “ortodoxia doctrinal” de esta ética parcial e impuesta a todos.

Viene al caso la opinión que he recibido de muchos padres y madres de familia: Si ha de haber Educación para la Ciudadanía que se adapte a la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que con esa excusa no entren a moralizar a la fuerza y sin ton ni son.

Evidentemente así debería ser. Sensatez y amor a la libertad es lo que nos toca tener. ¡A todos!

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