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Etiquetas:   La parte por el todo   -   Sección:   Opinión

Libertad muy vigilada

Óscar Arce Ruiz
Óscar Arce
domingo, 23 de septiembre de 2007, 05:16 h (CET)
Siempre que sale en libertad una persona que ha cumplido condena en una institución penal, emerge una de las cuestiones que más peso tiene en los estados democráticos modernos.

Todos, más o menos, pensamos que la cárcel ha de tener una función, digamos, pedagógica. La famosa ‘reinserción’, que se encuentra en todos los idearios y que es tan pesada de trasladar al día a día.

Son pocos, por otra parte, los que confían en el correcto funcionamiento de la institución penitenciaria. La prisión se nos presenta más en nuestra mente como un centro al que van a parar los desahuciados, los ‘malos’ sin remedio que merecen agolparse en un recinto lo más alejado posible del núcleo urbano.

Si la cuestión tiene que ver con un condenado liberado de su pena pero que, según los profesionales que han estado en contacto con él, no se encuentra ni siquiera envuelto en un proceso de rehabilitación, el tema se convierte en un asunto de alarma social. Como es el caso de José Rodríguez, el ‘violador de la Vall d’Hebron’.

A pesar de que las autoridades reconocen que posiblemente reincidirá en el delito que le llevó a la privación de libertad, las medidas de reducción de condena han posibilitado que la ley expulse al delincuente sin proporcionarle mecanismos para evitar tal conducta. En un programa de televisión, el abogado del reo comentó que llevaba más de quince años reclamando tratamiento psiquiátrico para Rodríguez. Quince años a través de los cuales ninguna autoridad judicial o del ministerio fiscal fallaron a favor de tal medida.

Daremos por buena la sentencia de John Stuart Mill cuando dice que “la única demarcación de la conducta de una persona por la cual ésta es responsable ante la sociedad es la que afecta a los otros”. Estaremos de acuerdo, pues, en que aquí la responsabilidad individual está del todo justificada y delimitada.

A partir de ahí, el Estado ha de establecer el monopolio de la justicia y sus leyes han de concretar unos delitos asociados a unas penas; los jueces han de limitarse a cumplir con lo escrito. Si la encarcelación es parte de un proceso que pretende la habilitación social del preso y durante el tiempo recluido no se ha hecho suficiente para conseguirla, es evidente que el error proviene de la institución que debería haber velado por ello.

Las medidas más inmediatas son las que han solicitado algunas de las víctimas del violador, como forzar una extensión del encarcelamiento o publicar una imagen actual del sujeto para prevenir a la ciudadanía. Todo esto se centra en reprimir al individuo que, a pesar de ser responsable último de sus actos, no lo es en cuanto al tipo de pena que ha cumplido.

Pero es comprensible que las víctimas se escandalicen al conocer la noticia de la excarcelación de su agresor sin que se haya hecho lo suficiente para evitar futuras agresiones. También es comprensible que la sociedad quiera tener dispositivos para protegerse de sus actos violentos.

Es cierto que José Rodríguez no es responsable de quedar en libertad, aunque es igualmente verdadero que nadie tiene el deber jurídico de soportar los perjuicios que le provoque el mal funcionamiento de la rehabilitación del presidiario.

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