Desde el final de nuestra guerra civil hasta la proclamación de nuestra Constitución de 1978, España atravesó un largo desierto político en el que muchas generaciones transitamos conducidos por un general acaudillado desde una victoria fratricida que le coronó con todos los poderes absolutos del Estado.

El aislamiento de nuestra nación en el contexto internacional, reforzó aún más el liderazgo del general Franco que rodeado de un gobierno monolítico reconstruyó una España devastada, rota económica y socialmente. El régimen franquista renegó de cualquier tipo de participación política a través del sistema de partidos y formulando la democracia como “orgánica”, instituyó la familia, el municipio y el sindicato como los únicos cauces de representación de la sociedad.

El sufragio universal, el parlamentarismo y la participación de los ciudadanos a través de los partidos políticos, estaban anatematizados. El socialismo y el comunismo, los grandes derrotados de la contienda junto a la república, no podían ni debían coexistir con un régimen esencialmente militar y de partido único. Estaban proscritos del lenguaje, de la educación y de la vida ordinaria de los españoles.

Durante casi cuarenta años, millones de españoles nos educamos, trabajamos y convivimos en una paz, si se quiere impuesta pero real, hasta la muerte del dictador que ocultó durante su largo mandato la persecución y el hostigamiento a quienes osaban discrepar de su dictatorial forma de gobernar el país.

Después de su muerte su frágil castillo de naipes se desmoronó y aquellos que aplaudieron y aprobaron sus leyes fundamentales u ordinarias se autoinmolaron ejemplarmente ante una inevitable presión de la lógica política y democrática : el caudillismo fascista y comunista era incompatible con una Europa que día a día iba forjando un proyecto de construcción común de intereses económicos y políticos sobre los principios de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El Rey Juan Carlos junto al comunista Santiago Carrillo y el socialista Felipe González facilitaron con el conservador Manuel Fraga y el centrista Adolfo Suárez, el transitar hacia una España donde el espíritu de concordia y de convivencia pacífica ayudara a superar la fractura social y política que había provocado un régimen agotado y desaparecido con la persona de su fundador.

La Constitución de 1978 nos ha proporcionado a los españoles el período más largo de entendimiento, paz y desarrollo. El esfuerzo y la laboriosidad de los españoles junto al ingreso en la Unión Europea, ha contribuído de una manera inimaginable a la modernización y construcción de nuestras infraestructuras de comunicaciones, del urbanismo, medio ambiente y de nuestra producción agrícola o pesquera.

La movilidad sin fronteras en todo el territorio europeo ha sido un espacio de seguridad y libertad inimaginable para que nuestros jóvenes disfrutaran de grandes oportunidades de formación cultural, profesional y empleo. Por otra parte el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado sobre el principio de la separación de poderes como la Corona, las Cortes Generales y el Poder Judicial han garantizado durante todos estos años un largo período de prosperidad y de estabilidad social y política.

Esta nueva conmemoración de nuestra Carta Magna, cumplidos ya cuarenta y dos años desde su nacimiento, se aleja del oropel que la rodeaba en el Congreso de los Diputados. La gestión de la pandemia por un lado y por otro el desorden constitucional que rodea a la acción política, económica y sanitara del gobierno filocomunista de Pedro Sánchez están poniendo en serio riesgo de involución los principios que la animaban y los fundamentos que la han hecho perdurar.

La Corona cuestionada desde el propio Gobierno, las Cortes Generales en hibernación y limitada su capacidad de representar la voluntad popular y el Poder Judicial cada vez más mediatizado en su independencia han dejado de ser la garantía del buen gobierno y administración de los intereses de la sociedad española.

Si a esto le añadimos el caos y descoordinación por parte del Gobierno y de las Autonomías en el funcionamiento de las competencias sanitarias ante una emergencia nacional y el rechazo social que está originando la nueva Ley Celaá, amén de las permanentes declaraciones y amenazas para enterrar la Constitución, existen motivos más que suficientes para que la sociedad civil exija que las instituciones del Estado reaccionen y eviten no ya la ruptura del mismo sino el restablecimiento del orden constitucional hoy en peligro.

“Escribo contra el uso ignorante de nuestro idioma, porque el español pertenece a muchos millones de seres que no son españoles, porque es nuestro patrimonio común más consistente y porque si se rompe, todos quedamos rotos y sin la fuerza que algún día podemos tener juntos”

Esta clarividente reflexión de Fernando Lázaro Carreter, que en su día fue Director de la Real Academia Española, profetiza nuestra ruptura constitucional si al menos no somos capaces de garantizar nuestro patrimonio común más querido y reconocido mundialmente: la lengua española,

¿seremos capaces de evitarlo? España y su Constitución lo merecen.