Quantcast
Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Sueldos Públicos Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil

Opinión

Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Condenas de mil años reducidas a dieciocho? ¡Vaya estafa!

Miguel Massanet
Miguel Massanet
sábado, 17 de febrero de 2007, 04:10 h (CET)
Estos días pasados me he enterado de que alguien ha dicho que tendremos que aprender a convivir con los terroristas que, según el código penal anterior a 1973, hayan cumplido sus penas y, por tanto, sean excarcelados. No me importa quien sea que lo ha dicho ni, por supuesto, cual ha sido su intención al decirlo. La verdad es que me importa un bledo un sujeto que dice estas sandeces.

En primer lugar, porque la vigente legislación ya no premia a los terroristas como ocurría antes, que los equiparaba en beneficios penitenciarios al resto de reclusos y, en segundo lugar, porque para mí y para la mayoría de españoles una clase de bicho de esta ralea circulando por las calles de una ciudad es tanto o más peligroso que un tigre de bengala fugado de un zoo.

Los beneficios penitenciarios fueron concebidos para aplicarlos a casos especiales de delincuentes normales, gentes que, en principio, se suponía que eran redimibles y recuperables para la sociedad. Se consideraba que determinados delincuentes, con el tiempo, renegaban de sus antecedentes delictivos y eran capaces de reintegrarse a la sociedad civil para reemprender una nueva vida lejos de la senda criminal. Es evidente que la sociedad actual ha sido capaz de generar monstruos que están muy lejos de aquellos arquetipos y hacen bueno el diagnóstico positivista de Lombroso que consideraba a ciertos tipos de criminales como irrecuperables, con los que sólo cabían dos soluciones “o apartarlos para siempre de la sociedad o eliminarlos” Duro, pero realista. O, si no, veamos qué soluciones nos da el vigente ordenamiento jurídico para estos casos de delincuencia, como puede ser el de los etarras, en los que concurre la paradógica circunstancia de que son excarcelados y reintegrados a la sociedad, cuando se sabe positivamente que no sólo no están arrepentidos de sus crímenes, sino que se manifiestan dispuestos a repetirlos, si se tercia.

Por eso es precisamente que me preocupa especialmente que se eleve a la categoría de ministros a personas, como el señor Fernández Bermejo, cuyos antecedentes poco o nada nos garantizan a los ciudadanos de la bondad de linea que va a seguir en su singladura como máximo represente de la Justicia en el Gobierno. ¿Cuántos De Juana Chaos vamos a ver cruzar las puertas de las penitenciarías?, ¿Cuáles van a ser las instrucciones que reciban los fiscales, del Gobierno, a partir de ahora? ¿Será posible que todavía empeore la situación con respecto a la que padecemos ahora gracias al señor Conde Pumpido?

El Estado de Derecho supone, ante todo, un estado dotado de leyes justas, eficaces, encaminadas al bien común, apartidistas, lógicas y facilmente entendibles para los ciudadanos. Su interpretación sólo les corresponde a los Jueces, que deben ser independientes, incorruptibles y competentes; de tal forma que sus decisiones no puedan ser influenciadas por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Todo lo contrario desvirtúa la esencia misma del Estado de Derecho.

Me temo que, por desgracia, la situación que en la actualidad estamos viviendo en España está muy lejos de estar en la linea de los anteriores requisitos. Nos cansamos de ver jueces politizados, de asistir escandalizados a intentos del Gobierno de interferir las decisiones de los tribunales; de presenciar actuaciones judiciales por las que se invaden jurisdicciones ajenas; de sumarios que parecen instruidos por un analfabeto y de intervenciones de fiscales que levantan ampollas en la sensibilidad de cualquier ciudadano medianamente instruído. Mientras el Gobierno, partidista por naturaleza, pueda intervenir en la designación del Fiscal General del Estado (que a su vez es el que imparte las normas a seguir por el resto de fiscales) y en la de los Magistrados del Tribunal Constitucional, no podemos decir que la Justicia disfrute de la necesaria independencia para poder fallar las cuestiones que le son sometidas con la debida equidad y solvencia.

En la actualidad no existe la debida correlación entre el mal causado (la muerte violenta y despiadada) por los terroristas y la duración del castigo, y esto es evidente. Que nadie me diga que De Juana Chaos ha purgado, con dieciocho años de prisión (por cierto muy suavizada), el haber asesinado violentamente a veinticinco personas. Si alguien opina que es suficiente permítame que le diga que es un desalmado. ¿De qué valen condenas de mil quinientos años o tres mil, si luego salen en libertad a los dieciocho? ¿Qué clase de justicia es esa? Yo se lo diré: ¡un verdadero fraude para las familias de las víctimas!, ¡una vergüenza para la sociedad! Y una infamia jurídica que hay que remediar. Espero que el nuevo ministro de Justicia se esmere en ello.

Noticias relacionadas

En busca del bien común

D. Martínez, Burgos

La Diagonal, inutilizable

M. Llopis, Barcelona

Su misión somos todos

P. Piqueras, Girona

Problemática implantación del Artículo 155

J. Cruz, Málaga

El cuidado de la casa común

J. Domingo, Girona
 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Síguenos en Google Plus    |  
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris