El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro,
ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina
como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su
papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin,
defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa
presuntamente 'pantalla' de la que ambos son propietarios.
Así lo ha decidido en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos,
que ha dictado este lunes y en el que finalmente ha resuelto no aplicar
sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide
juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en
este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.
Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente
cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre
Cristina de Borbón.
En su resolución judicial, Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de
Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de
actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de
numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar
menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.
Para justificar su petición de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos
delitos fiscales-, Manos Limpias considera que la Duquesa incurrió en una agravante, y
fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los
obligados tributarios.
La Casa Real ha expresado su respeto absoluto a la independencia judicial
De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las
mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por
Urdangarin y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por
el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se
habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y
Madrid.
Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin "nunca
hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón, de ahí que
sea considerada cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública en
que incurrió su esposo.
"La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que
miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las
advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", abunda la entidad en su escrito
de acusación, en el que reclama además que la Duquesa haga frente a multas que
ascienden a 2.022.861 euros.
El juez Castro ha desestimado de este modo la petición efectuada por la defensa de
Doña Cristina, cuyos abogados, Miquel Roca y Jesús María Silva, aludieron a la doctrina
Botín pedir el sobreseimiento de la causa contra la hermana menor del Rey, al considerar
"jurídicamente inadmisible" que pudiera sentarse en el banquillo. Los letrados sostienen
que sobre su patrocinada no pesa responsabilidad penal alguna en el marco de estas
pesquisas.
Del mismo modo, el fiscal Pedro Horrach solicitó archivar la imputación de la Infanta al
recriminar que se le acuse en base a "sospechas" y a un "raquítico 'pudo saber'", lo que a
su juicio la sitúa en una "posición de indefensión". De hecho, considera que no hay "dato,
indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz
de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de la participación de la
Duquesa en un supuesto fraude al fisco.
Castro impone a la Infanta el pago de 2,6 millones en responsabilidades civiles
Comentarios
Casas Viejas
22/dic/14 11:59 h.
Visto lo visto la Fundación Guru-Gú llamará a capitulo a todo aquel que diga que la justicia en España no es igual para todos. Hasta hoy quien así pensara podía considerarse un bellaco. Una cosa está clara para otra Fundación, la San Borondon: El juez Castro pasa a engrosar las filas de los magistrados que tienen los huevos cuadrados como los osos y pegados al culo como los tigres. Como el juez Elpidio Silva sin ir mas lejos. Como el ex fiscal Jiménez Villarejo sin ir mas cerca. Como la jueza Mercedes Alaya en versión femenina que con sus 200.000 folios en los eres suma ya tantos como liberados sindicales y billetes necesarios para asar una vaca. Todo ello fiscalizado por los 180 emparentados del Tribunal de Cuentas y teniendo en cuenta la publicación del ex de IU un tal Moral Santin: Trincando que es gerundio. Publicación que volcó la balanza a su favor en la obtención de la cátedra de economía según el tribunal examinador. O ese ex jefe de la Casa Real, un tal Spottorno que siendo especialista en apartar a la gente por conducta poco ejemplar no le impedia mirar las pantorrillas de Mariló Montero y los domingo después de misa irse de saunas filipinas con la tarjeta negra de Caja Madrid, la misma del citado Moral Santin. La misma de ese tal Rato que pone cara entre pillo y mafioso a la hora de tocar la campana y el muy mamon no quiere reconocer que de casta le viene al galgo. Su papaíto también tuvo problemas con la justicia. Los mismos que tuvieron los papaítos de Puyo, Arturo Mas, de la Rosa o el abuelo de Ana Patrica Botin. Y lo peor es que el jaguar de la cegata Ana Mato no aparece y la hija de Fabra I el malo la que dijo que se jodan sigue cobrando de la teta de la vaca.Y en es plan. Ninguno.
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