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Etiquetas:   Perspectiva de Levante   -   Sección:   Opinión

A vueltas con el código penal

Domingo Delgado
Domingo Delgado
martes, 22 de mayo de 2007, 22:14 h (CET)
Se dice en el mundo del Derecho que una ley es buena, y por tanto eficaz., cuando su vigencia es más extensa en tiempo sin ser reformada, de donde se puede inferir, sensu contrario, que es mala por ineficaz, cuando no para de reformarse.

En España, nuestros legisladores tienen por costumbre retocar de forma casi permanente nuestro ordenamiento jurídico penal, tratando de solucionar problemas graves que muchas veces se les escapan de las manos, y así unas veces se inicia la vía despenalizadora, y otras veces la vía contraria de carácter incriminatorio. De manera que conductas que unas veces han sido delictivas, han dejado de serlo y viceversa, por decisión legislativa. Tal es el caso de la anunciada criminalización de conductas realizadas en el ejercicio de la conducción de vehículos a motor, que hace años fueron despenalizadas, y en la actualidad vienen a recorrer el camino contrario.

Resulta evidente que hay que hacer algo eficaz, ante los numerosos accidentes de tráfico, muchos de ellos evitables, con el reguero de vidas humanas que cuestan, pese a las múltiples campañas propagandísticas de las autoridades de tráfico. Ya no parecen ser suficientes los descuentos de puntos, ni las costosísimas multas de tráfico, con su particular eficacia, sino que ante la indolente y temeraria actitud de muchos conductores, parece justo elevar el listón de la gravedad de determinadas acciones que conlleven penas de privación de libertad con mayor amplitud y severidad que las que nuestro actual ordenamiento penal contempla para algunas conductas.

Es cierto que muchas conductas de agresividad al volante, o de la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, lleguen a partir desde una cultura hedonista, individualista e insolidaria para con la sociedad, amen de las taras psicológicas por dependencia, o de la pura y dura irresponsabilidad, pero no es menos cierto, que los demás usuarios de las vías públicas tenemos derecho a que se nos proteja de individuos irresponsables, y por tanto las autoridades han de precaver lo necesario para asegurar el cumplimiento de la ley y la convivencia pública. Para ello, una de las medidas es la tipificación penal de determinadas conductas de gravedad por riesgo ante el volante, como se está planteando el Gobierno de la Nación, y que parece ser plausible, al menos en la búsqueda de mejores resultados, que eviten la estúpida e injusta pérdida de vidas diariamente en la carretera, ya se sabe “¡lex dura, sed lex!.

Claro que esto, en cierta medida supone una rectificación con las medidas de política criminal que desde algunos ámbitos de progresía se presentaban hace años, como liberalizadoras, marcando una tendencia de “dulcificación del Derecho Penal” que se ha venido dando en las últimas décadas en nuestro País, y que en algunos casos –como el que nos ocupa, o el de las drogas- se han revelado no sólo ineficaces como medidas de política criminal, sino también como injustos con la sociedad, que tenía que padecer cada vez más frecuentemente las graves consecuencias de personas inmaduras, irresponsables y caprichosas. En cualquier caso, rectificar dicen que es de sabios.

Lo que no me parece que sea de sabios precisamente, son las frívolas e irresponsables declaraciones de algunos políticos que se permiten decir en público que a ellos nadie tiene por qué marcarles límites de velocidad, o si pueden beber, o incluso llegan a reconocer haber conducido a velocidad bastante superior a la permitida por las carreteras, en una especie de arranque libertino, o ácrata nada concorde ni con los postulados que dicen creer, ni con el respeto a la legalidad vigente democráticamente establecida, en interés común de todos los españoles. Deberían disculparse por tal ligereza, y rectificar su “metedura de pata”, antes de seguir justificando lo injustificable.

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