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Etiquetas:   Política   -   Sección:   Opinión

Sanidad universal gratuita

Ya se han sustanciado resoluciones judiciales en contra de la privatización de determinados servicios
José Manuel López García
martes, 23 de diciembre de 2014, 07:59 h (CET)
Considero que los recortes en el gasto sanitario, y el proceso de privatización están dañando, muy seriamente, el derecho efectivo a una atención sanitaria de calidad, eficiente, y suficientemente rápida. Y esto se sustenta en datos, informes, análisis, y abundante información contrastada por profesionales de la sanidad pública.

Ya se han sustanciado resoluciones judiciales en contra de la privatización de determinados servicios, pero la tendencia parece que sigue adelante, quizás exceptuando la Comunidad de Madrid en algunos aspectos de la prestación sanitaria, por causa de una sentencia.

Estoy convencido de que lo mejor es parar la privatización de la salud, porque no debe ser mercantilizada para su optimización y mejor funcionamiento.

Un ejemplo que puede servir de explicación, con todos los matices que se quiera, es la de una noticia de un centro sanitario del Reino Unido de febrero del 2013. Cameron compareció ante la Cámara de los Comunes ante el escándalo causado en la opinión pública británica por la muerte de decenas de pacientes por mala asistencia hospitalaria. Y lo indignante es que fue producida, en realidad, por el deseo de ahorrar para lograr mayores beneficios, a través de la contratación de personal sin cualificación, con contratos basura.

Y esto que podría ser calificado como un hecho aislado, a mi juicio, es el reflejo de una tendencia general de la privatización, que es muy difícil de evitar, porque deberían existir controles e inspecciones muy numerosas y rigurosas, algo que en la práctica es casi imposible.

Ya existe una sanidad privada para el que puede y quiere acceder a ella, es innecesario e incoherente potenciarla, artificialmente, aumentando los costes de la sanidad pública.

Si el sistema sanitario español es de los mejores del mundo, esto no significa que no deba mejorar en muchos aspectos. Por ejemplo, en lo relativo a la asistencia inmediata e incondicional a toda persona que esté en territorio español.

Otro aspecto que deja bastante que desear es la calidad homogénea de la asistencia, ya que depende del nivel de prestaciones de cada Comunidad Autónoma. A pesar de que, legalmente, todos los ciudadanos tienen derecho a la misma calidad de asistencia médica. Y el sistema de control de la misma, parece que no da resultados.

El recorte en el presupuesto de Sanidad en los últimos años que ha alcanzado el 20 por ciento es significativo. Se han recortando cincuenta mil trabajadores del sistema sanitario español. No parece que sea una buena medida, si se tienen en cuenta los tiempos de las listas de espera para operaciones, etc. La privatización tiene como consecuencia que todo se rige por los beneficios y, por tanto, puede significar que se hagan menos radiografías, o se den menos medicamentos, etc.

Y si lo que está en el espíritu de la Constitución es que la calidad de la atención no debe disminuirse para que sea rentable, las consecuencias son claras. Porque la deontología y ética profesional de los médicos y del personal sanitario es plenamente racional, y sirve para prolongar la vida lo más posible, y con una asistencia de calidad.

Ante los retos que se plantean en relación con un aumento de la esperanza de vida de los ciudadanos, la sanidad pública es la que, realmente, está preparada, si se aportan los medios económicos necesarios, para atender adecuadamente a toda la población.

También conviene realizar una puntualización y es que la prevención y la promoción de la salud son tareas imprescindibles para el bienestar de la ciudadanía. La tecnología está muy bien que se aplique en la atención sanitaria, pero no para que sirva, exclusivamente, de medio de enriquecimiento para algunas empresas. Debe haber un uso racional y suficiente de los recursos y medios tecnológicos en el ámbito de la medicina.
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