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Etiquetas:   Ver   juzgar y actuar   -   Sección:   Opinión

Conquistar y administrar

Francisco Rodríguez Barragán
Francisco Rodríguez
jueves, 19 de abril de 2007, 10:50 h (CET)
La obra teatral «Cuando las Cortes de Cádiz…» de José María Pemán, escritor injustamente olvidado, comienza por una escena a modo de prólogo que representa el Ayuntamiento de Cádiz donde está reunida la Junta que se ha formado para defender la plaza de las tropas francesas. Personajes que se harán famosos en la redacción y promulgación de la Constitución de 1812, Tomás Istúriz, Agustín de Argüelles, Aguirre, Venegas, Salazar o Bustamante, aparecen preocupados por las noticias del avance francés por la vega sevillana cuando se presenta el embajador inglés Wellesley para ofrecer la colaboración de las fuerzas del Peñón, colaboración que es rechazada displicentemente por los miembros de la Junta, que la consideran innecesaria. El embajador no entiende que en situación tan apurada se crean suficientes para oponerse al invasor con éxito. Aguirre le pregunta a Wellesley si lo duda y Pemán pone en boca del inglés esta aguda observación: Suele este pueblo al azar/en lo leve fracasar/y en lo grande ser fecundo./Sabe descubrir un mundo./ No lo sabe administrar.

He recordado estas palabras porque pienso que hoy como entonces España es capaz de hacer lo difícil pero incapaz de administrar a lo largo del tiempo lo conseguido. Cuando llegó la famosa transición, que todos presagiaban tenebrosa, se remontó con trabajo y éxito. La Constitución de 1978 era una fecunda conquista que entendimos pondría fin a un enfrenamiento desgraciado y a un periodo de gobierno autoritario.

Pero conseguido un nuevo marco de convivencia había que seguir trabajando sin descanso en su perfeccionamiento. La Constitución había tratado de encauzar los trasnochados nacionalismos a través de un sistema autonómico, pero pronto se pudo constatar que este modelo, lejos de calmar los apetitos nacionalistas, los impulsaba cada vez más a destruir al Estado. Una buena administración tendría que haber puesto remedio a esta deriva, reforzando el papel del Estado como garantía de unión y solidaridad. Pero se hizo lo contrario, desguazar el Estado en diecisiete autonomías cada vez más caóticas, en un puerto de Arrebatacapas, donde cada una quiere llevarse la mejor tajada.

El sistema electoral pronto mostró sus deficiencias. No se previó que la gobernabilidad de la nación, de las autonomías, de los Ayuntamientos, iba a estar en manos de los pequeños y egoístas partidos minoritarios. Una buena administración debió acometer, sin demora, una reforma electoral que introdujera mecanismos de garantía, como el sistema de segunda vuelta por ejemplo. No se ha hecho nada de esto y los dos partidos mayoritarios buscan la forma de conseguir el poder con la ayuda de los minoritarios, aunque hayan de pagar caros sus votos de investidura.

La democracia sólo pude funcionar si existe un sistema claro y eficaz de división y equilibrio de poderes. El funcionamiento independiente del poder judicial es la máxima garantía para los ciudadanos y las instituciones. Un dicharachero político anunció alegremente la muerte de Monstequieu, y efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial en lugar de conservar su independencia, pasó a constituirse por componendas políticas, retorciendo el sentido mismo de la constitución. El Tribunal Constitucional, nacido de la desconfianza hacia el Supremo durante la transición, debería haber sido suprimido por una atenta administración, evitando la duplicidad de jurisdicciones. Pues en vez de ello se han creado diecisiete tribunales superiores de justicia. ¡Habrá mayor dislate!

El Senado es otra institución perfectamente prescindible ya que hasta ahora no ha conseguido jugar ningún papel. Una atenta administración tendría que haberle asignado un cometido útil o suprimirlo.

Los defensa de la vida y la protección a la familia, que ocupan un lugar destacado en la Constitución, no han sido objeto ni de defensa ni de protección, al contrario, el número de abortos al año ha llegado a cien mil, ante la indiferencia de la administración y la aceptación pasiva de una sociedad que pierde constantemente sus valores. Tampoco se protege a la familia sino que se facilitan las rupturas matrimoniales y se ataca al matrimonio al incluir bajo esta denominación otras uniones que en ningún caso lo son ni pueden serlo.

La educación hubiera necesitado de los administradores de la cosa pública medidas que elevaran su nivel de calidad pero en lugar de ello la han devaluado hasta extremos escandalosos con planes absurdos que pretenden más adoctrinar que educar.

Podíamos seguir hablando de la economía, de la sanidad, del sistema de pensiones, de la imprescindible reforma laboral, del terrorismo, de nuestra falta de competitividad, de nuestro papel internacional, de nuestra posición en Europa, de la inmigración, etc. y encontraríamos nuevos ejemplos de nuestra incapacidad para administrarnos, de nuestra carencia de políticos eficientes que busquen el poder para realizar el bien común a través de grandes y generosos acuerdos, en lugar de la búsqueda incesante de eliminar al adversario, de marginarlo de la vida pública, para poder ejercer un poder omnímodo y perpetuo.

¿Tendrán nuestros males remedio? ¿Seguiremos acertando cada siglo en algo importante y fallando cada día en la vida política cotidiana?

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