La aprobación del Estatuto de Andalucía por menos de un tercio de los llamados a votar en el referendo y una abstención de más del 63% nos indica claramente que el interés de los ciudadanos no es coincidente con el interés de la clase política que dice representarnos. No había ninguna necesidad de un nuevo Estatuto en Andalucía pero Rodríguez Zapatero sí necesitaba diluir en una feria estatutaria el desvergonzado pacto que hizo al Partido Socialista Catalán comprometiéndose, a cambio del apoyo de Maragall, a la aprobación de un nuevo Estatuto, “tal como saliera de su parlamento”, es decir aceptando los deseos nacionalistas, aunque ello significara reconocer una cuasi independencia de Cataluña, vulnerando sin empacho la Constitución.

La misma idea le lleva a buscar un pacto con ETA, disfrazado de proceso de paz, en el que el Partido Socialista de Euskadi y la izquierda abertzale, desplazarán al PNV y a cambio del éxito que espera conseguir como falso pacificador, conceder al País Vasco la independencia a través de las trapacerías de otro Estatuto anticonstitucional, sin que tenga facultad alguna para hacer tal cosa.

Pero esta tarea de vaciamiento del Estado tiene el obstáculo del Partido Popular que no puede aceptar esta política suicida, por lo que Rodríguez Zapatero, armado con un inmenso aparato de agitprop, busca denodadamente arrinconar al PP y expulsarlo de la vida pública, así él podría perpetuarse en el poder.

En esta liquidación de España que propone Rodríguez Zapatero, todos los partidos nacionalistas están dispuestos a ayudarle a cambio de lo que puedan conseguir y así el PP que mantiene una idea de España unida y solidaria, si no consigue una improbable mayoría absoluta, no podrá llegar nunca al poder.

Nuestra democracia, puesta a prueba con este gobierno, muestra sus fallos. El ejecutivo ha ido absorbiendo al legislativo y al judicial, dejándolo sin controles eficaces. El sistema electoral ha dado un peso decisivo a los nacionalismos minoritarios incitándolos a una voracidad insolidaria. Sería necesario establecer medidas para evitarlo como por ejemplo la segunda vuelta. La Ley Orgánica del Referéndum no estableció ninguna norma de valoración de la abstención, ni exigió un porcentaje mínimo de votantes sobre el censo electoral, con lo cual puede darse como en el caso andaluz que la aprobación de este nuevo estatuto sea legal pero de dudosa legitimidad, entendiendo como legitimidad lo que está de acuerdo con la justicia y no sólo con el ordenamiento legal.

Por desgracia no veo que haya deseos de perfeccionar aquello que está fallando, sino de aprovecharlos en beneficio propio y en contra del adversario al que se considera enemigo a batir, lo cual no sabemos hasta donde podrá llevarnos.

Para esta deriva hacia el abismo es necesario que la mayoría de los ciudadanos esté manipulada, de lo que se encargan los poderosos medios de difusión, y acalladas las voces que puedan llevarles la contraria como, por ejemplo, la Iglesia. Hace falta tomar conciencia de la situación y resistirse a la manipulación. Todo lo que está ocurriendo tiene un coste que tendremos que pagar cuando menos lo esperemos. Un país puede hundirse en unos cuantos años y necesitar décadas para recuperarse. ¿Es una visión catastrofista? Pues ya veremos. Mientras tanto tratemos de pensar por nosotros mismos dudando metódicamente de todos lo que nos dicen, desconfiando de los que buscan el poder a cualquier precio, incluso desenterrando fantasmas que algunos pensamos, ingenuamente, no volverían a interferir en nuestras vidas.