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Etiquetas:   Perspectiva de Levante   -   Sección:   Opinión

Los sueldos de las corporaciones locales

Domingo Delgado
Domingo Delgado
martes, 24 de julio de 2007, 09:36 h (CET)
Tras las pasadas elecciones locales y autonómicas, nos encontramos nuevamente con la perplejidad que muchos de nuestros Alcaldes, so pretexto del principio constitucional de la autonomía municipal, y de la importante carga de trabajo y responsabilidad que les supone el cargo de primer edil, aprovechan los primeros plenos municipales del Consistorio para organizar el ámbito del mismo, y entre otras cuestiones, ven propicia la oportunidad de “colar” la cuestión de sus respectivos sueldos.

Ningún momento mejor que éste, en que todos están “festejando” el acceso a los respectivos puestos de representación local, y el enojoso asunto de los sueldos, aunque levante polvareda, con el discurrir del tiempo acaba consolidándose. Dándose el caso según municipios, que la avaricia de los regidores no respeta colores ni credos, afectando a todo el arco político, lo que no deja de ser un dato antropológico de la condición humana.

Conocidos son los casos de Alcaldes que se han puesto unos sueldos superiores al del Presidente del Gobierno, lo cual excede con mucho cualquier criterio de moderación o proporcionalidad, en la ambición por el vil metal. Así nos encontramos con casos publicados de los regidores de San Fernando de Henares, de Las Rozas, de Navalcarnero, de Torrelodones, de Villanueva del Pardillo, en la Comunidad de Madrid, o de Mazarrón, y Campos del Río, en la Comunidad de Murcia, por citar algunos, entre una interminable lista que podríamos confeccionar; que en algunos casos suponen incrementos retributivos que van desde el 20% al 36%, nada comparables con las subidas salariales acaecidas en el mundo del trabajo.

Pero se da el caso, además que para ello se suelen poner de acuerdo, en los Consistorios respectivos, el equipo de gobierno con la oposición, favoreciéndose mutuamente de forma injustificada y desproporcionada en muchos casos.

Los Ayuntamientos en que se han dado estas escandalosas subidas retributivas, y que estratégicamente las han aprobado al inicio de legislatura, deberían de haber incluido entre sus pretensiones y anuncios electorales tal hecho, para haber sido más honestos, por expresión de claridad en sus intenciones, con sus respectivos vecinos, los cuales al emitir el correspondiente voto implícitamente aprobarían la subida, desestimándola en caso contrario.

Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias afirma que en la cuestión a debate se da un vacío legal, por lo que los alcaldes pueden establecer según les convenga el sueldo que quieren ganar.

La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 establece que, tras la toma de posesión de los alcaldes, debe acometerse la organización del Ayuntamiento en el primer pleno; y como hemos indicado antes, la mayoría de los alcaldes recién elegidos incluyen los sueldos en este apartado de “organización” y suelen ocupar los últimos puntos del orden del día.

El caso creo que por decencia y por el bien del sistema democrático, va demandando una reforma legal que ponga unos claros y razonables límites a la “pajera abierta” con que se beneficia cierta clase política, que una vez que se instala en el poder con sus beneficios, se van apartando progresivamente de sus representados y de los problemas de su comunidad respectiva, ya que los problemas de la ciudadanía “mileurista” dista años luz de los del regidor con una renta mensual de 6.000€ o superior, por lo que se crea una “casta especial” endogámica, desentendida de la problemática de la vecindad, con intereses distintos a sus representados, cuando no contrapuestos. Que en los casos extremos acaban en estruendosos escándalos como el de Marbella; y en los casos más discretos, se genera un abierto divorcio entre los ciudadanos y sus representantes políticos con gran nivel de desconfianza y progresiva apatía y ausencia de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, lo cual es un mal síntoma para la democracia.

Resulta, pues necesaria una urgente reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que discipline la actuación de las Corporaciones Locales y evite las actuaciones comentadas, sin mayor demora.

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