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Etiquetas:   Compromís   -   Sección:   Comunidad Valenciana

Compromís denuncia al Consell por posible prevaricación por presupuestar 1.230 millones de ingresos sin cobertura

En los presupuestos de la Generalitat para 2015
Redacción Siglo XXI
@DiarioSigloXXI
viernes, 19 de diciembre de 2014, 09:06 h (CET)
El grupo parlamentario Compromís en las Corts ha presentado una denuncia en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra los miembros del Consell, ampliable a los diputados que voten a favor de los presupuestos de la Generalitat, por posible prevaricación y malversación por presupuestar para 2015 un total de 1.230 millones de ingresos sin cobertura legal.

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La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts que esta denuncia se basa en el "falseamiento" de los presupuestos de la Generalitat, ya que "se incluyen ingresos sin fundamento legal". "Esos ingresos se pueden pedir al Estado, pero no se pueden presupuestar, porque para presupuestarlos se debe tener una cobertura legal", ha indicado.

La denuncia advierte de posibles delitos de prevaricación "por tomar una decisión injusta e ilegal, a sabiendas". Al respecto, Compromís señala en el texto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) alertó el pasado día 5 de que el anticipo de 1.178 millones del Fondo de Competitividad "no está previsto en los presupuestos del Estado", por lo que "no existe constancia expresa ni fundamento legal que justifiquen la recepción de estos ingresos", advertencias que ya habían sido puestas de manifiesto en el borrador de la AIREF del 28 de julio.

Asimismo, Compromís destaca que en el informe del pasado martes la AIREF "elimina determinados juicios e interpretaciones jurídicas, pero sigue advirtiendo de la falta de fundamento legal de la inclusión de determinados ingresos en el presupuesto de 2015", como el anticipo del Fondo de Competitividad, la compensación por el IDEC u otros ingresos por tasas y precios públicos.

Además, la denuncia también plantea posible delito de malversación, "no con ánimo de lucro, como es la forma tradicional, sino por falseamiento de las cuentas públicas", ha manifestado Mònica Oltra.

"Estamos ante un falseamiento de las cuentas públicas en perjuicio de la Generalitat y, por ende, de la ciudadanía, puesto que los ingresos computados vinculados a gastos no tienen cobertura legal y, por tanto, existe la total seguridad de que no van a producirse", indica la denuncia. La portavoz adjunta de Compromís ha destacado: "No está en nuestro ánimo llevar a nadie a prisión, ni inhabilitar a nadie, pero queremos que se establezca una línea clara sobre qué es legal y qué no es legal a la hora de incluir ingresos sin cobertura en un presupuesto".

PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL
Para Oltra, "es necesario ante esta práctica reiterada del Gobierno valenciano que haya un pronunciamiento judicial". Asimismo, ha indicado que "estamos ante tipos penales nuevos, derivados de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que nosotros no compartimos, pero tampoco compartimos que ese artículo no vincule a quienes lo han impuesto".

La diputada ha asegurado que "si el tribunal considera que tenemos que ir a ratificar la denuncia, iremos y daremos las explicaciones oportunas", pero no se personarán como acusación particular ni popular. Inquirido por si la presentación de esta denuncia afecta a la aprobación de los presupuestos, lo ha negado, ya que ha indicado que "el único que puede paralizar una ley es el Tribunal Constitucional".

Respecto al recorrido de esta denuncia penal, Oltra ha explicado que se nombrará a un instructor y se dará traslado al Ministerio Fiscal para que intervenga como parte. "Si el ministerio público entiende que hay un ilícito penal, investigará, la Sala deberá imputar los posibles autores y, a partir de ahí, será un procedimiento penal", ha comentado. En cuanto a las penas a las que se podrían enfrentar, en el caso de malversación podría ser una inhabilitación de hasta diez años y en el de prevaricación, de uno a cuatro años.
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