El aforamiento, la opacidad o cualquier privilegio que gocen los representantes políticos, los funcionarios o la administración del Estado, son patologías que admitimos como “hechos consumados” y siquiera nos planteamos las consecuencias o las razones por las que se mantienen. Deberíamos hacerlo, sobre todo en esta crisis y en época electoral.

No es normal que los funcionarios españoles estén en MUFACE, se diría que el Estado desconfía de lo público. También es difícil comprender que el eurodiputado López Aguilar use de su aforamiento para un problema doméstico o que los funcionarios y políticos de la UE estén mejor pagados que sus homólogos en los Estados miembros. No son simples anécdotas.

El silencio administrativo, la prevalencia de las obligaciones del ciudadano sobre las de la administración y la excesiva tolerancia hacia los errores de la misma son, también síntomas alarmantes.

Puedo aportar una experiencia que ilustra la magnitud: se permiten, en 2006, discrepancias de un 40% de la propiedad entre los registros catastrales y de la Propiedad. En ambos registros he pagado los servicios. Estaban obligados a comunicar entre los dos organismos, yo también lo estaba y prevalece mi incumplimiento sobre el de la administración. Nadie se plantea la fiabilidad de los Registros o la responsabilidad de los que inscriben. La crisis está plagada de ejemplos, ¿Qué hacía en Banco de España o cualquiera de los instrumentos de control mientras estallaba la crisis? El mismo argumento puede ser utilizado con respecto a la corrupción. ¿Quién lo está pagando?

Las patologías expuestas no surgen solas, han sido implantadas por imperativo de lo que hay, y lo que hay muestra muy poco respeto por el Estado de Derecho. No tenemos por qué resignarnos a lo que hay, porque no es.