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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

La Justicia, el Gobierno y los afectados de Afinsa y Forum

José Sánchez Josanpe
Redacción
jueves, 13 de septiembre de 2007, 21:53 h (CET)
Va para año y medio de este fraude y tanto a Jueces como a Políticos y principalmente a este Gobierno parece no importarle el mayor fraude cometido en nuestra historia. Los jueces tanto de lo Penal como del Concursal, porque parece que trabajan más para tapar este asunto que para dilucidarlo y aclararlo sin importarle lo más mínimo la penuria económica a que nos ha llevado este fraude propiciado por un Gobierno de políticos incompetentes, temerarios y en algunos casos implicados más o menos directamente en el mismo, como pueden ser los distintos ministros que con su foto y recomendaciones han propiciado el que muchos afectados invirtiéramos tanto en Afinsa como en Forum y después han tratado de responsabilizarnos a los inversores de haberles hecho caso como fueron los comentarios de la ministra Elena Salgado que siendo directora de telecomunicaciones y correos por el Gobierno del PSOE firmó en el libro de honor de Afinsa, alabando las excelencias de esta empresa y recomendando la inversión en la misma. Luego ya de ministra de Consumo “había perdido la memoria o la vergüenza” pues no sólo no recordaba este episodio sino que nos culpaba a los inversores de haberle hecho caso tanto a ella como a su compañero de partido el ministro entonces Borrell que también alababa la gestión de Afinsa y recomendaba explícitamente la inversión en sellos. En el mes de marzo del pasado año y por intereses políticos y económicos, desde la sede del PSOE y más concretamente desde su Ejecutiva Federal se denunciaba a estas empresas y se les echaba a la Agencia tributaria encima ─Posiblemente para hacer una carambola como es el echar toda la culpa de una supuesta estafa al PP y al mismo tiempo pagar unos favores a la gran Banca que tan sustanciosos resultados les habían concedido al partido en el Gobierno─.

Ante las preguntas y escritos que les hemos hecho llegar a representantes de este Gobierno, tanto por algunos partidos políticos como por algunos afectados las respuestas siempre han sido las mismas “que ya están en ello los tribunales de justicia”. O sea, que primero se comete la tropelía y después tenemos que ir a los tribunales por una negligencia o mala actuación de los poderes establecidos para protegernos. Y es que este caso, nunca debiera haber ido a los tribunales sin haber al menos pruebas irrefutables de los cargos que se les han imputado a los distintos responsables, ya que aquí lo que ha primado ha sido el cierre a cal y canto de estas empresas con la única finalidad de que no siguieran activas y restándoles clientes a la Gran Banca.

Es lamentable que después del tiempo transcurrido aún los jueces no tengan nada claro si se ha delinquido o no y siga la investigación después de cerrada la actividad con el consiguiente perjuicio a los inversores. Mientras esto escribo me pregunto ¿Como es que no han actuado de la misma forma con el Sr. Botín a pesar de las irregularidades cometidas? Posiblemente y nada aseguro, sea verdad aquello de que la justicia tiene varias varas de medir y las emplee según las circunstancias y las personas.

Somos muchos los afectados que creemos que en vez de esclarecer este fraude y aclarar de una vez si la actividad era Mercantil o Financiera la justicia está perdiéndose por otros derroteros beneficiando claramente tanto al Gobierno como a la Agencia Tributaria que ni devuelve lo cobrado ilegalmente y además le permiten asistir al Concursal como parte acreedora sin derecho alguno, ya que si alguna deuda había fue provocada por la administración que en su momento el juez pertinente decretó –cometiéndose otra irregularidad-.

Debemos recordar tanto a los jueces instructores como a las Fiscalía, que tanto unos como otros están para velar por el principio de legalidad y para defender los derechos de los ciudadanos en vez de proporcionar coartadas a un Gobierno que por su proceder ha quedado claro que si no ha delinquido al menos tiene una responsabilidad patrimonial en este fraude por haberlo consentido y haberlo propiciado.

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