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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

FEPADE

Miguel Ángel Sánchez (México)
Redacción
lunes, 16 de julio de 2007, 23:05 h (CET)
Pienso que el Fiscal Especial para la Atención a Delitos contra Periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, debe renunciar al cargo y la FEPADE desaparecer.

El fiscal ha dado muestras de que se encuentra acorralado en un callejón sin salida, pero esto es sólo reflejo de una instancia abierta por la PGR no para indagar y esclarecer hechos presuntamente criminales, sino como mecanismo de control de daños orientado a los medios y a la opinión pública.

El doctor en Derecho por la Universidad Juárez de Durango, profesor de tiempo completo titular “C” de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila y presunto notario –autor de por lo menos tres libros: un curso de derecho penal en dos tomos, un texto de grafoscopía y un manual de criminología- admite que dirige un organismo “acotado en sus atribuciones y competencias”, a tal grado que de los homicidios y desapariciones de periodistas atribuidas al crimen organizado, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), únicamente le informa si las investigaciones siguen abiertas o ya se archivaron; y justifica su desconocimiento de la actividad periodística señalando que “no es su profesión”, aunque considera que con la ola de violencia que recorre el país, la situación para los informadores “es muy preocupante” (La Jornada, 17 de mayo).
Alguien pudiera decir correctamente que no es culpa del Dr. Orellana el que no haya logrado resolver uno sólo de los casos de agresiones a periodistas bajo investigación. Otros opinamos que tales hecho debieran caer bajo la competencia del Ministerio Público, pues sólo por mal entendidas razones políticas, no jurídicas, se justifica un mecanismo excepcional de aplicación de la ley para un grupo específico. Creo que fue Carlos Marín quien dijo que en esta lógica debiera haber fiscalías para los taxistas agredidos, para las esposas engañadas, para los marineros asaltados o los estudiantes robados. Lo que necesitamos es un ministerio público verdaderamente eficaz y una policía altamente capacitada que puedan enfrentar el gran mal de nuestro sistema judicial: la impunidad.
Pienso que el doctor Orellana debe renunciar de inmediato a su cargo, después de ofrecer disculpas públicas, no por la falta de resultados en la misión que se le encomendó –ya que esto era previsible-, sino por el sainete que protagonizó en el recinto de la Cámara de Diputados la semana pasada. Al leer las crónicas del hecho vinieron a mi mente las palabras de Goethe: “El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen”.
Permítame el lector que sean los propios periodistas quienes nos pongan al corriente. La nota de Moisés Sánchez Limón en La Crónica dice:
“(…) además de no evitar que sus guaruras agredieran a reporteros en la Cámara de Diputados, con manoteos pretendió obstruir el trabajo de un camarógrafo. (...) Todo inició por ahí de la una y media de la tarde de ayer en el segundo piso de la zona de comederos conocida como ‘Los Cristales’, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al término de una reunión. (...) Las reporteras Maxi Peláez y Evangelina Hernández pretendieron entrevistar al fiscal, para plantearle las causas por las que en sus promocionales sólo manejan fotos de tres periodistas agredidos, cuando hay más de 170 casos. Pero la intención profesional se estrelló con la actitud de los dos guaruras del doctor Orellana que lo cubrieron y a manotazos y empujones alejaban a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos. (...) El fiscal se fue bien resguardado por estos guardaespaldas, sin duda agentes federales, que evitaron que peligrosos reporteros lo acribillaran con preguntas incómodas.”
En La Jornada, el reportero Enrique Méndez escribió:
“En un hecho insólito (…) Octavio Orellana, y su equipo de seguridad, agredieron ayer a un grupo de reporteros que buscaron entrevistarlo cuando salía de su comparecencia ante una comisión especial de la Cámara de Diputados, en la cual reconoció que el incremento de la violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación ‘es muy preocupante’.
“Entre empujones, el funcionario se abrió paso e inclusive tapó con sus manos las lentes de las cámaras que grababan la escena. Abrazado por sus guardaespaldas, bajó las escaleras del salón ‘B’ de la zona de Los Cristales -donde se realizó la reunión-, después se metió a la cocina para evadir a los comunicadores, pasó entre meseros, cocineros y estufas, salió por el baño y así, literalmente, logró escapar.”
Con un poco más de sentido común –o quizá temeroso de que lo fueran a involucrar en el numerito- el presidente de la comisión especial que da seguimiento a las agresiones contra periodistas, Jorge Priego Tapia, corrió a la sala de prensa en donde ofreció disculpas y se deslindó del incidente. Consideró que los reporteros agredidos “están en su derecho de presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero reconoció la contradicción de que si esto se trasladara a la fiscalía difícilmente Orellana podría investigarse a sí mismo”. ¡Clarísima lógica la del señor diputado!

Quizá el fiscal Orellana haya sido víctima de sus propios miedos, pues durante la reunión con el grupo legislativo –que por cierto fue desairada por 11 legisladores del PRI, PAN, PVEM y PRD- admitió que las estadísticas colocan a México en el segundo lugar de los países que representan más peligro para el ejercicio periodístico. ¿Pensará el doctor en derecho que este riesgo se pudiera extender a los investigadores?

No hay mucho más que decir al respecto. Ni la FEPADE tiene razón de ser ni el doctor Orellana ha dado muestras de ser un eficaz servidor público. Durante la reunión con los diputados, pidió que la Fiscalía sea dotada de un estatuto de permanencia y de mayores recursos, porque los viáticos que reciben para investigar “son muy raquíticos”. Vaya pues. Eso lo explica todo.

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