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Etiquetas:   Akelarre   -   Sección:   Opinión

Miedo a la libertad

Rafa García
Rafa García
@rafagarciak
domingo, 28 de enero de 2007, 09:35 h (CET)
En tiempos de corrupción, llama la atención que el primer teniente de alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, amenace a concejales y periodistas con escarbar en la vida privada de éstos, si se realiza una investigación referente a una sociedad de su mujer. El hombre que durante largos años fue alcalde de la población, y que se hizo célebre por aquella frase de que la “Justicia es un cachondeo”, muestra los tics propios del político que se perpetúa en el poder durante años y años.

La amenaza es sencillamente intolerable. Tanto como otras muchas que se producen en otros ámbitos geográficos, como por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Como siempre ocurre en estos casos, quienes hacen de su capa un sayo, tienen miedo a la libertad de expresión. Y los corruptos, más que miedo, tienen pánico.

Por cierto, pánico es lo que tiene el Partido Popular de la Comunidad Valenciana a la candidatura conjunta que presentarán a las Cortes Valencianas la versión autóctona de Izquierda Unida, y el BLOC, un partido nacionalista. Las encuestas dicen que al concurrir ambas siglas bajo una misma candidatura, el PP perderá la mayoría absoluta, y que habrá una amplia mayoría de izquierdas en el parlamento, que se configurará alrededor del PSOE (Gobierno tripartito).

Es más, las propias encuestas dicen que si en 2003 Izquierda Unida y BLOC hubieran acudido juntos a los comicios, el PP no habría conseguido la mayoría absoluta.

Y es la que la última encuesta del diario Levante no llega en buen momento para el PP valenciano, porque Zaplana sigue batallando contra el presidente Camps por el control de la CAM, y por el control del propio partido en la Comunidad Valenciana. El portavoz popular en el Congreso no se encuentra en sus mejores momentos, pero tampoco está para echar cohetes Camps, porque ha cometido el error de cimentar su mayoría orgánica contra Zaplana en el apoyo de dirigentes territoriales de Castellón y Alicante que se encuentran bajo sospecha, y en el punto de mira de distintos juzgados. Y eso, a menos de cien días de las elecciones autonómicas puede convertirse en un auténtico suicidio.

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