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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Qué pasa con nuestras universidades? Corporativismo y politiqueo

Miguel Massanet
miércoles, 4 de febrero de 2015, 08:10 h (CET)
No sabemos si el señor Wert es un buen o un mal ministro de Educación, tampoco podemos decir si lo que está intentando tendrá los efectos esperados o si va a fracasar en el intento; pero lo que sí podemos decir de él es que es el único de los ministros que, desde que se instaló en España la democracia, ha intentado con valentía, poner al día la enseñanza en España. Ha contado, no obstante, con la oposición de todo un profesorado, tanto de enseñanza media como universitario, que ha boicoteado sistemáticamente todas sus iniciativas, sin tener en cuenta que los resultados deficientes y manifiestamente mejorables obtenidos por los estudiantes con el anterior sistema educativo, vigente durante los anteriores gobiernos (tanto socialistas como de derechas), los alumnos han cosechado verdaderos descalabros recogidos por el informe PISA, (el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), en el que han quedado de manifiesto las carencias y el desfases de nuestro sistema educativo. Según el mentado informe los alumnos españoles ocupan el puesto 29 de 44 en la “resolución de problemas” y el puesto 23 entre los 28 que pertenecen a la OCDE.

En España adolecemos, entre nuestros funcionarios públicos, de un excesivo corporativismo, en muchos casos basado en el convencimiento de que ellos son los que deberían dictar las reglas por las que se rija su función, dentro de las Administraciones Públicas. Durante los últimos años hemos tenido ocasión de comprobar como, tanto entre los fiscales, como entre el colectivo de jueces o de los mismos funcionarios de Hacienda, ha existido una tendencia a dejarse guiar por factores ajenos al estricto cumplimiento de sus respectivos reglamentos de actuación, dejando que factores ajenos influyeran, con demasiada frecuencia, en la toma de sus decisiones profesionales. No es ajeno a este comportamiento, que podríamos calificar de anómalo, el hecho innegable de la excesiva politización que se ha venido infiltrando dentro de los distintos cuerpos del funcionariado.

Y si, en la Justicia, hemos tenido ejemplos notorios de esta intromisión de las ideas políticas en el ámbito judicial; dentro de la escala de funcionarios del Estado dedicados a la enseñanza, es evidente que, la creencia de que las aulas, tanto en enseñanza Media como en la Universitaria, es cosa exclusivamente suya; de modo que, todo que no salga de los órganos de gobierno universitario o del profesorado, parece que, por principio, debe ser puesto en cuarentena, aunque, como sucede actualmente en España, las reformas del sistema y su aproximación a los sistemas utilizados en las naciones que están mejor situadas respecto al mejor aprovechamiento de sus alumnos, se hayan hecho imprescindibles para conseguir adelantar el puesto que ocupamos en el actual ranking que se nos ha asignado en el PISA. Por desgracia, los rectores de las 50 universidades de que disponemos en España, no parecen estar enterados de los fracasos de muchos de los estudiantes que salen de ellas y no consiguen encontrar trabajo por su falta de preparación respecto a los de las universidades del resto del mundo.

Claro que, aunque no en todas, son muchas que, en lugar de centros para impartir la enseñanza superior sobre las distintas materias objeto del programa de estudios; parece que prima, entre el profesorado, el interés en adoctrinar a sus alumnos que, en muchas ocasiones, no tiene otro objetivo que el conseguir adeptos para sus respectivos partidos; de modo, que como ocurre en la UCM, cuyo rector es el señor Carrillo jr., el profesorado que se ha formado en ella se ha convertido en el más crítico contra nuestra democracia actual; lo que ha supuesto que, en sus aulas, se hayan formado estudiantes que sobresalen más en sus experiencias como activistas, agitadores, huelguistas, antisistema, revolucionarios y comunistas; que por lo poco que hayan conseguido aprender de la materia en la que han estado matriculados.

Este corporativismo, tan enraizado en el rectorado, ha sido el que ha hecho que por una gran mayoría, con unas pocas abstenciones y con un solo voto en contra; los docentes universitarios hayan utilizado la potestad que les otorgó el señor ministro de Educación, para lograr evitar el utilizar un nuevo sistema que permitiría que determinadas carreras se cursaran en menos años, tres, para conseguir la licenciatura y luego se pudieran ampliar mediante dos masteres que les permitiría una mejor especialización. Inmediatamente han surgido los agoreros y los eternos críticos utilizando lo que, para los comunistas, parece ser el recurso para criticar cualquier adelanto que se quiera establecer en el sistema educativo: “esto no nos gusta porque discrimina a los más pobres respecto a los ricos”. Se trata del mismo argumento por el que se quejan de que, para obtener una beca pública, se haya de tener una nota mínima que acredite que aquella persona está dispuesta y tiene la preparación precisa para poder utilizar el dinero del Estado de una forma productiva.

Aquí no se trata de que, para estar en democracia, se deba dar el dinero de los impuestos de los españoles a un estudiante que, por sus malas notas, es evidente que no va a utilizar con buen provecho su beca. Un mal estudiante puede ser tanto de las clases altas de la sociedad como de las bajas y no, porque pertenezca a clases humildes, se le ha de conceder una beca si suspende o su rendimiento promedio es de 5 o 5’5; unas calificaciones que puede que aconsejen que se desvíe el alumno hacia la FP o bien deje sus estudios. Soy partidario de que, en determinadas carreras en las que existe superabundancia de oferta, se utilice el sistema de “números clausus”, para evitar que los nuevos licenciados se encuentren, como sucede ahora, con la imposibilidad de encontrar trabajo propio de los estudios realizados. Exigir una nota alta garantiza que, aquella persona, está en condiciones de aprovechar con éxito el dinero que reciba.

Creo que el Gobierno ha pecado de inocente cuando les ha ofrecido a los rectores la posibilidad de aceptar o rechazar la nueva propuesta o la de diferir su puesta en práctica por un tiempo indefinido. Es evidente que, el colectivo universitario, no está por la labor de adaptarse a las prácticas europeas sobre enseñanza. El hecho de aplazar hasta el curso 2017-2018, o sea tres años, no es más que un truco para no decir que no a un sistema que, en Europa, ha dado los frutos apetecidos, de modo que ha puesto a los estudiantes que se licencian de acuerdo con el nuevo sistema, en condiciones de competir en un mundo globalizado, cosa que, en el caso de los estudiantes españoles no ocurre. De hecho, algunos de los licenciados españoles que se han trasladado a otros países, para ocupar en ellos puestos propios de los estudios realizados, se han encontrado que no cumplían con los objetivos que debían alcanzar, por no estar a la altura de sus compañeros, procedentes de otras universidades europeas o americanas.

Lo penoso es que, en lugar de ponerse en contacto con los experto del ministerio de Cultura, pedir comentar la propuesta con el ministro del ramo o formular sus objeciones y propuestas para mejorar el proyecto; los rectores han actuado con la soberbia propia de aquellos que se creen estar en posesión de la verdad o, lo mismo se podría entender, con el miedo de no estar a la altura que el cambio hubiera exigido de ellos. Poco favor le hacen estos señores a España, a sus estudiantes y al prestigio de nuestras universidades en el exterior. Una muestra más del endiosamiento, la politización, el corporativismo mal entendido y la política rastrera de unos señores cuya misión debería ser sacar el máximo provecho de nuestros mejores cerebros.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos indignados como se pierde una ocasión de ponerse a la altura de los mejores en enseñanzas. Una pena, una verdadera pena.
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