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Etiquetas:   Reales de vellón   -   Sección:   Opinión

Nueva Ley para el Mercado de Valores

Sergio Brosa
Sergio Brosa
lunes, 25 de junio de 2007, 23:33 h (CET)
El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado viernes 22 de junio, ha aprobado un anteproyecto de ley por la que se modifica parcialmente la ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.

Este Anteproyecto de Ley, que ha sido enviado al Consejo de Estado para su dictamen preceptivo, dice el Gobierno que persigue los siguientes objetivos:

Mejorar las medidas de protección de los inversores, con el fin de que las empresas que prestan servicios de inversión sean más transparentes y adecuen las ofertas de inversión al perfil del inversor.

Modernizar los mercados financieros para adaptarlos a las nuevas necesidades. Así, se amplían los servicios de inversión, la gama de instrumentos financieros y los sistemas para la ejecución de operaciones, para mejorar los sistemas de inversión y su operatividad.

Adaptar los requisitos de organización de las Empresas de Servicios de Inversión (ESIS) a las nuevas exigencias de solvencia y funcionamiento interno.

Y por último y no menos importante, mejorar la potestad supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y potenciar la cooperación transfronteriza entre supervisores.

Lo cierto es que se hacía esperar una modificación de la actual ley en vigor, para adaptarla a los nuevos tiempos y para corregir los defectos de funcionamiento que se venían sucediendo, desde su promulgación, el 28 de julio de 1988. Lo cierto es que mantener sin modificar una ley reguladora de un sector que ha cambiado tan radicalmente en todos los aspectos, durante casi 20 años, más que una acertada decisión, parece una negligencia de los distintos gobiernos españoles que se han sucedido, incapaces de actualizar el sector, pues en ese tiempo, entraron en vigor normativas comunitarias que en nuestro país no se han aplicado, contraviniendo lo que a este respecto está acordado por los socios de la CE, pues la normativa comunitaria es de obligado cumplimiento.

Así, este anteproyecto de ley, como informa el propio Gobierno, modifica la Ley del Mercado de Valores, con el fin de trasponer una Directiva comunitaria de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, más conocida como MIFID; esta Directiva comunitaria también de 2004 relativa a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos en dicha Directiva; y una tercera Directiva comunitaria, esta vez de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito.

Desde la creación de la CNMV y ante la falta de concreción en muchos aspectos de su ámbito de actuación y por el afán interventor y fiscalizador de la propia CNMV, a no dudar por la misma responsabilidad que sobre el sistema recae en el órgano regulador, muchas de sus actuaciones han causado perplejidad en la opinión pública, cuando han sido públicas y graves perjuicios económicos y profesionales a entidades que, si bien pudieron fallar en la observancia de normas administrativas poco precisas, fueron absolutamente leales con sus clientes y la severa sombra de sospecha arrojada sobre ellas desde la CNMV, en forma expediente sancionador por fraude, llevaron a la cárcel a empresarios que luego fueron, no absueltos por la justicia del delito de estafa, sino archivado su expediente por ausencia de delito. El mal ya estaba hecho y en la mayor parte de las ocasiones, la Administración se inhibe de los perjuicios causados por un exceso de celo en su actividad reguladora.

Si bien es cierto que en tantas otras intervenciones su actuación fue ajustada a lo que se espera del supervisor, no es menos cierto que eso es lo que cabe esperar de su actuación y no un exceso de celo amparado en la protección debida a los pequeños inversionistas.

Cuando por otra parte, ha habido increíbles escándalos en sociedades registradas en la CNMV que han supuesto la renuncia de su presidente, como fue el caso de Pilar Valiente, cuyas sospechas sobre el trato de favor que Gescartera, sociedad de valores y bolsa, recibiera desde sectores de la CNMV que fueron confirmadas con la aparición de unos dietarios de su presidenta, Pilar Giménez-Reyna, incautados en la sede de la agencia de valores, en los que revelaba el trato de favor que recibía la empresa por parte de algunos técnicos de la CNMV y del propio hermano de su presidenta, Enrique Giménez-Reyna, por aquel entonces Director General de Tributos.

Por no hablar del caso reciente de Manuel Conthe, que dimitió de su cargo de presidente de la CNMV, por todo el affaire de la OPA de E.On sobre Endesa, los dimes y diretes de todo el embrollo formado por unos y otros, desde el Gobierno a la oposición y al propio consejo de la entidad reguladora. Y mal estuvo Conthe en su comparecencia ante el Congreso de Diputados, largando como lo hizo contra todos, apostillando luego, en la toma de posesión de su sucesor, hablando a los medios de cucarachas y otras lindezas, arrojadas contra los que hasta hacía poco habían sido sus colaboradores.

Si esta inquina de Conthe es la que regía los designios de la actuación de la CNMV, no es de extrañar las cosas que pasan. De manera que, una nueva ley reguladora del mercado, será en principio, bien venida. Habrá que esperar a la ley definitiva que deberá convertir a esta España nuestra, en un país moderno en cuanto a la inversión en los mercados regulados. Que falta hace.

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