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Etiquetas:   Artículo opinión   -   Sección:   Opinión

El polonio se inmiscuye hasta en la política

Vladímir Símonov
Redacción
domingo, 27 de mayo de 2007, 22:18 h (CET)
Ahora el caso de Alexander Litvinenko fallecido por una dosis del isótopo radiactivo “polonio 201” está en un callejón sin salida. La Fiscalía de la Corona británica (CPS) calificó al empresario ruso, Andrei Lugovói, de presunto responsable de la muerte de Litvinenko, pero no está en condiciones de presentar hasta el momento pruebas convincentes. Según las leyes británicas, la acusación habrá de ser presentada en el territorio del Reino Unido. Como resultado, en primer lugar la CPS deberá lograr la extradición de Lugovói por Rusia.

Por otro lado, la Constitución de Rusia y el Código Penal ruso prohíben extraditar a ciudadanos rusos para ser enjuiciados en un Estado extranjero. Esta norma no acusa rasgos nacionales específicos, ya que está prevista por la legislación de muchos países. Al mismo tiempo, Rusia reconoce que el aspecto jurídico del problema es algo más complicado. La Constitución rusa contiene una alegación a la prioridad de los convenios internacionales sobre las leyes de Rusia incluida la Carta Magna.

“Rusia es signataria de varias Convenciones internacionales de extradición, comprendido el Convenio del Consejo de Europa, el que seguramente citarán nuestros socios británicos”, dice Konstantín Kosachov, jefe del Comité de la Duma para asuntos internacionales, agregando que esos instrumentos no son de carácter obligatorio. “En todo caso Rusia no asume obligaciones algunas al respecto, recalca Kosachov, y la solución será tomada exclusivamente por la parte rusa”.

En opinión del parlamentario ruso es necesario comprender, ante todo, la esencia de las pretensiones, pues “ahora tenemos solamente la declaración política del director de procesamientos públicos de la Fiscalía británica, Ken MacDonald, quien califica de suficientes las pruebas presentadas por la Policía Metropolitana”. Pero hablando en general, lo paradójico del momento es que ya tenemos varias declaraciones políticas de la parte británica. Tras haber sido concluida la rueda de prensa del director de la CPS, expresó su opinión la ministra de Asuntos Exteriores de la Gran Bretaña, Margaret Beckett, al decir que espera la “plena cooperación” de Rusia. Más tarde a ella se asoció el primer ministro, Tony Blair, quien, por boca de su secretario de prensa, declaró que la Gran Bretaña “de ninguna manera escatimará esfuerzos” para que “la justicia prevalezca”.

Los últimos años, en más de una ocasión, en las relaciones entre Londres y Moscú surgían disidencias relacionadas con los intentos de la fiscalía rusa de lograr extradición de los ciudadanos rusos refugiados en las Islas Británicas para escapar a la justicia. El multimillonario Borís Berezovski es acusado de fraude y llamamientos públicos a derrocar el poder en Rusia, y el extremista checheno, Ahmed Zakáev, de organizar grupos de bandidos, cometer asesinatos y mantener en esclavitud a mucha gente. Casi 20 fugitivos cuya pesquisa fue anunciada por Rusia vía Interpol, adquieren libremente bienes inmuebles en el territorio de la Gran Bretaña, se dedican a la actividad empresarial que les proporciona pingues beneficios, y sus hijos estudian en prestigiosas universidades.

Y en cada caso concreto Londres denegó la solicitud de Rusia de extraditarlos; por ejemplo, en el caso Zakáev sucedió siete veces. Berezovski no sólo vive al amparo de la Justicia británica, sino que recibió de ésta el pasaporte a nombre ficticio.

A Rusia se le decía que el sistema jurídico de la Gran Bretaña -esa muy antigua democracia europea- es plenamente independiente y desligado de otros ramos del poder. Ni el premier, ni el Todopoderoso pueden sugerir a la CPS ni al juzgado londinense la manera de tratar tal o cual expediente.

Al mismo tiempo, la propia Bretaña demuestra la presión política ejercida tanto por el premier como por la ministra de Asuntos Exteriores en la situación creada en torno a la hipotética entrega de Lugovói, pese a que Moscú no sólo declaró reiteradamente su interés de llevar a cabo una investigación más minuciosa y no preconcebida de la muerte de Litvinenko, no sólo cooperaba de buena gana con los detectives británicos, sino que instruyó el procedimiento penal propio. A Lugovói no le fueron presentadas aún las acusaciones oficiales; los resultados de la autopsia se mantienen en secreto, y los elementos incriminatorios contra este se desconocen. Pero la prensa, por ejemplo, el “Times” londinense en su artículo de fondo ya estigmatiza a Rusia como “Estado de bandidos” sin mantenerse aparte de la rusofobia.

Es obvio el trasfondo político de las acusaciones presentadas por el CPS a Andrei Lugovói en los días de paso del poder en la Gran Bretaña de Tony Blair a Gordon Brown, sucesor de éste en el cargo de líder del Partido Laborista. Según todas las evidencias, el actual primer ministro quisiera poner a su heredero político en una situación difícil, cuando éste al elaborar su política con respecto a Rusia, tenga problemas con superar las confrontaciones que últimamente caracterizan las relaciones anglo-rusas.

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Vladímir Símonov, para RIA Novosti.


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