Año tras año el Defensor del Pueblo pone ‘de cara a la pared’ a la clase política, aprovechando su informe anual. Ese ‘tirón de orejas’ no es solo para los políticos de ámbito nacional. También en las comunidades autónomas hay quejas, y muchas; por lo que las figuras equivalentes al Defensor del Pueblo también acostumbran a ‘cantar las cuarenta’ a los políticos regionales.

Si bien las quejas han sido abundantes, en ocasiones no es preciso hacerlo. Su diligencia hace que actúe de oficio. Y es lo que ha hecho en el caso de la Educación. A pesar de las críticas que recibe, ha demostrado a lo largo de los últimos años que sumando eficiencia y eficacia da como resultado: Efectividad. Viene a ser lo que en los programas de Gestión de Calidad conduce a la Excelencia (ef + ef = EF).

Cualquiera que se informe todos los días de la realidad del país, comprobará que el sistema educativo está en entredicho y ha ‘cabalgado’ a lomos de una inestabilidad permanente. No faltan preocupaciones sobre la convivencia escolar, la violencia en las aulas, el pasotismo de un sector del alumnado, la falta de estímulos en muchas ocasiones, la sordera de la Administración educativa, el acoso escolar, vacíos en la ordenación académica, instalaciones en dudoso estado y a veces olvidadas, carencia de medios y materiales para atender el exceso de inmigrantes con necesidades educativas especiales,... Es solo una muestra de las deficiencias pendientes de resolver y que impiden recoger positivos resultados en muchos casos.

Del informe anual se deduce fácilmente que al Defensor del Pueblo le preocupa especialmente la violencia escolar. Y es de agradecer que así sea, para incentivar a la Administración educativa a elaborar la normativa que contribuya a dar soluciones. El profesorado está harto de que se creen más problemas donde solo caben soluciones y también la comunidad educativa muestra su preocupación.

En algunos casos se esperaban las quejas. Lo más llamativo es la abundancia de ellas en el ámbito de la Formación Profesional y la equivalencia de títulos. Con los ciclos formativos de grado superior ha habido muchos problemas en todas las comunidades autónomas: muchos aspectos no casan entre dichos ciclos y lo que decía la LOGSE. También sobre el bachillerato encontramos muchas quejas, aunque bastantes menos que sobre la FP; las convalidaciones y las equivalencias traen de cabeza a muchos ciudadanos. La solución es fácil y el MEC y las comunidades autónomas están advertidas desde hace tiempo, pero la Administración no las ve o no le interesa verlas todavía.

Al Defensor del Pueblo se le ha olvidado un tema de gran interés y preocupación. Me refiero al criterio regulado por la Administración educativa, según el cual el alumnado puede obtener el título de la ESO con suspensos. Semejante vulgaridad es un engaño al ciudadano, al ser un título vacío y rechazable en muchos lugares donde se presenta, como así está sucediendo, por mucha impronta de legalidad que se le quiera dar. La Administración juega con el administrado y engaña al mercado laboral de acogida. Hoy se puede afirmar sin temor a equivocarse que la LOE es una continuidad de la LOGSE en gran medida. No busca la calidad de la educación. Estamos ante una ley cuyo sustento es una vulgar venganza política.