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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Juegos malabares con la Justicia

Miguel Massanet
Miguel Massanet
viernes, 2 de marzo de 2007, 11:28 h (CET)
Siguiendo una norma inflexible que me fijé al comenzar a escribir estos artículos, me voy a abstener de criticar un reciente auto del Tribunal Supremo por el que se resuelve la petición de ejecución de una sentencia contra el grupo Prisa (léase el imperio mediático del señor Polanco) presentada por el grupo de periodistas que, en su día, pidieron que se ejecutara la sentencia conforme estaba establecido en la misma. La sentencia, cuya ejecución se instaba, declaraba que el pluralismo informativo quedaba lesionado por la concentración de medios en la mentada sociedad y que, por tanto, era preciso que se restableciese el equilibrio que se había alterado. Todo venía de que, en 1994, bajo la presidencia del señor Felipe González, se desposeyó a Antena 3 radio de sus postes para dárselos a la SER. Esta actuación del Gobierno fue declarada ilegal en el 2000 pero, el Tribunal de defensa de la Competencia retrasó la ejecución de la sentencia y tuvo que ser el mismo Tribunal Supremo quien se vio obligado a apremiar al Ejecutivo para que restaurase la pluralidad informativa. Cuando llegó al poder el señor Zapatero, para evitar que los dispuesto por el Supremo perjudicase a Prisa, promulgó ad hoc una nueva Ley Audiovisual que vaciaba de contenido la reclamación de los demandantes al dejar paso a Prisa para que pudiera tener más del cincuenta por ciento de las cadenas. Ahora el Supremo, en su último auto, dice que ya no procede la ejecución debido a que las condiciones legales vigentes permiten lo que antes estaba prohibido.

Veamos cuales han sido las consecuencias de esta rocambolesca historia. Debido a una incomprensible laxitud por parte de la Administración unos señores que habían ganado un juicio por sentencia dictada en el 2000 se encuentran que han salido perjudicados por una nueva Ley que ha sido dictada específicamente para favorecer a un señor determinado, el señor Polanco. Seguramente el Tribunal Supremo no ha tenido otro remedio que dictar el auto en el sentido en el que lo ha hecho, pero el mal ya estaba consumado. Es evidente que, por una actuación irregular de los dos últimos gobiernos, se ha causado un perjuicio importante a los reclamantes y se ha producido un enriquecimiento injusto para la parte que fue condenada. ¡Esto, señores, clama al cielo! Cabría preguntarse si, a la vista de los hechos, los que han salido perjudicados no podrían plantearse el reclamar por negligencia a los anteriores Ejecutivos y pedirles daños y perjuicios. ¿Por qué será que cuando se trata del Estado parece que, hágalo bien o mal, es inmune a las reclamaciones de los ciudadanos?

Pero a mí lo que me preocupa es el precedente. Fíjense ustedes que no hace ni dos días la señora Vicepresidenta se entrevistó con el señor Montilla y declaró públicamente que van a poner en marcha el despliegue del Estatut catalán sin más retrasos. Se está pidiendo que se modifiquen las leyes estatales para adaptarse al nuevo cuerpo legal catalán y, como ya he comentado en anteriores artículos, en estos momentos, de hecho, se están poniendo en solfa muchos de los artículos del engendro separatista. Esta política de hechos consumados, de despliegue a marchas forzadas de lo establecido en el Estatut, las propias declaraciones, tanto de los separatistas (ERC, CIU y PSC) como del propio Gobierno de la Nación, parecen hacer caso omiso de que el dichoso Estatut, el documento que establece la preferencia de Catalunya sobre las otras autonomías españolas; el salvoconducto del Gobierno para garantizarse el apoyo catalán en las nuevas elecciones; este prolijo y disparatado mamotreto; está recurrido ante el Tribunal Constitucional o sea en situación 'sub judice'.

¿Qué pasaría si, como es muy probable que suceda, muchos de los artículos 'si no la mayoría', son declarados nulos de pleno derecho? Leyes estatales modificadas; disposiciones de la Generalitat derivadas del desarrollo estatutario; derechos de terceros perjudicados; compromisos adquiridos que quedarían anulados etc. ¿Quién se haría cargo de los daños y perjuicios que se pudieran derivar de tal dislate? Al fin, no les quepa la menor duda, los paganos, los más perjudicados por la premura y anticipación del gobierno de la Generalitat seríamos, como siempre: los ciudadanos. Ya hemos tenido ocasión de verle las orejas al lobo con las actuaciones tercermundistas de algunos miembros del tripartito (okupas, proyectos de incautación de viviendas, el despiporren de los ferrocarriles, el Carmelo y tantos otros casos que podríamos citar). Si el Tribunal Constitucional no establece medidas cautelares en orden a dictar la suspensión provisional del desarrollo estatutario, hasta tanto se determine su legalidad o ilegalidad, puede que el Gobierno vuelva a hacer uso de su mayoría parlamentaria para legislar lo que crea necesario con el fin de vaciar de contenido lo que pudiera resolver el Alto Tribunal sobre lo establecido en el Estatut. España se está jugando demasiado para que contemplemos impasibles como se utilizan los resortes legislativos para favorecer planes partidistas del Ejecutivo. Fiscales que apoyan a terroristas, en vez de imputarles las máximas penas por sus crímenes; presidentes del gobierno que se felicitan de lo que dicen sujetos como Otegui y viceversa; autonomías con ministros de asuntos exteriores, ¿dónde vamos a ir a parar? Citando a B.Gracián: 'Justicia hay, y no puede estar muy lejos, estando tan cerca la mentira', podríamos pensar en que aquí hay una gran estafa, un enorme fraude de Ley.

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