La política de recortes extremos impulsada por Alberto Fabra en la Comunidad Valenciana ha puesto en pie de guerra al sector de la Discapacidad, que harto de tanta agresión, ha optado por oponerse frontalmente a la nueva tasa de copago colada de tapadillo por la Generalitat Valenciana, a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad. Es la forma elegida por Fabra para sortear una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anulaba el decreto del copago que entró en vigor en 2013.

De la gravedad de la situación dan buena cuenta las palabras del presidente del CERMI estatal (Comité Español de Representantes de la Discapacidad), Luis Cayo, quien ayer mismo declaró en Valencia que las de 2014 “van a ser las navidades más agrias de las personas con discapacidad de este territorio, por culpa del copago”.

Y es que la implantación de esta tasa en centros y residencias para mayores y personas con discapacidad, conlleva la aportación mensual de entre 1.500 y 2.100 euros, y de entre 550 y 845 euros mensuales cuando se trate de centros de día, noche u ocupacionales.

Como el CERMI no está facultado para presentar un recurso de inconstitucionalidad, Cayo exige una inmediata marcha atrás a Alberto Fabra y pide ayuda a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, o a 50 diputados o senadores, en el caso de que el presidente valenciano vuelva a hacer oídos sordos a lo que hoy ya es un clamor en las calles.

El presidente del CERMI estatal se desplazó ayer hasta Valencia para reforzar la lucha que desde hace muchos meses vienen desarrollando sus compañeros de la Comunidad Valenciana. Compareció en rueda de prensa junto al presidente del CERMI autonómico, Joan Planells, que fue taxativo a la hora de asegurar que la ley de acompañamiento de los presupuestos es una "medida bolchevique, que tiene la particularidad de que con ella se empobrece a los pobres".