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La ofensiva rusa en el Norte: las fronteras en el Ártico y el campo legal

Maxim Krans
Redacción
domingo, 19 de agosto de 2007, 06:48 h (CET)
La sensacional expedición del buque científico ruso Académico Fiódorov y del rompehielos de propulsión nuclear Rossiya hacia el Polo Norte, con el descenso de dos batiscafos tripulados Mir y una bandera rusa plantada en el fondo del Océano Glacial Ártico, no fue el clímax sino un episodio más en la actual ofensiva de Rusia hacia el Ártico.

Todo se inició en mayo pasado. En cuanto lo permitieron las condiciones meteorológicas, un grupo de investigadores rusos salió a bordo del Rossiya hacia la zona oriental del Ártico para escrutar durante seis semanas, metro tras metro, la cordillera subacuática Lomonósov y sacar sus imágenes. El otro día, el mismo rompehielos emprendió una nueva travesía para continuar el estudio de la plataforma continental, entre otras cosas, con la ayuda de aparatos sumergibles de control remoto. Más tarde tomarán el relevo los exploradores polares enviados a la nueva estación flotante Polo Norte-35.
La importancia de la tarea que se plantea ante los científicos resulta difícil de sobrestimar: su misión es proporcionar pruebas convincentes de que el Polo Norte pertenece a Rusia. Es más: lo que se reivindica en el Ártico es una zona inmensa en forma del triángulo cuya base coincide con la línea costera del norte de Rusia, desde la frontera con Noruega en el oeste y hasta el Estrecho de Behring en el este, una superficie de 1,2 millones de kilómetros cuadrados equivalente a la de Alemania, Francia e Italia juntas.
La verdad es que los rusos siempre consideraron esta zona como parte del territorio nacional. En los años 20 del siglo pasado, el gran pastel ártico fue repartido entre cinco países: Canadá, Dinamarca, EEUU, Noruega y Unión Soviética. Cuando la ONU adoptó la Convención sobre el Derecho del Mar, estas naciones del Ártico se quedaron una zona económica exclusiva de 200 millas, mientras que el resto fue proclamado patrimonio universal de la humanidad.
Sin embargo, se contempló una excepción: cualquier Estado puede ampliar la zona exclusiva a 150 millas más, si se comprueba que la plataforma marina más próxima es una extensión del respectivo territorio. En el caso de Rusia, es preciso demostrar que la cordillera Lomonósov es una extensión de la plataforma continental de Siberia. Hace cinco años, Moscú presentó a una Comisión de la ONU la solicitud formal al respecto pero sus argumentos no parecieron lo suficientemente convincentes en aquella fecha. Rusia quiere reintentarlo en dos años, y es precisamente a ello a lo que se están preparando ahora sus expertos.
El precio del asunto es enorme: las reservas del crudo y el gas natural en el “triángulo ártico” que reivindica Rusia se calculan en torno a 100.000 millones de toneladas, o sea, entre el 25% y el 33% del volumen disponible a escala global, según las estimaciones previas.
Como era de esperar, la reciente expedición rusa al Ártico despertó escaso entusiasmo entre otros pretendientes que últimamente no faltan. Dinamarca declaró que el Polo Norte y las zonas adyacentes son propiedad suya porque se encuentran en las inmediaciones de Groenlandia. Canadá insiste en que la cordillera Lomonósov es una prolongación del continente norteamericano. Noruega quiso acelerar el arreglo de un viejo contencioso que mantiene con Rusia sobre un área de 155.000 kilómetros cuadrados en el Mar de Barents.
EEUU también empezó a moverse. El senador Richard Lugar, subjefe del Comité para asuntos internacionales, se pronunció en mayo pasado por la adhesión inmediata de Washington a la Convención sobre el Derecho del Mar, a fin de que Moscú no pudiera “reservarse” territorios ricos en gas y petróleo. Lo que más molestó a Washington fue la reciente acción de Rusia en el Ártico. El portavoz del Departamento de Estado, Tom Casey, se apresuró a afirmar que la bandera rusa bajo el Polo Norte carece de peso legal a la hora de reivindicar la plataforma marina.
