Durante el estío del 2013 llegaban a una cuenta abierta en el Banco Santander los 425.150 euros que Juan Carlos Monedero cobró por supuestos trabajos de consultoría realizados, entre los años 2010 y 2011, para los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Para la justificación de los servicios y la consecuente tributación, el dirigente de Podemos constituye el 23 de octubre de 2013 una mercantil bajo la denominación social de “Caja de Resistencia Motiva 2”. Es decir, tres años después de la realización efectiva de los presuntos estudios económicos.

Los que nos dedicamos a lo de la asesoría fiscal y financiera sabemos que esto es lo que se denomina como “entidad instrumental”. Es decir, aprovechar un resquicio legal para simular la acción liquidatoria del contribuyente con el claro objetivo de obtener una reducción forzada de la tributación. Dicho de otra forma, crear una apariencia o ficción que tenga como consecuencia una carga impositiva inferior a la que correspondería si la declaración se hubiera efectuado bajo los parámetros ineludibles de la realidad. En esta línea son famosas las sociedades instrumentales que crean artistas o deportistas en España o en paraísos fiscales con la única finalidad de reducir el tipo impositivo personal efectivo. Así, Monedero declara bajo el paraguas de una sociedad mercantil, y en el año 2013 (sujeta al Impuesto de Sociedades), lo que realmente debió de declarar en el ejercicio 2010 y 2011 como servicios profesionales personales (sujetos a IRPF), lo que le llevó a tributar unos 105.000 euros menos de lo que realmente le hubiera correspondido.

Una vez descubierta la ingeniería fiscal y en vez de presentar su dimisión, por aquello de la vergüenza torera, el ínclito Monedero comenzó a dar una serie de balbuceantes explicaciones a la altura de las míticas frases de Cospedal, por las que la secretaria general del PP será recordada in saecula saeculorum: “Vamos a ver, eh, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social”. Pues eso.

A Juan Carlos Monedero no le queda más que un camino: el mismo que siguió el veterano dirigente de I.U., Willy Meyer, que dimitió tras conocerse que entre 2004 y 2009 participó en un fondo voluntario de pensiones de la Eurocámara gestionado por una Sicav. No porque hubiera cometido una ilegalidad, sino porque era un acto de elevada inmoralidad que no casaba, en absoluto, con las ideas que su formación defendía. Simple cuestión de congruencia.

En el caso Monedero la tributación en diferido se envuelve de un elevado componente de indecencia y deshonestidad que debe de significar su finiquito político inmediato. Lo demás será una larga y tortuosa agonía.