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Opinión
Etiquetas:   Carta al director  

Discriminación de discapacitados por un tribunal de oposiciones

César Solveira Rodríguez
Redacción
jueves, 10 de mayo de 2007, 23:35 h (CET)
En las últimas pruebas selectivas para acceso por promoción interna y concurso-oposición al Cuerpo Técnico de Gestión de la Administración, la base 9.1. de la convocatoria indicaba textualmente sobre la fase de oposición que el ejercicio tipo test se calificaría de 0 a 100 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 50 puntos.

El Tribunal quedaba facultado para determinar el nivel mínimo exigido para la superación de la prueba, de conformidad con el sistema de valoración que acordará, si bien, a los efectos de la determinación del nivel mínimo necesario para superar el ejercicio, el órgano selectivo tendría en cuenta de forma proporcional el número de preguntas que integraban los exámenes para cada forma de acceso.

El Tribunal ha incumplido las bases de la convocatoria estableciendo un nivel mínimo de 54 preguntas correctas sobre 80 para el acceso A (un 67,5%) y de 57,38 preguntas correctas sobre 85 para el acceso B (un 67,5 %) para la superación del ejercicio tipo test de la fase de oposición.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª en la Sentencia de 15 de enero de 1999 (Recurso 553/1997) resolvió un supuesto similar, estableciendo que la Comisión de Selección de Personal (Tribunal) no está facultado para introducir transformaciones en las puntuaciones, por su vinculación a lo establecido en las bases de la convocatoria, y que el haber obtenido una nota igual o superior al cincuenta por ciento de las preguntas, suponía la superación del ejercicio.

El Tribunal de las pruebas selectivas tampoco ha respetado el Decreto 54/2006 de la Comunidad de Madrid, estableciendo un nivel mínimo igual para superar el ejercicio para aquellos aspirantes que concurrían por el turno de discapacidad por el que me presentaba, cuando uno de los principios fundamentales en el acceso al empleo público de discapacitados es el de compensación de desigualdades.

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