Muy pocos lo cuestionan, por cierto. También parece evidente que, en plano político, la expedición rusa resulta más importante que a efectos de la investigación. El responsable de esta travesía, famoso explorador polar y vicepresidente de la Duma rusa Artur Chilingárov, jamás ocultó su intención: “Queremos demostrar que Rusia es una gran potencia polar”.
EEUU y otros pretendientes a los hidrocarburos del Ártico intentan poner en tela de juicio el derecho de Rusia a reivindicar su parte de la plataforma marina, y es algo que difícilmente podríamos aceptar. El periódico británico The Times formuló la respectiva postura en términos claros: “El mundo debe rechazar las pretensiones de Rusia a la conquista de territorios submarinos”. Robert Miller, profesor de la Escuela de Derecho Lewis & Clark, sostiene en las páginas de Los Ángeles Times que “las audaces reclamaciones territoriales de Rusia” tienen sus raíces en la Doctrina del Descubrimiento usada por exploradores europeos y americanos en los siglos XV-XVI: quien llega primero, lo recibe todo. Scott Borgerson, experto del Consejo estadounidense para política exterior, propone a su vez elaborar para el Ártico un tratado del condominio similar al que fue suscrito en la década del 50 en relación con el Antártico.
El comentario más explícito al respecto lo ofrece en Washington Times Ariel Cohen, de Heritage Foundation: “Si Moscú sugiriese explotar las riquezas del Ártico de forma cooperada, aliándose con EEUU y otras naciones, podría ser un proyecto productivo con la subsiguiente colaboración internacional”. Y entretanto, las potencias occidentales deberían acordar una estrategia conjunta para hacerle frente a Rusia: “Demasiadas cosas están en juego como para dejárselas al oso ruso”.
Quienes critican a Rusia, cuestionan en rigor la legitimidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por la mayoría de los países. El rotativo estadounidense Investor’s Business Daily llega a comparar este documento con el Pacto de Múnich, suscrito en 1938 para pacificar a la Alemania de Hitler. En lo que concierne a EEUU, es una postura comprensible: en su momento, Washington rehusó firmar la Convención por miedo de que otras naciones reivindicasen zonas marítimas que EEUU considera suyas. Más aún: el presidente Ronald Reagan expulsó del Departamento de Estado a varios funcionarios que habían participado en la redacción de aquel acuerdo. Todo indica que EEUU ha caído finalmente en la cuenta: si Rusia presenta una solicitud convincente, el asunto podrá ser solucionado a sus espaldas. El urgente envío del rompehielos Healy, perteneciente al Servicio Guardacostas de EEUU, y la decisión de construir un par de buques similares para ampliar la presencia estadounidense en el Ártico, son ejemplos de una reacción obviamente retardada.
Cuanto ha hecho Rusia hasta la fecha, no rebasa el marco de la Convención citada. Anatoli Kolodkin, presidente de la Asociación del Derecho Marítimo Internacional y juez del Tribunal de la ONU sobre el Derecho del Mar, subrayó el otro día que Moscú actúa “estrictamente en el marco del Derecho Internacional” y no da pie para el deterioro de las relaciones diplomáticas con otros países. “Cualquier Estado de la región puede presentar sus reclamaciones sobre aquélla pero deberá actuar exactamente como Rusia, es decir, proporcionar las pruebas necesarias a favor de estas pretensiones”, dijo él.
Si Rusia consigue demostrar de forma convincente que estos terrenos subacuáticos son una extensión natural de su plataforma continental, la reclamación será satisfecha, y será una decisión de cumplimiento obligatorio para todos los países, opina el jurista Vasili Gutsuliak, otro experto en la materia.
En cuanto a las banderas tricolores que exploradores rusos plantan en los hielos del Polo Norte, o en el fondo marino, no tienen nada que ver con el asunto. Las fronteras de Rusia en el Ártico son un tema a solucionar exclusivamente en el marco legal, cualquiera que sea el veredicto final.

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Maxim Krans, para RIA Novosti.


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