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Etiquetas:   El crisol   -   Sección:   Opinión

Por cojones no

Pascual Mogica
Pascual Mogica
martes, 3 de abril de 2007, 22:17 h (CET)
No hay nada como una buena normal legal para neutralizar la potencia testicular de aquellos gobernantes que pretenden imponer sus criterios por cojones. La sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declarando inconstitucional el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, así lo demuestra.

Esta sentencia no penaliza el contenido del Real Decreto-ley sino que castiga la vulneración por parte del entonces Gobierno presidido por José María Aznar, del artículo 86.1 de la Constitución Española (CE) que textualmente dice: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de los instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”. Comoquiera que el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido estimar los recursos de inconstitucionalidad presentados en su día contra dicho Real Decreto-ley señalando, como resumen de lo dicho en los 57 folios de la sentencia, que: “…y, en su virtud, declarar inconstitucional y nulo el citado Real Decreto-ley, por vulneración del art. 86.1 CE.”, queda muy claro que no ha declarado inconstitucional el deseo de aquel Gobierno de Aznar de suprimir los salarios de tramitación en caso de despidos improcedentes y su pago con cargo al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), eso, aunque afecta a “los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos” (Art. 86.1 CE) al parecer no es inconstitucional. Claro que este tipo de medidas solo las pone en práctica la derecha. Un Gobierno puede adoptar acuerdos y promulgar leyes que pueden afectar gravemente a los intereses de los trabajadores, de los ciudadanos en general y eso lo intentó el Partido Popular con aquel Real Decreto-ley más conocido como el “Decretazo”. Lo que el TC ha sancionado ha sido la innecesaria urgencia de aplicar esas medidas, contraviniendo el artículo 86.1 de la CE, y que en cambio lo que recomienda es que hay que dialogar hasta llegar a un acuerdo aunque esas conversaciones puedan resultar agotadoras.

Yo comprendo, pero naturalmente no comparto, la postura del Gobierno de Aznar, y creo que todos lo entendemos. Aquella urgencia, consecuencia de la falta de diálogo que caracteriza a las derechas agrupadas en el Partido Popular, fue fruto de la prepotencia y de la total y absoluta falta de respeto a la sociedad española con que las derechas venían gobernando y su constante actitud de no dialogar con nadie, postura equivocada de las derechas que actualmente estamos sufriendo los españoles. No hay que olvidar aquellas palabras del ex ministro Arias Cañete, cuando dijo, refiriéndose al Plan Hidrológico Nacional y más exactamente al trasvase del Ebro, que dicha obra se haría “por huevos” según le confirmó Aznar. Creo que cualquier español tiene muy claro que las cosas que se quieren hacer a la brava y por cojones, a la larga no suelen dar buenos resultados para nadie.

Lo lamentable de todo esto es que esta sentencia del TC no va a hacer cambiar el rumbo de la terquedad y de la negativa constante del Partido Popular al diálogo y por tanto al consenso. Dos cuestiones vitales para evitar la escalada de crispación que se está produciendo en nuestra sociedad. Esta lección que le ha dado el TC a las derechas seguro que va a caer en saco roto.

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