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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Vamos camino de la dictadura?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
viernes, 3 de agosto de 2007, 00:03 h (CET)
En esta época de separaciones y divorcios, de 'ajuntamientos' y de 'matrimonios' homosexuales, no nos debería extrañar que se haya producido un escandaloso divorcio entre la Justicia y la ciudadanía. Seguramente, se podría alegar incompatibilidad de caracteres o bien impotencia sobrevenida a la Justicia, para atender las justas demandas de los españoles de unas leyes más justas, menos arbitrarias y, por supuesto menos politizadas. El espectáculo que se presenta a los asombrados ciudadanos, cuando observamos las actuaciones judiciales de estos últimos tiempos, es suficiente para que, los que más confiábamos en el trabajo de jueces y magistrados por nuestras raices universitarias, hayamos acabado por renunciar a comprender como, el sistema judicial y su soporte administrativo, hayan podido degradarse a las bajas cotas de popularidad en las que hoy se desenvuelven, y se hayan convertido en el ejemplo de cómo no se debe comportar el poder Judicial en una Nación.

Si nos hemos tenido que tragar que, el mismo TC, nos esté toreando con el tema de los recursos contra el Estatut catalán sin que, de tan Alto Tribunal, haya salido una explicación medianamente lógica y creible que justifique llevar más de un año parados, en un tema de tanta trascendencia para España; en cuya resolución se juega, nada más y nada menos, que la propia identidad de la Nación. Si vemos como los estamentos catalanes, presididos por el señor Montilla, no paran de poner palos en las ruedas de la Justicia intentando, por medios extralegítimos, dejar sin contenido el Estatut por la vía de los hechos consumados sin que, al parecer, el Gobierno central ponga obstáculo alguno a estas artes; más bien se podría decir que se favorecen y apoyan tales prácticas, acelerando las concesiones y traspasos, como si en ello les fuera el ser o el no ser. Y puede que sea así porque, sin el apoyo catalán, el señor Zapatero sabe que no puede ganar las legislativas.

No es menos cierto que, en otros ámbitos, tampoco la Justicia da ejemplo de estar por la labor de aplicar las leyes. Veamos, si no, al TS, ya conocido por sus sentencias y autos favorables a los socialistas. El último ejemplo, el archivo de las querellas presentadas contra las actuaciones de Conde Pumpido por retirar los cargos contra Otegui en el juicio que se le seguía por enaltecimiento del terrorismo. Se alega que la actuación de los fiscales encausados 'en modo alguno constituyen delito' ¡Apaga y vámonos! Otro caso que clama al cielo. Las cuatro denuncias formuladas por Manos Limpias, La Plataforma Humanismo y Libertad y el PP, para aclarar la actuación del señor Arenillas en los asuntos sucios de la CNMV y la Oficina Económica del Estado. Van corriendo los expedientes de juzgado en juzgado como le ocurrió en la copla a la falsa moneda que 'de mano en mano va y ninguno se la queda'. O sea que, al parecer, ya ha transitado por cuatro juzgados que se las sacan de encima como si fueran patatas calientes capaces de escaldar a quien se las quede. Se dice, se comenta, se murmura que todos tienen miedo de que, siguiendo el hilo de la trama, a través de las pesquisas, se pudieran encontrar de sopetón con que el último atado, el lazo final está precisamente ligado en el dedo gordo del pie del señor Presidente del Gobierno; vamos que, al parecer, es aquello de quien es el machote 'que se atreve a ponerle el cascabel al gato'. Es evidente que, entre que el señor Arenillas es el esposo de la ministra Cabrera y las posibles implicaciones de ZP en el caso, los juececillos de marras andan cambiándose de calzoncillos cada par de horas.

La ciudadanía está perpleja. No hay seguridad en las ciudades, los malhechores roban, agreden, maltratan y asaltan, impunemente, sin que les pase nada. La misma policía admite que el ordenamiento jurídico actual impide, en la mayoría de los casos, mantener en prisión a los inculpados, aunque los hayan cogido con las manos en la masa. Los delincuentes entran por una puerta en las comisarías, se les ficha y salen por la otra puerta, a las pocas horas de haber ingresado. Si alguna persona quiere defenderse, si intenta hacerse el héroe y le pega un tiro, un garrotazo o un puñetazo al agresor, al que pretende robarle o herirle, ¡no vea usted en el lío en el que se mete! Los criminales pueden poseer armas, ¿qué de dónde las sacan?, ¡vaya usted a saber!; pero usted no puede conseguir un permiso para tenerlas, 'sólo en muy contados casos y cuando se de la circunstancia de que esté usted amenazado de muerte'. Esto estaría bien si el Estado nos proporcionara seguridad; si los castigos fueran ejemplares; si los delincuentes cumplieran íntegramente sus condenas; si los fiscales no estuvieran politizados; si la policía actuara con más contundencia; si nos preocupáramos menos de los derechos humanos de los delincuentes y más de los de las personas decentes y, sobre todo ello, si la legislación penal, procesal y administrativa no estuviera encorsetada por culpa de la abulia y pereza de los partidos políticos, especialmente del que nos gobierna. Cuando la ciudadanía da muestras de enfado, desconfianza y rechazo a las leyes vigentes es señal de que algo no funciona en la nación.

Pero qué les vamos a pedir a aquellos que, con el mayor descaro, se aprovechan de los funcionarios, influyen en los jueces, socavan la autoridad de los tribunales y hacen valer sus influencias para situar en los puestos clave, de los organismos encargados de impartir justicia, a aquellos que saben que les van a servir fielmente. Si se tiene en la mano al poder Ejecutivo, al poder Legislativo y, por si fuera poco, al poder Judicial podemos decir, como dijo Alfonso Guerra, que ¡Montesquieu ha muerto! Y yo añadiría, citando al amigo de Cicerón y Cátulo, Cornelio Nepote: 'Llámanse y son tiranos quienes poseen el poder a perpetuidad en una nación que fue libre'.

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