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¿Un juicio penal o un juicio político?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
sábado, 7 de julio de 2007, 03:01 h (CET)
Pase lo que pase con el Juicio del 11-M, sea cual sea el veredicto definitivo de los jueces con relación a los acusados o, lo que es lo mismo, a los recluidos en la urna de paredes transparentes que, a algunos, les ha dado por calificar como “pecera”. No he sido de los que han seguido, reunión tras reunión, este proceso criminal y, por tanto, no puedo opinar sobre el fondo del mismo. Sin embargo, quizá por haberme mantenido fuera de la polémica entre los defensores de la versión “oficial” y de los que propugnaban por la teoría de la “conspiración”, se me pueda permitir que haga algunos comentarios, sin ninguna pretensión de que sean acertados, pero eso sí, desde lo que podría pensar cualquier ciudadano de a pie, ignorante de toda la parafernalia del procedimiento penal.

Lo primero que nos llamó la atención fue que, a los dos días de que se cometiera el atentado, el juez Del Olmo, instructor del caso, ordenara el desguace de los vagones en los que habían explotado los ingenios que pusieron los terroristas. Una decisión, a la vista de cualquiera que ha tenido ocasión de observar la minuciosidad con la que en otros países se reproduce la escena de los hechos –sea restaurando los restos de una aeronave o restaurando un vehículo siniestrado – algo incoherente. En cualquier caso, dificilmente asimilable por la opinión pública. Otra de las singularidades de la instrucción, ha sido el follón que se ha armado con los explosivos que para unos fue Goma 2 y para otros Goma 2 con otros aditamentos o el famoso Titadine de la ETA. Los peritos no se han puesto de acuerdo, tampoco la fiscalía, que ha acabado con una frase lapidaria, diciendo “que sea Goma 2 o Titadine, en definitiva no importa…” No parece que una cuestión tan básica para la causa pueda ser tomada tan a la ligera por el encargado, en nombre del Estado, de dilucidad un crimen y de buscar las pruebas para la acusación. Otra cuestión que ha causado alarma en la ciudadanía.

En cualquier caso, lo peor, a mi entender, de este macro proceso ha sido la sensación que ha flotado en el ambiente de que allí, en vez de intentar esclarecer la verdad de lo sucedido, en lugar de investigar quienes fueron los verdaderos inductores y los responsables únicos de la gran masacre del 11 de Marzo, se estaban enfrentando dos tendencias políticas, de distinto signo, empecinadas ambas en estar en posesión de la razón, o lo que podría ser aún peor, necesitando con urgencia arrimar el ascua a su particular sardina para salvar los platos rotos en el caso de que, por un milagro, se llegara a esclarecer la verdad de lo ocurrido. Si hay algo que cause más confusión entre los ciudadanos de a pié, más aún que unos malos abogados o unos magistrados incompetentes, es que la justicia se aplique en virtud de conveniencias partidistas. Y me temo que, en esta ocasión, se ha politizado tanto en torno a las supuestas tramas: Al Qaeda y la ETA, que las presiones que han gravitado sobre todos los testigos, peritos, fiscales e incluso sobre los mismos abogados defensores (enfrentados entre sí) han redundado en que, el verdadero juicio, no haya sido el del juez Bermúdez y sus acompañantes, sino, más bien, el que se ha dirimido entre la prensa de uno u otro bando. Por ello, me temo que la sentencia que se pueda emitir, en el mes de Octubre, no será más que un motivo más para que se reanuden las hostilidades sobre lo fallado y lo que, según los perjudicados, se debió fallar.

Existe, en todo este proceso, una particularidad muy singular. El enfrentamiento, diríamos que “a cara de perro”, entre las dos asociaciones de víctimas afectadas por el mismo proceso. Unos que pretenden que se averigue exahustivamente toda la verdad de lo ocurrido, caiga quien caiga; y otro sector, en cambio, extrañamente decantado hacia las tésis del Ejecutivo, comandado por la señora Manjón, que quieren, según sus propias declaraciones: “una sentencia sencillamente ajustada a nuestra legislación y a los hechos que aquí se han juzgado”. A mi se me ocurre preguntar ¿y si hubiera hechos que no se han contemplado en esta causa?, ¿y si de los puntos oscuros, que los hay, se pudieran derivar responsabilidades para quienes no han estado encausados? Durante el proceso han sido muchos los que han prevaricado, y que, si hay justicia, deberán ser encausados por ello. Muchas ambigüedades y muchas contradicciones en puntos fundamentales que no han sido suficientemente esclarecidos por los peritos y expertos de la policía; de hecho se han detectado actuaciones impropias en cuanto a la conservación de pruebas; a la actuación de los Cedas y a la propia instrucción del juez del Olmo. Es por eso que me intriga el que la señora Manjón, madre de una de las víctimas, parezca estar más preocupada por acusar al PP y favorecer al gobierno del señor Zapatero que en averiguar, con la máxima certeza, quienes fueron los promotores de la masacre.Sin que, con ello, le quiera restar ni un ápice de credibilidad en cuanto a su dolor como madre, no puedo dejar de pensar que, esta señora, ha sido utilizada por el PSOE para quitarle protagonismo a la AVT. Si ha acusado alguien al señor F.J. Alcaráz de haberse beneficiado de la muerte de su hermano, con idénticos argumentos podríamos decir que la señora Manjón ha conseguido popularizarse, escribir un libro y ocupar la dirección de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo ha sido como consecuencia del atentado. Resulta que, casualmente, surgió esta asociación como una escisión de la otra, a raiz del 11-M. No debemos olvidad que la señora Manjón ya militaba en CCOO como un miembro destacado y, como tal, sigue protegida por el PSOE.

Sea como sea, el juicio esta listo para sentencia y sólo nos queda esperar al mes de octubre deshojando la margarita del si o el no. Particularmente tengo la impresión de que, si no se da una sentencia abierta, que permita que se investiguen los puntos oscuros de este proceso, se habrá perdido un tiempo precioso y, al menos, una parte importante de la ciudadanía nos vamos a quedar con la duda de lo que pudiera haber quedado escondido detrás de la enmarañada instrucción del sumario.

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