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Subvencionar al cine español, pero, ¿qué cine?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
miércoles, 4 de julio de 2007, 22:13 h (CET)
Creo que nos deberíamos preguntar si nos encontramos en una nación que está integrada en la CE y participa del liberalismo reinante en los paises que nos rodean o si, por el contrario, estamos entrando en este tipo de democracia nominal donde el Estado se convierte en una especie de Gran Hermano, vigilante y opresivo, que bajo pretexto de preservar utópicas libertades y salvaguardar a los ciudadanos de sus posibles errores, se constituye en el vigilante y censor de sus actos. La muestra de que los socialistas, que nos gobiernan, se están inclinando por esta segunda alternativa la tenemos en el comportamiento de algunos de nuestros ministros que, al parecer, consideran que los ciudadanos necesitan que alguien les indique el buen camino que deben seguir y, para ello, no dudan en intentar restringir cuando les conviene los derechos individuales de las personas. Una muestra la tenemos en las dificultades que los padres tienen para poder educar a sus hijos de acuerdo con sus propios principios morales y éticos, derecho que, por otra parte les concede la vigente Constitución. El folleto Educación para la Ciudadanía convertido, por voluntad de la ministra Cabrera, en asignatura obligatoria, sin que se pueda pasar curso, según su discutible criterio, si no se aprueba; es un ejemplo palpable del afan de intromisión y adoctrinamiento de tipo totalitario que intenta llevar a cabo el Gobierno invadiendo el terreno propio del entorno familiar.

No parece que, si nos atenemos a las actuaciones del Ejecutivo, vayamos a tener más suerte en lo que se relaciona con esta nueva ley del Cine. Todos sabemos los resultados nefastos de las ingerencias del estado en la economía particular de los ciudadanos y, la experiencia nos ha demostrado fehacientemente, en el caso de los países socialistas del Este, (entre ellos la extinta Unión Soviética), el grado de pobreza y falta de rendimiento generado por el dirigismo de la maquinaria estatal en las industrias colectivizadas de dichas potencias. Un presupuesto militar desmesurado y la falta de estímulo para incrementar el rendimiento de los trabajadores, las condenó al ostracismo y la miseria; mientras, fuera de sus fronteras, podían observar la riqueza, desarrollo y el alto nivel de vida del que gozaban los ciudadanos de los países de occidente. Todo ello acabó, como era previsible que sucediera: en que, un buen día, se desmoronó el muro y las aguas de la libertad se esparcieron por doquier, haciendo que se deshinchara el globo de la propaganda comunista.

Pretender, como parece que intenta el gobierno –muy posiblemente empujado por los de siempre, estos progres de la farándula incapaces de hacer que, por sus propios méritos, los espectadores acudan a sus espectáculos –, satisfaga sus aspiraciones de que se prime su mediocridad a base de cuotas obligatorias de proyecciones de películas españolas, impuestas por ley a los empresarios del ramo; es tanto como desproveer a un domador del látigo que le protege del ataque de las fieras, o sea, suicida. Un empresario privado debe tener la facultad de programar su negocio de la forma que estime que le puede dar más rentabilidad, teniendo en cuenta que su actividad comercial está sujeta a la ley de la oferta y la demanda y, en consecuencia, debe ofrecer a sus clientes lo que cree que les atraerá más, lo que hará que la gente acuda a su establecimiento en lugar de ir a otro de la competencia. Si la larga e inquisidora mano de la Administración le priva de este derecho, es lo mismo que condenarle a la ruina a menos, y aquí está el quid de la cuestión, que se le compense por el perjuicio que dicha cuota le pueda causar en sus ingresos. Tema peliagudo, si se tiene en cuenta que esto supone evaluar una serie de variables económicas que, no sólo dependen del empresario, sino del éxito del resto de películas que pudiere proyectar. En cualquier caso, sería subvencionar, con el dinero de nuestros impuestos, a una actividad privada sin ninguna garantía de que estos dineros se invirtieran en películas de calidad hechas con actores capaces. Aquí ya entramos en la picaresca de los productores, los directores, los guionistas y los intérpretes para chupar alegremente de la ubre del Estado, precindiendo de lo que, en realidad, demanda la audiencia.

Y es que, entre nuestra pléyade de actores, son muy pocos los que descuellan por su preparación, méritos y éxito; y estos, precisamente, son los que no precisan de ayuda alguna. Lo mismo podríamos decir de los directores y productores. Al parecer se trata de seguir produciendo películas con guiones que nos recuerdan a la época del neorealismo italiano, sólo que aquí no tenemos a un Vittorio de Sica, con su arte y finura o a un Trouffaut o Chabrol de la nuvelle vague. Nuestro cine es de sal gorda, de horterada, amoral y de carnes, muchas carnes. No importa el argumento, lo que conviene es crear morbo y si para ello hace falta hacer una ensalada de homosexualidad, lesbianismo, y sexo duro… pues se hace, y mejor si se sastiriza a la iglesia, porque en nuestro país y para los pogres esto es arte. Nada de actores como Hugo Tognazzi (La jaula de las locas o La Grande Bouffe) capaces de tocar temas delicados sin caer en lo grotesco o pornográfico; no, señores, se trata, como ya nos tienen acostumbrados los que nos gobiernan, de favorecer el clientelismo de aquellos que luego les apoyan en los mítines y en las manifestaciones callejeras, pero, eso sí, a costa de nuestras carteras. ¡Ah! Y no se les ocurra protestar, porque entonces les llamarán: “fascistas”.

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