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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Educación para la ciudadanía

Mª Lourdes Redondo
Redacción
martes, 19 de junio de 2007, 22:27 h (CET)
Soy una profesora de Filosofía y Etica en educación Secundaria. Me interesa mucho la educación de los niños y adolescentes y veo con preocupación y temor la inminente manipulación de que quiere el Estado hacerles objeto con la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía, marginando totalmente los derechos de sus padres. Parece como si los problemas de convivencia fueran debidos a que no ha habido tal asignatura en los centros, cuando todos recordamos que hace veinte o treinta años podíamos dar la clase a gusto con cuarenta alumnos.

Quizá es que sus familias eran de estas “tradicionales”, ya superadas por otros “modelos”, más dóciles al Estado que las ha dado el ser. Quiere, en efecto, el Estado sustituir a la familia en su papel de educadora, y quiere, además, sustituir a los profesores de Filosofía por “especialistas en Educación a la Ciudadanía”-formados por los afines al Estado, los de la cátedra de laicidad de la Universidad Carlos III de Madrid-; ha, de hecho, sustituido esta noble y secular disciplina por “Ciudadanía” como si a ser “ciudadano” y dócil cumplidor de unas leyes infalibles dictadas por el Estado, se redujera la persona y prácticamente toda la realidad. Confunde legalidad con moralidad, error merecedor de suspenso en Etica de 4º de ESO, error que no cometieron Antígona, Sócrates, Tomás Moro y los primeros cristianos y tantos mártires que se negaron a obedecer leyes inicuas.
Pues bien, en mi caso, como profesora, no tiene sentido objetar, pero sí quiero manifestar mi repulsa a tal imposición totalitaria. Daré la asignatura con actitud filosófica: críticamente. Animo a los padres a ser valientes y objetar. Tienen el derecho natural y positivo a su favor. Puesto que la asignatura vulnera derechos humanos y constitucionales (artículos 27 y 16 de la Constitución), el derecho a tal objeción está amparado por sentencias del Tribunal Constitucional, una de las cuales dice explícitamente que “puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación” (STC 53/1985, 11 de abril).

No actúamos ninguno de los que nos manifestamos en contra de esta incívica asignatura, movidos por interés político o rebeldía, que seguramente no nos caracteriza a los tomamos esta costosa decisión. No somos antidemócratas y procuramos cumplir nuestros deberes ciudadanos y enseñar así a niños y jóvenes. No negamos tampoco que en nuestra tarea educadora el Estado pueda y deba ayudarnos, e incluso que pueda obligar a conocer y valorar la estructura jurídica-política de la sociedad en que viven, pero mantenemos que, sea cual sea la tendencia ideológica o política de los individuos que formen este Estado, nunca deben suplirnos en la tarea de formar la personalidad de nuestros hijos infundiéndoles desde Primaria una idea de hombre y unos principios ético-morales que quizá no vayan de acuerdo con los de los padres.

No tendríamos nada que objetar si la asignatura fuera optativa, pero se impone como obligatoria e incluso se amenaza con represalias la objeción. Vulneran, así, gravemente esa libertad de conciencia que tanto defienden para quitar la asignatura de Religión, que sí que es optativa desde la ley del 70.

Sólo pedimos que nos dejen a los padres decidir la educación moral de nuestros hijos. En ningún lugar como en la familia aprenden los niños y adolescentes a portarse bien. Ayude el Estado a la familia. Llame la atención cuando nos saltemos los principios democráticos, pero admita, ya que tanto habla de “respeto a las diferencias”, que disentamos.

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