El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado al Gobierno vasco, presidido por el peneuvista Juan José Ibarretxe, que cumpla la ley en materia de símbolos en los edificios autonómicos. En concreto, el TS ordena al Ejecutivo vasco que ondee la bandera española en la academia de la policía autonómica de Arcaute.
De momento, y sin que sirva de precedente, han venido a responder los funcionarios públicos -en teoría- temporales del País Vasco, respetarán la ley y la sentencia del TS. De momento, digo, porque en este país de pandereta, de butifarras, de levantamiento de piedras y de campeonatos de lanzamiento de hueso de olivas, lo de cumplir la ley es algo que no va con nosotros. No, al menos, con nuestros próceres más distinguidos. Es decir, los gerifaltes del terruño más cercano.
Hay un sinfín de ayuntamientos de Cataluña y el País Vasco que no cumplen la ley en materia de símbolos como establece la Constitución y la ley 39/1981, de 28 de octubre, por la cual queda regulado, establecido y clarísimo, el uso de la bandera española (artículo 3.1): “deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado”. Si quieren profundizar en el asunto no dejen de pasarse por un magnífico blog, Criterio, que tiene documentado el asunto.
Pero, el tema de las banderas, siendo lo simbólico que significa, no es del todo grave en sí mismo. Es cierto que las banderas en sí mismas no dejan de ser unas telas -aunque papel es un billete de 500 euros y casi hojalata una moneda de 5 céntimos-, y, por lo tanto, no debería pasar a mayores. Lo importante, decía, no es lo simbólico, que también, sino el desprecio a la ley que los nacionalistas, día tras día, ejercer en su terruño.
Verbigracia. La ley, en Cataluña, establece muy claramente, que los niños de primaria, hasta los siete años, deben poder escoger -sus padres, se entiende- la lengua de escolarización -de entre las dos oficiales: catalán y español- en las escuelas. Lo miren como lo miren, le den las vueltas que le quieran dar, y pongan los ejemplos que quieran de un posible desprecio hacia los catalanoparlantes por parte de las instituciones en otros asuntos, la Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña no cumple con la ley. Actúa, a sabiendas, ilegalmente al no permitir que los niños castellanoparlantes -o los catalanoparlantes que lo deseen- puedan desarrollar los primeros años de su aprendizaje en la lengua que hablan en casa, que como indican todos los estudios pedagógicos es la mejor manera de que los niños obtengan mejores resultados de entendimiento y académicos.
Pero no solo eso. Y aquí enlazo el “de momento” de un poco más arriba, lo increíble de la situación es que los encargados de que la ley se cumpla, en última instancia el Gobierno del Estado, por ejemplo, en educación existe la Alta Inspección, que, en teoría, debería controlar que las diversas consejerías de educación autonómicas cumpliesen con la ley; digo, que lo increíble es que los que deberían vigilar no vigilan y hacen la vista gorda. ¿De verdad que ningún agente o funcionario público ha visto que faltaba la bandera española en la escuela de la policía autonómica vasca? ¿Durante 20 años? ¿Acaso no estudian leyes en esa academia -que me consta salen buenos profesionales-?
En realidad, el hueso del asunto no es si se cuelga una bandera, otra, todas o ninguna. Se trata de ir un poco más allá, de entender el concepto de democracia en algo más que ir a votar -y ya ni eso- cada cuatro años. Existen las leyes, de obligado cumplimiento, que no son eternas, se pueden cambiar, pero mientras tanto si existen es para que se respeten. Eso es lo que diferencia a un nacionalista y a un demócrata.
¿Que hay nacionalistas demócratas? Haberlos haylos, pero ni se ven ni se oyen, por lo que a efectos prácticos, en política, no existen. Una lástima.