La alarma social y mediática volvió a sonar el pasado 2 de abril, cuando el niño Eduardo de Jesus Ferreira, de diez años, murió de un tiro en la cabeza cuando jugaba en la puerta de su casa, en una de las favelas del Complexo do Alemão.

La familia y los vecinos culparon rápidamente a los agentes, versión que fue confirmada poco después por la propia Policía Militar; el tiro salió de un fusil de los que en principio tienen la misión de proteger a los habitantes de los peligros del narcotráfico.

Con esa muerte renació el debate en torno al futuro de la Unidades de Policía Pacificadora UPP), que al principio dieron buenos resultados y concentraron muchas esperanzas: en las favelas donde se instalaron estas mini comisarías los homicidios disminuyeron un 75% y el número de robos un 50%, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP).

Pero últimamente no paran de repetirse tiroteos, muertes de policías, narcotraficantes y personas inocentes afectadas por las llamadas 'balas perdidas'. También se han registrado denuncias de tortura y violaciones por parte de la Policía Militar, que se ha ganado la desconfianza de la mayoría de vecinos.