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La deriva totalitaria de Felipe González

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El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, judicial y mass media del Estado español que serían los herederos naturales del legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), iniciando asimismo una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación del distópico “Estado Tardofranquista”.

El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”. Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas, síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del sistema hacia la progresiva implementación del nuevo Estado Tardofranquista que beberá de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas.

Felipe González, ¿peón de la CIA?
En su libro “La CIA en España”(Editorial Debate), el periodista de investigación Alfredo Grimaldos asegura que la llegada al poder del socialista Felipe González como presidente del Gobierno español en 1982, fue en realidad la alternativa “diseñada y controlada por la CIA para mantener la tutela sobre España”, estrategia diseñada en el Congreso de Suresnes tras el que asistimos al acta de defunción del camarada Isidoro y al nacimiento de un Felipe Gónzalez convertido ya en Secretario General de un PSOE tutelado por la CIA.

La deriva totalitaria del estado Español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981) y alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González ( 1.982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL). Ya en 1.989, el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa (CEDRI), elaboró un duro manifiesto en el que denunciaba la deriva totalitaria y el “terrorismo de Estado” implementado por el Gobierno de Felipe González con las siguientes palabras: “el GAL con su cadena de crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas instancias del Estado, descubren los cimientos enfermos de la democracia española y la verdadera credibilidad de sus instituciones y gobernantes”.

La trama del GAL se destapó gracias a las pesquisas de periodistas del Deia, Diario16 y del Mundo. Así, este periódico, fundado por Pedro J. Ramírez, publicó una noticia en la que afirmaba que el comisario Amedo ( implicado en dicha trama y posteriormente condenado junto con el entonces Ministro del Interior , José Barrionuevo, Rafael Vera, Miguel Planchuelo, Michel Domínguez, Julián San Cristóbal y el dirigente socialista vasco García Damborenea), habría entregado varios documentos relacionados con los atentados contra dos bares del País Vasco-Francés (Iparralde), atribuidos al GAL y que implicarían directamente a responsables políticos y policiales. Posteriormente, en el juicio contra Planchuelo, Amedo afirmó que “los GAL fueron decisión de Felipe Gónzalez”, aunque nunca se pudo probar que el misterioso “Señor X” que desde la sombra movió los hilos del GAL y que al descubrirse la trama los abandonó a su suerte (aunque tan sólo habrían cumplido el 5% del total de su condena), fuera el entonces Presidente del Gobierno Felipe González.

Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1.985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.

La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima).

y en el paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la ultimísima firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá , no siendo descartable que tras la decable electoral de un PSOE sumido en un catártico proceso de crisis identitaria tras perder en el camino incontables jirones del primigenio ideario socialista de su fundador Pablo Iglesias, consume la perpetuación del Tardofranquismo en el Estado español mediante un Gobierno de coalición con el PP siguiendo los dictados de un Felipe González que obedeciendo órdenes directas de la CIA, se habría convertido en el adalid del boicot internacional contra el Gobierno de Maduro así como de la implementación en el Estado español de un Gobierno de Coalición PP-PSOE para evitar la hipotética llegada al poder de Podemos , partido considerado por EEUU como de “filiación chavista”.

Mientras, los actuales dirigentes del PSOE (Pedro Sánchez y Susana Díaz), presos del atavismo de la servidumbre a los poderes fácticos del momento y de su adicción a la poltrona, continuarán ignorando la gravedad de la aplicación de dichas medidas regresivas en la creencia de que no serán los siguientes, pero para que no puedan alegar como atenuante ante el juicio de la Historia el desconocimiento por miopía intelectual, me permito parafrasear el poema “Cuando los nazis vinieron” del pastor protestante alemán Martin Niemöller (1.892-1.984): “Primero vinieron a buscar a los filoterroristas y yo no hablé porque no era filoterrorista. Después, vinieron por los separatistas y yo no hablé porque no era separatista. Después, vinieron por los troskistas y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Finalmente, vinieron por mí y los demás socialdemócratas y ya para ese momento no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”.

