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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

La última de Pumpido y la penúltima de Zapatero

Miguel Massanet
Miguel Massanet
sábado, 24 de marzo de 2007, 10:14 h (CET)
'Consumatum est', el miércoles se declaró el fallecimiento oficial del Estado de Derecho en España; presidieron el duelo el señor Presidente, el Fiscal general y también estuvo presente el enterrador de la criatura, el fiscal Fernando Burgos. RIP.

La operación más marrullera, partidista y torticera tuvo lugar el miércoles en la Audiencia Nacional, cuando el fiscal o abogado defensor, no se sabe bien, porque ya no se puede distinguir entre lo uno y lo otro, señor Fernando Burgos, escenificó la más burda pantomima que se haya llevado a cabo por un representante del Ministerio público en este país.

Vale la pena recapitular sobre el tema para dejar claro hasta que punto, el Ejecutivo del señor Zapatero, está dando al traste con los últimos resquicios de decencia y credibilidad que le pudiera quedar a la administración de Justicia en España. El señor Otegui comete un evidente delito de apología del terrorismo, al hacer un panegírico de la etarra Olaia Castresana, que ustedes recordarán, murió al manipular un artefacto explosivo. La fiscalía, como era su obligación, presentó un escrito de acusación -hace de ello quince meses-, por enaltecimiento del terrorismo. Es evidente que, desde entonces, la vida política en nuestro país ha dado un vuelco de ciento ochenta grados. Ahora resulta que, por conveniencias del Ejecutivo,parece que no interesa en absoluto que la Audiencia Nacional pueda condenar al señor Otegui por dicho delito antes de que se celebren las autonómicas – se dice que para que pueda presentar a una Osasuna 'redimida de sus culpas' o quizá, a una nueva facción de ella que 'reconozca estar en contra de la violencia' o, puede, que con otras siglas, Berría, por ejemplo – y da órdenes al señor Pumpido de que retrase el juício hasta pasadas la elecciones. El fiel servidor consigue que se aplace una vez, pero no basta y se pide un segundo aplazamiento al que la Audiencia, mosqueda, no accede. Aquí viene el primer chantaje de la fiscalía a los jueces:” o aplazan el juició o retiro los cargos”, el tribunal no se deja intimidar y ordena la celebración de la vista oral. Y, señores, se produce lo previsible, pero no por ello lo menos deleznable, el señor fiscal después de un 'habil interrogatorio' en el que se permite al etarra hacer un discurso electoral como si estuviera ante las cámaras de la televisión, gratuito y efectista.; sin el menor pudor (hay que tener mucha jeta para hcerlo) el fiscal pide que se le retiren los cargos de los que se imputaba a Otegui. ¿Ha cambiado la calificación inicial? No, sólo las órdenes de la 'superioridad'.Tuti contenti, el señor Otegui, que me imagino que pedirá daños y perjuicios por haber sido procesado sin razón, el Gobierno, Pumpido y el desgraciado fiscal a quien le ha tocado el 'marrón'.

Pero, a todo esto, ¿qué pasa con la ciudadanía y su confianza en los poderes
fácticos?, ¿cómo queda la justicia y el estado de derecho?, ¿hay
prevaricación o no?, ¿sería aplicable la pena de inhabilitación del 408 del
CP al fiscal que renunció hacer cumplir la ley, como era su obligación?
Muchas preguntas, todas ellas legítimas, que nos podemos plantear los
ciudadanos de a pie ante un hecho que, por si solo, basta para hacer
tambalear la fe en la justicia, pero que, si lo juntamos con el reciente
fiasco de la resolución de excarcelamiento del etarra De Juana Chaos, nos
puede llevar al convencimiento de que estamos en un Estado en el que han
desaparecido las garantías constitucionales; que nos hallamos en manos de un
Gobierno totalitario que se pasa por el entreforro las leyes que no le
convienen, y que miente y engaña a todos los españoles enredando la madeja,
de tal manera, que nos incita a tragarnos sin agua todo lo que se le antoje
endosarnos.
A mí se me ocurre preguntarme cómo estarán viendo los presos comunes, los
que, a lo mejor, estan en chirona por haber robado unos cientos de euros o
por haber cometido un homicidio involuntario o por haber mantenido una pelea
callejera – hay un reciente ejemplo de una señora que, por haberse peleado
con otra mujer causándole algunas pequeñas lesiones, ha sido condenada a más
de dos años de cárcel que tendrá que cumplir– la actuación de aquellos que
tienen la obligación de perseguir, en nombre del Estado, los delitos, y que
fueron los causantes de que los encarcelaran. El sentimiento de impotencia y
la rabia por el agravio comparativo me imagino que seá equivalente a lo que
sentimos el resto de españoles ante un flagrante olvido de la más elemental
decencia en las actuaciones de las instituciones que nos gobiernan. Y
todavía sale la Vicepresidenta y, con la máxima desvergüenza, acusa a los
del PP de ser los defensores de los terroristas, ¡menuda desfachatez!eso sí,
solo superada por el mismo Pumpido que, con todo descaro, se permite decir
que se le debe proporcionar una “cauce legal” al terrorimo para darle opción
de entrar en la política. ¿Para que sirven el Pacto antiterrorista y la Ley
de partidos? Al parecer, para violarlos cada día, si hace falta, según sean
las necesidades o los deseos de los que tan mal nos gobiernan. ¿Hasta cuando
se soportará esta ingnominia? ¿No hay, en las alturas, un poco por debajo
del Olimpo de los dioses, alguien que pueda remediar esta situación? Visto
lo visto, poco podemos esperar; es tan notorio que estamos desamparados ante
semejante pandilla de granujas que no cabe espera más que, el tiempo y las
urnas, acaben con estos que están destrozando España. Claro que según el
refrán: “quien espera, desespera” Y que lo diga.

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