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Etiquetas:   Nueva economía   -   Sección:   Opinión

La temporalidad en el empleo: Fracaso de la reforma laboral

Diego Urioste

lunes, 14 de mayo de 2007, 21:18 h (CET)
Un tercio de los españoles tiene un contrato temporal. En el primer trimestre del 2007 la temporalidad ha descendido casi dos puntos, del 33,8% el porcentaje de asalariados con contrato eventual pasó al 31,9%, pero la situación sigue siendo alarmante: más del doble que la media de la Unión Europea. La Comisión Europea considera insuficiente el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo (AMCE), firmado por el gobierno de Zapatero el año pasado con las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

Los principales afectados por la temporalidad son los menores de 30 años -cuya temporalidad supera el 50% de los contratos-, las mujeres, el sector de la construcción (acumula el 20% de todos los contratos temporales) y el sector privado en general (más de un tercio) frente al público, que ostenta un 20% de contratos temporales. Pese al aumento de las bonificaciones en el contrato de la reforma laboral -concretamente a los colectivos de jóvenes, mujeres y parados de larga duración- no se han visto mejoras sustanciales en los sectores de mayor precariedad laboral.

En la firma de la reforma laboral, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que el acuerdo serviría para reducir la temporalidad e impulsar el crecimiento empresarial. Pese a ser el primer acuerdo sobre temporalidad consensuado entre el Ejecutivo y los sindicatos mayoritarios, la medida se ha materializado exclusivamente en el sector empresarial, con una aceleración del PIB del 3,5% al 4%. La intención es reducir el peso de la construcción y el consumo y cambiarlo por un patrón de crecimiento orientado a la industria y la tecnología.

Otro de los problemas para la mejora del empleo son las prácticas empresariales irregulares. Según la inspección de Trabajo, estas afectan al 20% de los contratos. Por ello se aumentó la plantilla de inspectores de trabajo, así como se implantaron nuevos instrumentos para la coordinación sindical entre empresa principal, contrata y subcontrata. La lucha contra el abuso y el fraude se concentra en la persecución de las cesiones ilegales. La penetración de las empresas de trabajo temporal sigue aumentando progresivamente en el mercado laboral, alcanzando el 16% de los contratos.

Dicho esto, no hay que olvidar la desaceleración de la creación de empleo del primer trimestre de este año, así como la destrucción de más de 54.000 empleos industriales. Desde el 1 de Julio del 2006 se han creado dos millones de contratos fijos -la mitad de ellos bonificados-, pese a que los empresarios siguen haciendo un contrato laboral por cada dos estables. Es decir, siguen habiendo más de cinco millones de trabajadores con contrato temporal, el mayor ratio de la Unión Europea. La tasa de actividad en España no llega al 60%, muy por debajo de la media comunitaria y del objetivo del 70% que marcó como objetivo la U.E. para el 2010.

En países como el Reino Unidos u Holanda han resurgido los contratos a tiempo parcial, que pueden ser fijos también. Es difícil que en España pueda surgir esta figura laboral con fuerza, ya que el mercado español aun no es lo suficientemente estable y maduro para ello. España deberá no sólo incrementar el PIB, sino fortalecer la transformación empresarial orientándola a la industria y la tecnología. El crecimiento y fortalecimiento de la economía nacional debe repercutir positivamente en el mercado laboral, afianzando el trabajo estable e indefinido, sobre todo entre los jóvenes y mujeres. Ello depende principalmente de los sindicatos que, a día de hoy, siguen siendo excesivamente timoratos -prueba de ello es el fracaso de la actual reforma laboral- y de una mayor implicación del gobierno en los asuntos sociales y laborales.

El Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo (AMCE) debe ser renegociado. El consenso entre gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos debe ser consecuente: la calidad laboral debe ser directamente proporcional al crecimiento de la economía española.

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