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Opinión
Etiquetas:   Carta al director  

Diagnóstico errado

José Carlos Olivares (Alicante)
Redacción
jueves, 5 de julio de 2007, 18:17 h (CET)
Se cumplen en estas fechas dos años de la promulgación de La ley Integral de Protección a las Victimas de Violencia de Género.Con el loable propósito de proteger a las mujeres de la ira de un marido o novio machista irredento, esta ley posibilita una discriminación legal por razón de sexo, aun, cuando el maltrato que se juzgue haya sido cometido en igual medida por ámbos.

Una de los primeros indicadores de la ineficacia y mal planteamiento de esta ley es que, ya, el primer año de vigencia hubo mas muertes de mujeres que el año anterior.

Aceptamos sin complejos que la sociedad en que vivimos es proclive a la violencia juvenil. No nos rasgamos las vestiduras si admitimos que la violencia escolar ha aumentado escandalosamente. Nos indignamos cada vez que leemos noticias de ancianos maltratados. Pero si decimos que la violencia entre en la pareja es algo más complejo y menos maniqueo que el resultado de un pertinaz machismo , con suerte, seremos tachados de insensatos pero, es más probable que lo seamos de machistas... Son los inconvenientes de distanciarse del pensamiento politicamente correcto. Aunque a los defensores a ultranza de esta ley quieran ignorar que ninguna otra ley en la historia de nuestra democracia ha provocado que, hasta la fecha, se hayan planteado más de cien cuestiones de inconstitucionalidad.

La violencia de pareja e intrafamiliar es, a todas luces, multicausal, y puede tener su origen en muchas y variadas causas, tales, como celos, disputas económicas derivadas de divorcios, adicciones químicas, ludopatía, dipsomanías, marginación, falta de valores, malentendimiento del amor etc. y, sin embargo, un crimen o, simplemente un maltrato originado por algunas de estas causas no habría de ser menos abyecto que uno cometido por aquello de "la maté por que era mía" y, por tanto, tampoco habría de ser menos punible, pero la obcecación en el diagnostico del problema y los anatemas a los contrarios a esta ley injusta e ineficaz, pueden hacer que España deje de ocupar un puesto de cola entre los países de su entorno en cuanto a incidencia de este problema.

Urge, pues, que el Tribunal Constitucional se pronuncie finalmente sobre el asunto y nos aclare si el artículo 14 de la Carta Magna queda "tocado" o, por el contrario, pone coto a esta antológica muestra de demagogia.

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