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Madagascar: Una ley contra la explotación sexual de los niños

María Teresa Vaquero (Pamplona)
Redacción
martes, 7 de agosto de 2007, 23:20 h (CET)
Siempre pensamos en ciertos países asiáticos, como Tailandia, para referirnos al turismo sexual infantil. Por eso nos ha llamado la atención una noticia publicada por la agencia de noticias IRIN – www.irinnews.org – el pasado mes de junio, según la cual la explotación sexual infantil está muy extendida en la isla de Madagascar. Los traficantes llevarían a sus jóvenes víctimas de las zonas rurales pobres a los destinos turísticos más apreciados.

La UNICEF ha llevado a cabo un estudio en dos ciudades según el cual entre un 30 y un 50 por ciento de las trabajadoras del sexo entrevistadas tenían menos de 18 años.

Muchos traficantes consiguen, mediante engaños, que las niñas y niños de zonas rurales pobres sean entregados por sus padres ante la promesa de una educación para sus hijos. En la realidad serán explotadas en el servicio doméstico o como mano de obra de trabajadores ambulantes, según un informe del gobierno estadounidense. Asimismo, tras caer en manos de los traficantes, pasarán a los conductores de taxis, a los guías turísticos o a los trabajadores de los hoteles, para su explotación sexual.

La corrupción debida en muchos casos a problemas económicos, las presiones ejercidas por la comunidad y el miedo a provocar un incidente internacional hacen que la policía y los magistrados de las regiones turísticas duden a la hora de perseguir a los pedófilos extranjeros. Asimismo, muchos funcionarios han sufrido presiones por parte de los padres que se benefician de la explotación de sus hijos y solucionan así sus problemas económicos. El año pasado se han denunciado al menos dos casos de pedofilia: dos turistas franceses fueron acusados de corrupción de menores, condenados y extraditados. Un turista suizo fue condenado a cinco años de prisión.

Según el estudio de la UNICEF, las niñas son vulnerables al tráfico debido a su pobreza y a una discriminación sexual muy arraigada. También hay que tener en cuenta una aplicación laxista de la ley. Todo ello hace que la actividad sexual precoz sea moralmente aceptable. La mayoría de las niñas entrevistadas han tenido su primera experiencia sexual a los 14 años. En Madagascar una niña puede casarse legalmente a esa edad, aunque la ley va a ser revisada para aumentar la edad hasta los 18 años.

Hay que tener en cuenta que la ley malgache no prohíbe el tráfico con fines de explotación sexual, pero va a revisarse este mismo año. El proyecto de ley que está redactando el Ministerio de Justicia pretende proteger a los niños de la explotación sexual y, al mismo tiempo, penalizar a las personas culpables del tráfico. También están en proyecto varias leyes que sirvan para prohibir el trabajo de los niños, y en concreto la prostitución, la esclavitud doméstica y los trabajos forzados.

Madagascar es una isla – la más grande de África y la cuarta del mundo - situada en el Océano Índico, a la altura de Mozambique. Francia se anexionó la isla en 1895 tras derrotar a la reina Ranavalona III. En 1946, Madagascar dejó de ser colonia y se convirtió en territorio de ultramar francés. La isla tiene una población de 19 millones de habitantes con una esperanza de vida de 62 años. La mortalidad infantil es del 78% y El 68% de la población está alfabetizada. Siete de cada diez Malgaches viven en la pobreza, agravada por un gran crecimiento demográfico que alcanza el 3%. También las catástrofes naturales como los tifones, 30 a lo largo de los tres últimos decenios, malversan a menudo los recursos para el desarrollo, ya de por sí escasos.
Cerca del 45% de la población es cristiana, dividida a partes iguales entre católicos y protestantes. También se da el animismo – 51% - y el resto de la población es de religión musulmana.

La UNICEF ha pedido que se obligue a denunciar cualquier incidente que tenga que ver con la desaparición o la explotación de un niño, y que se lleve a cabo una campaña de sensibilización de la población acerca de este problema.

Esperemos que las nuevas leyes contribuyan a una mayor protección de los menores frente a aquellos que sólo procuran su propio beneficio, sin importarles el hecho de estar tratando con seres indefensos en situación precaria.

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