La deriva totalitaria de Felipe González

Germán Gorráiz López
viernes, 27 de marzo de 2015, 10:48 h (CET)
El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, judicial y mass media del Estado español que serían los herederos naturales del legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), iniciando asimismo una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación del distópico “Estado Tardofranquista”.

El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”. Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas, síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del sistema hacia la progresiva implementación del nuevo Estado Tardofranquista que beberá de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas.

Felipe González, ¿peón de la CIA?
En su libro “La CIA en España”(Editorial Debate), el periodista de investigación Alfredo Grimaldos asegura que la llegada al poder del socialista Felipe González como presidente del Gobierno español en 1982, fue en realidad la alternativa “diseñada y controlada por la CIA para mantener la tutela sobre España”, estrategia diseñada en el Congreso de Suresnes tras el que asistimos al acta de defunción del camarada Isidoro y al nacimiento de un Felipe Gónzalez convertido ya en Secretario General de un PSOE tutelado por la CIA.

La deriva totalitaria del estado Español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981) y alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González ( 1.982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL). Ya en 1.989, el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa (CEDRI), elaboró un duro manifiesto en el que denunciaba la deriva totalitaria y el “terrorismo de Estado” implementado por el Gobierno de Felipe González con las siguientes palabras: “el GAL con su cadena de crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas instancias del Estado, descubren los cimientos enfermos de la democracia española y la verdadera credibilidad de sus instituciones y gobernantes”.

La trama del GAL se destapó gracias a las pesquisas de periodistas del Deia, Diario16 y del Mundo. Así, este periódico, fundado por Pedro J. Ramírez, publicó una noticia en la que afirmaba que el comisario Amedo ( implicado en dicha trama y posteriormente condenado junto con el entonces Ministro del Interior , José Barrionuevo, Rafael Vera, Miguel Planchuelo, Michel Domínguez, Julián San Cristóbal y el dirigente socialista vasco García Damborenea), habría entregado varios documentos relacionados con los atentados contra dos bares del País Vasco-Francés (Iparralde), atribuidos al GAL y que implicarían directamente a responsables políticos y policiales. Posteriormente, en el juicio contra Planchuelo, Amedo afirmó que “los GAL fueron decisión de Felipe Gónzalez”, aunque nunca se pudo probar que el misterioso “Señor X” que desde la sombra movió los hilos del GAL y que al descubrirse la trama los abandonó a su suerte (aunque tan sólo habrían cumplido el 5% del total de su condena), fuera el entonces Presidente del Gobierno Felipe González.

Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1.985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.

La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima).

y en el paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la ultimísima firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá , no siendo descartable que tras la decable electoral de un PSOE sumido en un catártico proceso de crisis identitaria tras perder en el camino incontables jirones del primigenio ideario socialista de su fundador Pablo Iglesias, consume la perpetuación del Tardofranquismo en el Estado español mediante un Gobierno de coalición con el PP siguiendo los dictados de un Felipe González que obedeciendo órdenes directas de la CIA, se habría convertido en el adalid del boicot internacional contra el Gobierno de Maduro así como de la implementación en el Estado español de un Gobierno de Coalición PP-PSOE para evitar la hipotética llegada al poder de Podemos , partido considerado por EEUU como de “filiación chavista”.

Mientras, los actuales dirigentes del PSOE (Pedro Sánchez y Susana Díaz), presos del atavismo de la servidumbre a los poderes fácticos del momento y de su adicción a la poltrona, continuarán ignorando la gravedad de la aplicación de dichas medidas regresivas en la creencia de que no serán los siguientes, pero para que no puedan alegar como atenuante ante el juicio de la Historia el desconocimiento por miopía intelectual, me permito parafrasear el poema “Cuando los nazis vinieron” del pastor protestante alemán Martin Niemöller (1.892-1.984): “Primero vinieron a buscar a los filoterroristas y yo no hablé porque no era filoterrorista. Después, vinieron por los separatistas y yo no hablé porque no era separatista. Después, vinieron por los troskistas y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Finalmente, vinieron por mí y los demás socialdemócratas y ya para ese momento no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”.

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