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Etiquetas:   Perspectiva de Levante   -   Sección:   Opinión

España ante el secesionismo

Domingo Delgado
Domingo Delgado
lunes, 24 de septiembre de 2007, 23:15 h (CET)
Hace veinticinco años, en plena transición, escuché al catedrático de Derecho Internacional Antonio Remiro Brotóns afirmar que España era un Estado en situación de pérdida de territorios soberanos, y por tanto en descomposición, desde el S. XIX. En efecto, tras la independencia de los territorios de América, concluyó el S. XIX con la pérdida de Cuba, Santo Domingo, y las Filipinas. Seguidamente, ya en el S. XX, se perdieron las colonias de Guinea, Siri Ifni, el Protectorado de Marruecos, y el Sahara. Teniendo planteada la demanda marroquí sobre Ceuta y Melilla.

Pero además en el interior peninsular, la “fisura territorial” viene planteándose con cierta crudeza en Cataluña y el País Vasco desde la II República. Situación que no ha acertado a resolver el Título VIII de la Constitución, que dio paso al Estado de las Autonomías, que se está revelando ineficaz para dicho problema, y que a su vez, ha creado más problemas de gobernabilidad y jurídico administrativos de los que trató de resolver, amen de disparar el gasto público, generar la desigualdad entre los españoles, y la sensación de anarquía en el País.

En los años que median desde la transición, el nacionalismo catalán y vasco se desdoblaron, a su vez, en sendas versiones burguesa, por un lado, y revolucionaria-secesionista, por otro; combinándose arteramente según la coyuntura del momento, para consolidar un proyecto nacionalista propio, negando paulatinamente el proyecto de Nación española.

Entre tanto, y dada la confiada cesión de los “padres constitucionales” a los nacionalismos, en base a una inadecuada aplicación del principio de proporcionalidad en la representación territorial, que les confiere una desproporcionada representación en el Parlamento español, lo que les hace necesarios para la gobernabilidad de un Estado que no quieren; esto supone tanto como poner a “las zorras a cuidar las gallinas”.

Así los dos grandes partidos estatales tienen que negociar y hacer progresivas concesiones –alguna de las cuales, ya rozan la desintegración estatal, como ha sido el nuevo Estatuto Catalán, instaurando un “federalismo asimétrico”, es decir, desigual-. Hecho que ha ido engordando el “pesebre nacionalista”, y exacerbando las fuerzas nacionalistas radicales, que antes eran marginales, y que en la actualidad están paulatinamente cogiendo terreno y desplazando al nacionalismo burgués, para sorpresa de todos.

Quizá no se ha considerado adecuadamente, que el nacionalismo en sus raíces viene de un sentimiento de exaltación irracional que va calando en las poblaciones de forma irreal, delirante, y se van levantando fronteras, enfatizando diferencias, exaltando lo propio en detrimento de lo ajeno, que acaba por menospreciarse. Al punto que vuelven a aflorar manifestaciones secesionistas como las que se dieron en la II República, como las que empezamos a tener a diario en los noticiarios, de quema de banderas y fotografías del Jefe del Estado. Fenómenos que son recibidos contemplativamente por los responsables del orden público en Cataluña.

Ante toda esta evolución secesionista, sin embargo, vemos al Estado español autodesarmado, con escasa o nula respuesta, y lo que es peor, sin un proyecto nacional español que de respuesta en su adecuado marco constitucional, asistido por el Derecho y la razón, evitando que las minorías secesionistas impongan su voluntad en la calle.

Del mismo modo que el nacionalismo burgués, civilizado, deseoso de prebendas y parcelas de poder, también sería responsable de la deriva separatista si no ajusta sus pretensiones autonomistas, incluso federalistas, a términos de razonable entendimiento, según lo establecido en el marco constitucional.

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