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Etiquetas:   Artículo opinión   -   Sección:   Opinión

Quién politiza la Justicia

Wifredo Espina
Wifredo Espina
@wifredoespina
martes, 30 de enero de 2007, 12:52 h (CET)
Se está generalizando, peligrosamente, una actitud de duda, falta de respeto y de duras críticas y aún de ataques a las decisiones judiciales, incluso a los niveles más altos. Siempre, faltaría más, bajo la hábil cobertura formal de una afirmación genérica de que “se acatan” estas decisiones. Pero el contenido de esas críticas que se hacen, el tono que se emplea, la reiteración de las mismas –casi siempre por los mismas personas, organismos o posiciones ideológicas- hacen pensar seriamente que se están rebasando claramente los límites de la legítima discrepáncia y crítica razonable. Aquí, ya se va a saco. Y la Justicia, como uno de los tres Poderes del Estado democrático de Derecho, queda tocada, en entredicho y mal parada. Es decir, nos estamos cargando, irresponsablemente, el mismo Estado democrático de Derecho que es el marco de nuestra convivencia en libertad y justicia.

Como excusa, más o menos asumible en algunos casos, se alega que los órganos de la administración de la Justícia están politizados. Si esto fuera así, resultaría que los jueces no son otra cosa que políticos disfrazados con togas. Sobrarían, pues, los jueces. Lo cual sería insultante para los jueces y, encima, dejaría muy mal parados a los políticos que, desde los órganos legislativos, son los directos responsables de las leyes que regulan jurídicamente la Justícia, crean sus órganos, los regulan y escogen e invisten de porder judicial y legitimidad a las personas encargadas de administrar justícia. Si la Justícia está politizada, como se arguye con frecuencia, hipócritta e interesadamente, la culpa, por tanto, sería de los políticos; estos la habrían politizado. Entonces, sobrarían los políticos que han politizado la Justícia.

Mientras esto se dirime –y, en su caso, se corrige-, lo que no puede ocurrir es que, por intereses políticos, partidistas o personales, se intente desmontar, negándole credibilidad, independencia e imparcialidad, el Poder Judicial, pilar básico y esencial de la convivencia ciudadana. Poder Judicial que tiene el derecho y aún el deber de defenderse, para salvar su honor y salvar el sistema democrático. Este espectáculo de desprestigio, que estamos contemplando con demasiada y sospechosa frecuencia, sólo puede merecer reproche, desprecio y condena, qualesquiera que sean sus protagonistas. Porque, además, de verguenza, produce escándolo, inseguridad y horror a los ciudadanos. Lo que ahora se llama, cuando conviene criminalizar algo, alarma social.

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Wifredo Espina, Periodista y abogado.


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