Al parecer, tanto el CF Barcelona como el CF Bilbao, han llegado a un acuerdo para pedir que el encuentro de la final de la Copa del Rey tenga lugar en el estadio madrileño del Real Madrid. Es posible que, a algunos incautos o poco versados en lo que está sucediendo en Catalunya y en el País Vasco, les pudiera extrañar que, ambos equipos, tan contrarios al centralismo de la capital de España y su fobia a lo que podríamos considerar como el equipo insignia de la españolidad, como es el Madrid; se pusieran de acuerdo para pedir que la confrontación deportiva tuviera lugar, precisamente, en Madrid y en el estadio de su acérrimo rival, si es que no queremos calificarlo de “enemigo”. Los infelices pudieran pensar que es por el mayor aforo que pudiera tener el Santiago Bernabeu, motivo por el que, al parecer, han justificado que no se eligiera el campo del Valencia, no obstante no se necesitan muchas luces para ver lo que se esconde detrás del acuerdo entre dos equipos de fuertes raíces nacionalistas y de probada implicación política, tanto en el independentismo catalán como en el vasco.

La intención no puede ser más evidente. Por una parte el que, cualquiera de ambas formaciones que resultara vencedora, lo aprovecharía para fregárselo por la cara al club madrileño, lo que, en todo caso, sería una conducta impropia de buenos deportistas pero sin otra trascendencia; por la otra, y aquí radica la malicia del contubernio que han acordado el Artco. Bilbao y el Barcelona,, daría ocasión a ambas aficiones a exhibir sus correspondiente enseñas separatistas, a poder lanzar improperios contra las personalidades asistentes al acto, especialmente a la figura del Rey y la bandera nacional, con lo que lograrían convertir una simple competición deportiva en un acto de agravio a nuestras instituciones patrias y un trágala para todos los españoles que seguimos pensando que, España, merece ser respetada, defendida y librada de toda esta basura que, de un tiempo a esta parte, está decidida a fraccionarla, utilizando para ello todos los medios, legales o ilegales de los que disponen.

Lo peor es que, estas actitudes no son nuevas, no es la primera vez ni la segunda o tercera que se reproducen con motivo de eventos deportivos, presididos por las autoridades del reino. El anterior rey, don Juan Carlos, tuvo que aguantar otras pitadas y soportar que, el himno nacional, fuera deshonrado por un estadio tomado por el separatismo catalán o vasco. Y no es infrecuente que estos agravios a nuestros símbolos tengan lugar, sin que las autoridades parezcan enterarse y, si lo hacen, los culpables que son llevados a la Justicia salen del trance con penas irrisorias, fruto de la especial lenidad con la que algunos jueces, excesivamente politizados o progresistas, han decidido juzgar estos hechos contra la honra de la Patria y de los españoles.

Puede que llame la atención, a los que no conocen las circunstancias que rodean a su periódico La Vanguardia, que su director, el señor Marius Carol, hay salido a la palestra intentando anticiparse a los acontecimientos (lo que demuestra que está convencido de que se van a producir), buscando justificar y quitar hierro a cualquiera de las infracciones y actos de falta de deportividad que se pudieran producir en el transcurso de una hipotética final en el Bernabeu. Habla este señor de que, la Audiencia Nacional, decidió que las protestas a los símbolos en un estadio no son ilegales. Puede que, desde el punto de vista penal, la mera protesta, si no va acompañada de amenazas, insultos, destrucción de mobiliario o acciones que pudieran causar daño a los espectadores, tales como tirar papeles encendidos u otros objetos contundentes no lo sean, pero desde el punto de vista del orden público, como es tan difícil pedirles compostura, educación y contención a estos iracundos agitadores de masas, es casi imposible que se pueda producir un tipo de protesta sin algaradas, que no lleve aneja la comisión de actos paralelos que sí constituyen infracciones a la ley.

En todo caso, no nos sorprende que un servidor del Grupo Godó, como lo fue el defenestrado señor Antic con anterioridad, siga las órdenes de su “amo” que, a su vez, es un acólito fiel de CIU por la cuenta que le trae que, en este caso, se materializa en ayudas económicas que, desde el 2008 al 2014, ascienden a 14.887.942 euros, lo que le garantiza a la Generalitat un firme apoyo editorial a sus propuestas secesionistas. Hay que decir que, una parte de lo que recibe el grupo Godó, va destinada a su periódico en catalán; algo que al parecer es una condición sine qua non para beneficiarse de dichas ayudas. Y es que, señores, el grupo Godó siempre ha procurado situarse en la dirección del viento que más fuerte sopla y, en este sentido, guardo en mi biblioteca unos fascículos que editó La Vanguardia (1881/1981) en los que se recoge el siguiente titular: (Pág. 5, fascículo 10) “Barcelona para la España invicta de Franco. En este momento histórico La Vanguardia dice ¡Presente!” (27 Enero 1.939).

En todo caso, dejando que los colores invadan las mejillas del actual director de La Vanguardia, somos partidarios de que, como ya parece que es opinión de muchos medios y significativas personalidades del mismo Gobierno y de muchos españoles de a pie, no se permita que, una vez más, aquellos que se han atrevido a desafiar el Estado de Derecho, que siguen empeñados en su deriva separatista y que, para sombro y escarnio de los españoles, siguen en sus puestos sin que haya nadie que les haya enseñado cual es su sitio; persistan en sus intrigas y todavía no se haya puesto en marcha el mecanismo constitucional para deponerlos de sus cargos y hacerse cargo de aquellas autonomías que no respetan las leyes ni los tribunales españoles, desobedeciendo sus sentencias y despreciando sus requerimientos para que cumplan, como el resto de españoles, la normativa vigente.

La solución propuesta de que, en el caso de que se produzcan alteraciones significativas encaminadas a impedir el himno de España o que se pronuncien insultos o faltas de respeto al Rey que, hasta que pudiera venir una República democrática e integrada por derechas e izquierdas, hay que respetarlo por representar la máxima figura de nuestro Estado reconocida como tal por nuestra Carta Magna o alteraciones importantes del orden público, se proceda por parte de la Autoridad Gubernativa a suspender el encuentro y posponerlo a otra fecha, para que se celebrara, si fuere necesario, en un campo de otra ciudad y a puerta cerrada.

No valen las excusas de que se podrían producir tumultos; porque, para este caso, para que nadie pueda decir que el mantener la ley y el Estado de derecho pudiera estar condicionado por el número de infractores a los que se tuviese que reprimir, existe la policía y, si no bastara, el Ejército. Ya está siendo hora de que no se vaya con paños calientes mientras, cada día, vemos como los políticos separatistas se vuelven más atrevidos, se apartan más del cumplimiento de las leyes y se dedican a crear estados paralelos, en tanto que desde el gobierno de Madrid se les van subvencionando los gastos destinados a fomentar el separatismo de España y sus pobladores.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, reclamamos de nuestro Gobierno que se acabe con una situación que, de permitirse que siga, va a llevarnos a situaciones mucho peores y difíciles de solucionar.