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La Fiscalía alemana contra la CIA

Vladímir Símonov
Redacción
lunes, 5 de febrero de 2007, 12:14 h (CET)
¿Habrase visto que el juzgado del país, aliado más próximo de Estados Unidos, expidió la orden de detener a los agentes del servicio de espionaje del mismísimo EE UU?

No, jamás se ha visto, hasta esta semana. El miércoles la fiscalía de Munich pidió que el juzgado local dictara esta sanción con respecto a doce agentes de plantilla de la CIA.

Sus agentes son sospechosos de haber secuestrado, mantenido ilícitamente en la prisión y sometido a torturas a un ciudadano de Alemania de origen libanés. August Stern, fiscal decano de Munich, consideró muy serias las sospechas, requirió y recibió la orden internacional de captura.

Un problema para Stern es que el fiscal ignora si los efectivos del grupo de asalto de la CIA actuaran bajo nombres verdaderos o en código. Lo segundo es más probable, ya que nadie se atrevería a dar su nombre realizando una operación como la de secuestrar a un hombre en Macedonia, trasladarlo a Afganistán y tenerlo esposado por más de cinco meses, torturarlo e interrogarlo las 24 horas del día respecto a los supuestos contactos con terroristas de “Al Qaeda”, de quienes no tenía ni idea. En resumidas cuentas, los secuestradores pusieron en plena libertad a la infeliz víctima en Afganistán y se limitaron a decirle que habrá sido un equivoco, pues consideraron terrorista a un ciudadano alemán decente.

Tal es la odisea vivida por Khaled al-Masri, mecánico de profesión de Neu-Ulm, pequeña ciudad situada en el sur de Alemania. Por desgracia, se le ocurrió pasar las vacaciones en el lugar y en el tiempo no más adecuados: Macedonia, postrimerías de 2003.

En mayo de 2006 al-Masri intentó cursar la demanda frente a sus torturadores al juzgado de la ciudad norteamericana de Richmond, estado de Virginia. Es difícil dar crédito al auto dictado por el juez federal sin haber conocido la documentación. La demanda de al-Masri fue denegada por la razón de que ”sería imposible incoar el proceso judicial sin haber descubierto los secretos estatales”.

Pero hace mucho que ese secreto es del dominio público. La Administración de Estados Unidos autorizó a la CIA a cumplir un programa secreto de “detenciones extraordinarias”, es decir, secuestros ilícitos de sospechosos de terrorismo y su transferencia a las prisiones secretas de Asia y Europa del Este para someterlos a interrogatorios. Dicho en rigor, allí los “lugares negros” existen ilegalmente, pero, en el peor de los casos, sus respectivos gobiernos siempre pueden ampararse en la alegación de que esos “lugares” no les pertenecen y lo único que hacen ellos es prestar servicios de aliados en la lucha común contra el terrorismo. Hace poco las autoridades de Polonia y Rumania tuvieron que recurrir a esa argumentación.

Los autores del informe especial de la ONU, los participantes de las sesiones del PACE y las organizaciones de defensores de los derechos humanos condenaron la práctica de “detenciones extraordinarias”. El caso de al-Masri podría aportar pocos detalles nuevos a esas críticas, si no se tratara del nivel oficial de las pretensiones presentadas por el tribunal alemán a la CIA: la orden de detención de los agentes de plantilla de esa oficina. También la fiscalía italiana requiere la orden similar acusando a 25 miembros del servicio de espionaje norteamericano de haber secuestrado en 2003 a un sacerdote egipcio en el territorio italiano.

Las autoridades washingtonianas denegaron cooperación a sus consocios europeos. Como siempre, la CIA guarda silencio. Sin embargo, el fiscal de Munich, August Stern, posee información suficiente para no considerarlo un caso perdido.

Los últimos días se registró un verdadero progreso en la investigación. Los reporteros españoles analizaron las listas de hospedados en un hotel de la isla de Mallorca, donde la CIA instaló su “punto de transferencia”, y averiguaron a los agentes del grupo de asalto, secuestradores
de al-Masri. Se puso en claro que doce de ellos residen en el estado de Carolina del Sur. El juzgado de Munich no cifra esperanzas en su arresto ni más aún en su extradición. Pero los sospechosos podrán enfrentar grandes problemas si se atreven a aparecer en el territorio de la Unión Europea.

Lo más curioso es otro: los institutos de protección de los derechos humanos de Europa Occidental se atrevieron a declarar guerra jurídica a la CIA. Es la primera vez que Washington es abofeteado y, además, en las dos mejillas por Alemania e Italia.

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Vladímir Símonov, para RIA Novosti.


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