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Opinión
Etiquetas:   Carta al director  

La estafa filatélica

Antonio Pérez Gallego (Madrid)
Redacción
miércoles, 21 de marzo de 2007, 19:04 h (CET)
Pronto se cumplirá un año de la intervención judicial de Afinsa y aún no se han despejado las incógnitas sobre las acusaciones vertidas a la sociedad.

El proceso se haya inmerso en el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) y sometido a las moratorias solicitadas por los administradores concursales en su tarea de confeccionar la lista definitiva de los créditos y, también, pendiente del pronunciamiento de los juzgados competentes sobre los cargos. Recordemos los principales: estafa, evasión de capitales, sellos falsos.

Fueron éstos y no otros los motivos principales aducidos para interrumpir una actividad prolongada durante más de 25 años, cabiéndose preguntar ¿qué avances se han producido para la demostración de los delitos mencionados?

Las recientes imputaciones de la fiscalía a nuevos encausados pertenecientes a la gerencia de Afinsa, no parecen arrojar luz sobre el procedimiento y “contener una rebaja” en la gravedad de las acusaciones iniciales, al referirse, entre otros, a aspectos como la conservación de las series filatélicas, la mediación de la empresa en la edición de catálogos para su valoración o a determinadas declaraciones de sus directivos. Asuntos estos que, junto a la subjetividad de su interpretación, dependiente de su ámbito o contexto, sembrarían una duda razonable sobre si serían motivo suficiente para la adopción de las medidas cautelares tomadas por la Administración del Estado.

Para quienes ya tengan un juicio formado sobre los hechos sería necesario recordar que, si la envergadura de la estafa o fraude, las pruebas y antecedentes fuesen tan evidentes como, desde el principio se ha transmitido desde los medios de difusión, ¿por qué no existe, a estas alturas, un pronunciamiento en los juzgados?

Flaco favor se haría a los valores democráticos de la sociedad y al devenir de las relaciones entre sus individuos, mantener prolongadamente la sospecha del delito y la aceptación de una, presumiblemente desproporcionada respuesta a las, aún sin demostrar, presuntas irregularidades.

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