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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Justicia bajo sospecha

Miguel Massanet
Miguel Massanet
jueves, 27 de septiembre de 2007, 22:15 h (CET)
La Justicia ha sido representada a través de los tiempos en forma de matrona romana en distintas posturas y actitudes. Sentada, de pie, en actitud reposada, en actitud agresiva con la espada en alto y la balanza en posición más caída; en pie y con los brazos en cruz, manteniendo al mismo nivel la espada en la mano derecha y la balanza en la izquierda; con corona, sin ella; en fin, de mil formas distintas, pero siempre con sus dos signos distintivos: la espada y la balanza. Sin embargo, a mí, la imagen que más me llena y que considero más adecuada a la función que se le atribuya de justiciera, es aquella representada por una bella matrona, descubierta, que permanece sentada y esgrimiendo la espada en la mano derecha mientras sostiene la balanza en la mano izquierda; a diferencia de otras figuras de la Justicia, ésta no lleva los ojos vendados y muestra su torso desnudo dejando que el “peplum” y el “supparum” se deslicen hacia los pies quedando sujetos de la cintura. Creo que la Justicia no ha de ser ciega, no ha de perder de vista que los encargados de impartir la ley no son seres sobrenaturales ni dioses, sino humanos y, por tanto, sujetos a las imperfecciones propias de esta especie a la que, impropiamente, se ha dado por llamar seres inteligentes. La desnudez es signo de que está libre de prejuicios, lo que le permite juzgar con ecuanimidad y aplicar la ley justa con la firmeza que le confiere el brazo armado y con la equidad que le otorga el fiel de la balanza.

Durante esta legislatura los ciudadanos de a pie hemos tenido ocasión de poner en cuarentena nuestra fe en una justicia imparcial y efectiva. Nos hemos escandalizado de que unos determinados servidores de la Ley, hayan renegado del juramente que hicieron de defender y aplicar rectamente las normas, para entregarse a los intereses espúreos a favor de determinadas tendencias políticas. Si ya es malo que nuestro ordenamiento permita que sea el Gobierno quién sea el encargado de nombrar al jefe de los fiscales; todavía lo es más que, además, pretenda que este importante cargo –del que depende la incoación de las causas y su impulso ante la judicatura –, actúe bajo su mandato directo y conforme a sus criterios políticos. Si hay una regla que atestigüe la recta gobernabilidad de una nación; si hay un principio que certifique que quienes nos gobiernan se atengan a los principios de un Estado de Derecho y si existe una garantía para la ciudadanía de que nunca será objeto de abusos y atropellos por parte del Ejecutivo; está, precisamente, en el contrapeso, el valladar y la fuerza de una Justicia libre, autónoma e imparcial capaz de hacer cumplir la Ley desde el más humilde ciudadano hasta el propio presidente de la nación.

Espectáculo como el que estamos contemplando, atónitos, los ciudadanos, cuando vemos que, según le convenga al Gobierno de turno, se muevan o permanezcan quietos quienes tienen la obligación de perseguir los delitos y a los delincuentes que los cometieron, no hacen sino confirmar que, en este país, las leyes no se cumplen y que la Justicia ha dejado de ser imparcial para plegarse a los intereses de quienes pretenden perpetuarse en el poder, aunque, para ello, sea preciso saltarse a la torera los principios de legalidad que son pilar fundamental de cualquier democracia. Posiciones tan equívocas como la que está teniendo el TC, convertido en un ejemplo de cómo no debe actuar el máximo tribunal de la Nación, nos convencen de que los poderes públicos intentan extender sus influencias hasta en aquellas estancias en las que se les debería estar vedado, no sólo inmiscuirse, sino que, ni siquiera pudieran tener, en dicha institución, magistrados que pertenecieran a su partido. Hechos tan vergonzosos como ha sido la prolongación del mandato de la señora Mª Emilia Casas, presidenta del TC y esposa de un jurista que hizo un informe para la Generalitat, apoyando la legalidad del famoso Estatut catalán; son de por si tan graves, que causan vergüenza ajena. La más mínima sombra de parcialidad que pueda caer sobre un magistrado debe ser motivo de recusación, aún más, debería ser el propio magistrado quien se adelantara a excluirse voluntariamente de intervenir en un caso donde no se viera con la suficiente libertad intelectual para poder decidir, sin prejuicios o relaciones parentales que pudieran interferir en su recto juicio e imparcial voto. Es de todo punto intolerable el que, con el máximo descaro, se esté relentizando la actividad del más alto Tribunal de justicia, para evitar emitir, antes de los próximos comicios, la correspondiente resolución acerca de la constitucionalidad o no del Estatut. No se trata de un hecho menor que no influya en el voto de la ciudadanía, sino todo lo contrario. Los españoles tenemos derecho a saber, antes de emitir nuestro voto, cómo ha actuado nuestro Gobierno y si, de verdad, lo ha hecho dentro de los parámetros legales o sólo por intereses políticos, por asegurarse el apoyo de los catalanes o para descuartizar España usando argumentos falsos, ilegítimos o fraudulentos. No debemos olvidar que, entre tanto, en la comunidad catalana se están desarrollando los artículos de un Estatut que, mientras no se demuestre lo contrario, está vigente. Si el Estado le ha concedido a Catalunya treinta mil millones de euros lo ha hecho en función de aceptar que el Estatut es constitucional. Y, ¿si resulta que no lo es, qué es lo que va a suceder?, ¿devolverá Catalunya el dinero que haya recibido de más?, ¿se lo quedará en virtud de la teoría de los hechos consumados?

Yo no sé si se puede sancionar a los magistrados del Constitucional; no sé si los ciudadanos se dan cuenta de la importancia de que, en España, exista una fractura de la legalidad como la que denuncio, ni sé si a alguien le importa un bledo el que el PSOE se valga de estas armas torticeras, antidemocráticas y desleales para hacerse con el poder; pero de lo que estoy plenamente convencido es que estas actitudes, estos procedimientos y este sistema de arrollar a la oposición y olvidarse de los ciudadanos tiene un nombre explícito y paladino: totalitarismo.

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