Cuando los partidos políticos españoles se postulaban ante los ciudadanos para buscar su apoyo en las elecciones del 20N del 2011, todos hablaban de contención del gasto público, si bien diferían en las partidas sobre las que pensaban establecer los recortes. A poco menos de un año de las próximas legislativas ya podemos afirmar que, el problema, sigue siendo el mismo y que nada se ha hecho en el sentido de reducir el peso excesivo que supone, para España, el tener que soportar una mega Administración central y una no menos mastodóntica administración territorial, integrada por los gobiernos autonómicos y sus diputaciones y municipios. Ni el PSOE del señor Rodríguez Zapatero cuando gobernó a lo largo de dos legislaturas, ni el actual, el PP del señor Mariano Rajoy, han sido capaces de coger la podadora administrativa para aliviar al país de este enorme peso burocrático; la mayor parte del cual es evidente que sobra y que, en lugar de servir para aliviar los trámites de los ciudadanos ante la Administración, lo único que han logrado ha sido multiplicar los ya existentes y, en muchos casos, solaparlos con los de la Administración Central.

La realidad ha venido demostrando que las autonomías no han podido, no se les ha permitido o, todavía peor, se han tomado por su cuenta, en muchos casos, la libertad de engordar de una manera desmesurada el número de instituciones y sociedades públicas que dependen de ellas, con el fin de ir haciéndose con más poder regional. Estos procedimientos han resultado más evidentes en el caso de comunidades autónomas, como Catalunya, que siguen empeñadas en la construcción de un “estado paralelo”, para ir preparando su utópica separación de España; empeño que, por mucho que pueda sorprender a quienes piensan que la solución separatista ya es cosa del pasado, sigue persistiendo, en una parte importante del pueblo catalán, en estado larvado, esperando el momento propicio que les permita volver a presentar sus exigencias; algo que, con todo probabilidad, pudiera tener lugar después de las elecciones catalanas del 27S, si es que antes, el Estado, no toma cartas en el asunto para impedir que se conviertan en lo que se ha dado en denominar, impropiamente, “pleblicitarias”.

En todo caso, si bien es cierto que el actual gobierno del PP ha metido la tijera, o ha intentado meterla en los gastos autonómicos, fijándoles límites de déficit público y endeudamiento, en lo que no se ha conseguido el menor éxito ha sido en la disminución del funcionariado, no hablemos de aquellos que tienen la plaza en propiedad sino, incluso, en todos aquellos miles de trabajadores públicos, con contratos de interinos o eventuales, que no sólo los encontramos en los municipios y Administraciones públicas sino incluso en entidades paralelas, sociedades creadas para hacerse cargo de funciones auxiliares o servicios públicos que les están vedadas a los organismo administrativos públicos.

Un artículo firmado por el economista, M.Llamas, insiste sobre este tema y da datos lo suficientemente explícitos para demostrar que, la cuestión de las cargas públicas, de los costes de aquellos cuyas funciones se centran en la administración de los impuestos de los ciudadanos, tanto para cubrir los PGE como para financiar los Presupuestos de cada una de las autonomías y de los municipios, han adquirido tal dimensión que están poniendo en tela de juicio la posibilidad de que, el Estado, en caso de no tomar medidas para reducirlos con la celeridad precisa, se puede encontrar ante la imposibilidad de poder mantenerlo financieramente a medio y largo plazo, con los subsiguientes efectos que, para los españoles, pudieran tener en cuanto a su calidad de vida y el mantenimiento de pensiones, sanidad pública y ayudas sociales.

Por lo visto más de 14’6 millones de españoles percibe nómina pública, cuando en el sector privado apenas trabajan 14’5 millones. Dicho de una manera fácil de entender: el trabajo de 14`5 millones de personas en edad de producir ha de ser el que, con sus impuestos, sirva para que se le den las prestaciones públicas a las que debe atender el Estado y, además, para pagarles el sueldo a los otros 14’6 millones de funcionarios, de los cuales una parte importante no producen nada por ocupar plazas especialmente creadas para que, los partidos políticos, puedan enchufar en ellas a los paniaguados (familiares, amigos, políticos retirados, colaboradores y demás personal innecesario que vive a costa de los que trabajan en el sector privado). Es evidente que casi tres millones de funcionarios, en tiempos de la ofimática, del mundo digital, de los robots y de las ciberoperaciones, pueden parecer demasiados.

¿La explicación? Pues es fácil de encontrar. Todos los partidos políticos, sin excepción, han utilizado la posibilidad de pagar favores a sus afiliados y simpatizantes proporcionando empleos, en ocasiones eventuales, pero que se eternizan en sus puestos. Ninguno se atreve a poner orden y hacer una limpieza, saneamiento, reestructuración y modernización de oficinas, departamentos, empresas auxiliares, contratas, informes a terceros que pudieran realizarse por los mismos funcionarios o aquellos sobre temas sin el más mínimo interés para la Administración porque ello supondría mandar al desempleo a muchos de sus protegidos. La crisis, como es natural, ha disparado los costes en algunos apartados como, por ejemplo, en el caso de los Parados con prestación por desempleo (2.37 millones) los Pensionistas (9.28 millones, a lo que han contribuido las famosas jubilaciones anticipadas como un medio de reducir la partida del desempleo) y Empleados públicos (2.96 millones) Es evidente que hay funcionarios como médicos, jueces, guardias etc. que es necesario mantener, pero estamos hartos de ir por las oficinas públicas, las de Hacienda por ejemplo, donde es palmario que el trabajo no justifica la cantidad de personas que transitan por ellas, máxime cuando parte del trabajo se lo han endosado a los contribuyentes.

Si la mera existencia del sistema autonómico ya representa la creación de un gobierno y una asamblea para cada uno de ellos, con toda su parafernalia de funcionarios; el hecho de que, junto a ellos, existan oficinas dependientes del Gobierno Central, con la consiguiente duplicidad o triplicidad de funciones, sólo sirve para establecer una burocracia entre la cual el ciudadano de a pie se pierde cuando precisa consultar u obtener permisos de dos o tres agencias o consejerías involucradas, cada una de ellas, en el mismo tema sobre el que requiere información o el simple permiso para instalar un negocio nuevo. Retrasos de seis meses en la tramitación de documentos que deberían facilitarse en uno o dos días, son la señal evidente de que el sistema falla y falla, precisamente, por el hecho intolerable de que las Administraciones deben justificar unos trabajos para mantener viva unas plantillas a todas luces innecesarias.

Un país moderno, una nación que está empezando a salir de una grave crisis, o una nación que sufre la lacra de tener más de 4’5 millones de desempleados no puede permitirse mantener una población no productiva que tenga que ser subvencionada por otra, inferior en número, que sea la que verdaderamente produce. Esto, como dice el articulista al que me he referido, es evidentemente insostenible y, de seguir por esta camino, no tardaremos en llegar a un punto de inflexión en el que, la masa burocrática sea tan grande, que no le será posible, al país, soportar el gasto público generado por ella y la nación se despeñará, una vez más, en la crisis.

O así es como, señores, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, cuando vemos que los hay que pretenden aumentar la participación del Estado en la economía y en la actividad privada, se nos ponen los pelos como escarpias, pensando en los resultados nefastos de una locura semejante.