Cualquiera de nosotros conocerá personas que estén cometiendo fraude y la mayoría de las veces, por no decir casi todas, sin mecanismos pragmáticos para probar dichas afirmaciones. Que no tengamos “como” probarlo no significa que no exista. Haciendo un paréntesis y un símil que les será familiar, muchas escenas de estas se repiten en el fútbol y otros deportes con las aclamadas pero nunca probadas primas. Lo que sucede es que tanto el fútbol como sus primas carecen para mi persona de tal importancia, siendo completamente lo contrario en temas de vivienda. Personalmente me harta la sensación de impotencia que sufrimos muchos ciudadanos cuando vemos que otros basan su vida en la búsqueda del resquicio legal o no legal para usurpar y cometer fraude a las haciendas publicas.

Uno de los fraudes más importantes a mi juicio, es el relacionado con la vivienda de VPO. En Euskadi, y más concretamente en Vitoria-Gasteiz – ciudad donde se han levantado más viviendas de VPO de toda la comunidad – el fraude y las infracciones están a la orden del día. Conocedor de primera mano de muchos casos donde el egoísmo personal lleva a muchas personas a intentar conseguir un piso sea como sea, aunque no lo necesiten, por no cedérselo al vecino. Parece que estamos en mitad de una guerra, y todo el mundo lo necesite o no, se apunta a la lotería de los pisos.

Cierto es que la problemática de la vivienda es un lastre para los jóvenes y no tan jóvenes no sólo en Euskal Herria sino también en el Estado español y que lleva a miles de personas a verse hipotecados hasta su muerte por el mero hecho y derecho de poseer una vivienda digna. Conjeturas a parte, ahora no es momento de tratar el acceso a la vivienda digna, ya tendremos ocasión de hacerlo más adelante. Lo que de verdad me lleva a escribir estas palabras es la impotencia que corre por mis venas ante la cara dura de algunos y la pasividad de las instituciones.

Hoy en día, en la Comunidad Autónoma del País Vasco existe un parque de vivienda protegida que asciende a 50.000 pisos, lo que tendría que dar cobijo a unas 150.000 o 250.000 personas aproximadamente. La realidad, y hablo de la realidad, no de los papeles que se manejan en las instituciones, es que no llegan ni a los 2/3 y esto es debido a que muchas de ellas están vacías.

La vivienda vacía no es el único factor causal de la situación que tenemos generada hoy en día en torno a las viviendas de VPO, sino que las estafas y las corrupciones derivadas de la obtención de una vivienda protegida crecen alarmantemente hasta puntos que jamás imaginaríamos. Las viviendas muchas veces son alquiladas a terceros sin el conocimiento, y muchos menos consentimiento, del delegado territorial. Con esta acción estamos creando un verdadero mercado negro que no hace sino debilitar la estructura del Estado social y que tanto echaremos en falta el día que sea inviable, o acaso ¿queremos un Estado completamente privatizado al más puro estilo Yankee?.

Por si fueran pocos los casos de viviendas vacías o de alquileres ilegales, existen más casos tipificados donde el ingenio de los usufructuarios es propio de un ejercicio maquiavélico. Ciñéndonos a ejemplos prácticos: Una pareja de jóvenes quieren vivir juntos e independizarse, aunque ambos viven en los domicilios de sus respectivos padres. Ambos se apuntan en las listas de vivienda protegida (en el caso de Euskadi, ETXEBIDE) y tan sólo tienen que esperar acontecimientos, ya que tarde o temprano, por lo menos en Vitoria-Gasteiz, les tocará. La pregunta reside en ¿qué sucede cuando a uno de los dos se le otorga una vivienda protegida? La respuesta es muy sencilla. Esa pareja y en concreto el titular de la vivienda protegida, aceptan y se van a vivir juntos a esa casa, sin que la otra persona de la pareja cambie su padrón y mucho menos su domicilio fiscal y como no, sin salirse de las listas de vivienda protegida. “hecha la ley, hecha la trampa” suele decirse en estos casos. Al tiempo a la otra persona le tocará otra vivienda de protección oficial y la respuesta será: “Acepto”. Como ven, en unos años, una pareja ha pasado de necesitar una vivienda digna a tener dos y no saber que hacer con una de ellas, privando a otras personas de ese derecho tan repetido hasta la saciedad por ellos mismos, de poseer una vivienda digna. ¡Una si!, pero ¿Dos?.

Existen muchas parejas que poseen dos viviendas y creo que este es el mayor fraude y el mayor problema para el sostenimiento de un Estado social y comprometido con sus ciudadanos. Nos quejamos de que el Estado no hace nada y que la vivienda está muy cara, pero en realidad nosotros mismos estamos dinamitando su estructura con nuestras acciones egoístas y fuera de la legalidad.

La realidad es que muchas personas se colocan etiquetas de solidarios y de izquierdistas o de personas con una cierta empatía social y en realidad se descubre a la primera de cambio que son verdaderos depredadores y grandiosos ejemplos de lo que es el capitalismo más agresivo y egoísta.