La semana que ha concluido ha sido de inusitada actividad política para las fechas estivales, en la misma se han concitado sendos acontecimientos políticos de interés, como el debate del estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, y un renovación ministerial poco esperada. Pero lo que más “alboroto” ha armado ha sido el anuncio del Presidente del Gobierno, en pleno debate parlamentario de las ayudas de 2.500€ por nacimiento.

Hecho tan extemporáneo anuncio, cuando el debate los populares lo estaban centrando en el “fiasco” de la negociación con ETA, ha hecho premeditadamente, que el debate en la calle se traslade sustancialmente a dicho asunto, ya que no es ignorado que España se encuentra con unos índices de natalidad más bajos del mundo, y a la cola entre los países de la UE en ayudas a la familia, que algún sector de “falsa progresía” llegó a tildar de medidas franquistas, en recuerdo a los célebres “premios de natalidad” del régimen a familias numerosas.

La respuesta en el bancada popular no se hizo esperar, y “sacando pecho” contestaron que ellos en su programa electoral tenían el proyecto de reconocer 3.000€ por nacimiento.

Pero lo cierto es que más allá de algunas medidas puntuales, como la propuesta –que bienvenida sea-, no existe en España una auténtica política familiar, ya que ni el Gobierno del Estado, ni los Gobiernos Autonómicos se han puesto de acuerdo en la necesidad de tal política y en su coordinación para evitar las diferencias discriminatorias con las que nos encontramos.

Tirando de archivo, encontramos que el Instituto de Política Familiar en un estudio realizado sobre las medidas de ayudas a las familias en España. Dicho estudio viene a concluir los siguientes extremos:

“1º.- La familia no es prioridad política para las Administraciones Autonómicas.

No existe ninguna Consejería de Familia específica.

Seis CC.AA. comparten titularidad de Consejerías de Familia con otros sectores (Aragón, Castilla y León, Galicia, Madrid, Cataluña y La Rioja).

Cuatro CC.AA. han creado Observatorios de Familia (Aragón, Cataluña, Galicia y Valencia).

2º.- Las CC.AA. no tienen una política familiar.

Tan solo seis CC.AA. tienen un “plan de familia” (Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, Andalucía y Baleares).

3º.- Las CC.AA. dan insuficientes ayudas (directas y fiscales) a la familia.

4º.- Existen grandes diferencias entre CC.AA.:

CC. AA. - Ayuda anual
Navarra - 3.967 €
Cantabria - 2.400 €
Cataluña - 1.150 €
País Vasco - 1.100 €
Castilla y León - 901 €
Galicia - 600 €
Valencia - 500 €
Resto CC.AA. - 0 €

5º.- Las prestaciones no se actualizan y van dirigidas a familias con situaciones especiales, lo que entra dentro del concepto de política social, más que del de política familiar. Por consiguiente, suelen confundir la política social con la familiar.

6º.- No atienden a familias en nacimiento o adopción por hijo.

7º.- No hay sensibilidad especial hacia la familia por ningún partido político.”

Todo lo cual plantea la necesidad de poner en marcha una auténtica política de familia en el ámbito del Estado, más allá de la adopción de medidas aisladas como la propuesta, armonizando las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas a favor del progreso social de las familias en nuestro País, propiciando así unas actuaciones acorde con las aprobadas en otros países de la UE.