En enero del año 2011, miles de personas se congregaron en la plaza Tahrir de El Cairo, desafiando por primera vez a la dictadura del presidente egipcio Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder. Tanto en las calles, como a través de Internet, se comenzaba a gestar una salida a las décadas de represión y censura de todo intento de oposición al régimen. Seis meses antes, en Alejandría, el joven Khaled Saeed, de 28 años de edad, fue retirado de un cibercafé y golpeado hasta la muerte por la policía. Las fotos de su cadáver, publicadas por su familia, se volvieron un fenómeno viral en Internet, fomentando el descontento. Wael Ghonim, ingeniero informático y activista de Internet, creó una página de Facebook, “Todos somos Khaled Said”, que sirvió como plataforma de organización para cientos de miles de personas.

A medida que se incrementaba la multitud en la plaza Tahrir, el poder de Internet como fuerza para el cambio social quedaba demostrado minuto a minuto. En respuesta, Mubarak bloqueó el acceso a Internet y el funcionamiento del mayor servicio de telefonía celular. La descomunal indignación que eso generó lo obligó a reinstaurar ambos servicios.

Esto nos lleva al concepto de neutralidad de Internet: la idea básica de que cualquier persona puede conectarse con otra persona a través de la web, de que los usuarios pueden acceder de igual manera a un sitio web pequeño puesto en marcha desde un garaje, como a los principales portales de Internet como Google o Yahoo. La neutralidad de la red es lo que garantiza la no discriminación en el servicio de Internet.

Durante las últimas dos décadas, mientras Internet florecía y transformaba nuestra sociedad, varias grandes empresas desarrollaron posiciones dominantes e intentaron asumir el rol de “vigías” de Internet, amenazando la neutralidad de la red. Entre ellas, los principales proveedores de servicios de Internet de Estados Unidos: AT&T, Verizon, Time Warner y Comcast. Estas cuatro empresas de telefonía y cable ganan miles de millones de dólares al tiempo que cobran enormes costos y ofrecen, con suerte, un servicio mediocre.

En 2004, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés), presidida en ese entonces por Michael Powell, hijo del secretario de Estado, el general Colin Powell, estableció los principios para la llamada “Internet abierta”. En la práctica, esos principios favorecían a las mismas corporaciones que se estaban beneficiando de una normativa considerada “light”. Powell dejó el cargo para dirigir la Asociación Nacional de Cable y Telecomunicaciones (NCTA, por su sigla en inglés), uno de los principales grupos de presión de la industria del cable, lo que demuestra claramente la corrupción presente entre los reguladores federales y las industrias que presuntamente supervisan.

Casi diez años más tarde, el presidente Barack Obama nombró a Tom Wheeler, ex director de la Asociación Nacional de Cable y Telecomunicaciones, como presidente de la FCC. Wheeler fue uno de los principales donantes de las campañas presidenciales de Obama. Después de que un tribunal federal anulara las normas propuestas durante el mandato de Powell, Wheeler anunció que la FCC establecería otras nuevas. A los defensores de una Internet libre y abierta les preocupó que este ex defensor de las corporaciones pusiera fin a Internet tal como la conocemos y les entregara el poder a las principales empresas de telecomunicaciones y de cable.

El anuncio de Wheeler provocó un masivo movimiento de protesta. Liderados por organizaciones como Free Press y Public Knowledge, un numeroso grupo de personas acampó frente a la FCC durante varios días. Más de cuatro millones de personas enviaron comentarios sobre las normas, convirtiendo a esta solicitud federal de comentario público en la de mayor respuesta por parte de la población de la historia.

Esta semana, en un artículo publicado en el sitio web de la revista Wired, Wheeler hizo una sorprendente revelación. “Originalmente, yo creía que la FCC podía asegurar la apertura de Internet a través de una determinación de 'razonabilidad comercial'”, escribió. Esto es lo que tenía preocupados a los defensores de la neutralidad de la red. A los principales proveedores de Internet se les permitiría discriminar, favoreciendo algunos sitios web por encima de otros, siempre y cuando estuvieran dentro de ciertos cánones de “razonabilidad”. Wheeler continuó en su artículo de Wired: “Yo propongo que la FCC utilice la autoridad que le confiere el Título II de la Ley de Comunicaciones para implementar y hacer cumplir las protecciones para una Internet abierta”.

A lo que se refiere Wheeler con “autoridad conferida por el Título II” es que ha hecho un cambio radical de postura y propondrá normas para que Internet sea regulado como un servicio público básico, como otros pilares centrales de nuestra sociedad tales como el servicio eléctrico, el servicio de agua potable y el sistema telefónico. Imaginen si el agua que sale de sus grifos fuera menos limpia que el agua de la casa de un vecino porque el vecino paga por agua de mejor calidad. Los servicios públicos están regulados. La gente obtiene el mismo servicio, sin discriminación.

Los grandes proveedores de Internet no podrán ejercer discriminación sobre ningún usuario de Internet, ya sea alguien que publique o alguien que busque información en la red. Todos deben ser tratados por igual, sin importar el origen étnico, color, creencias y, quizá lo más importante, lo ricos que sean. Las principales empresas proveedoras de Internet han ejercido enorme presión para crear una Internet de varios niveles y sacar más provecho de este tesoro público. Tom Wheeler y los otros comisionados de la FCC han escuchado, no solo al presidente Obama, sino también a la población del país, a los millones de personas que han exigido el derecho fundamental a comunicarse sin discriminación.