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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

El engaño del precio de los combustibles

La consecuencia es que, se mire por donde se mire, en España siguen existiendo monopolios, a pesar de que hace años esta modalidad fue desechada
Miguel Massanet
martes, 16 de diciembre de 2014, 07:59 h (CET)
Puede que los ciudadanos no sepamos de los intríngulis de la serie de impuestos que gravan nuestras gasolinas y también es posible que no entendamos de las relaciones entre dólares y euros, pero de lo que sí estamos seguros es de que, cuando el valor del barril de Brend sube, al día siguiente todas las gasolineras de nuestro país han repercutido el aumento, más el de los correspondientes impuestos, en el precio del crudo del que nos vamos a suministrar. ¿Qué sucede si el valor del barril desciende? Pues, señores, es posible que tardemos semanas en enterarnos y, cuando ya no les queda más remedio que reconocer la rebaja del coste entonces, sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza, bajan unos céntimos que debemos aceptar con grandes reverencias, como si fuera una gran concesión de los poderosos magnates del petróleo que son los que, en definitiva, mandan en esta cuestión, aún cuando, teóricamente, este sector está liberalizado y, en pura teoría, debería existir una sana competencia entre las pocas petroleras que parten el bacalao en nuestra nación.

Curiosamente, nuestros gobernantes parecen estar ajenos a los posibles acuerdos existentes entre las petroleras instaladas en nuestro país que, además de gozar de una especie de monopolio de ventas tienen la “costumbre” de vender el crudo al mismo precio todas ellas. ¿Prácticas agiotisticas?, ¿Carteles encubiertos? O, acaso, negligencia de los organismos encargados de regular la pureza de los mercados, de evitar las actuaciones especulativas y de impedir que, los consumidores del producto, sean siempre los sacrificados y los que deben pagar para que, las grandes petroleras, saquen todavía más beneficios extras e impropios de los que, actuando sin trampas y conseguirían.

No sirve de excusa el que, los ministros, ahora se rasguen las vestiduras y aparenten haberse caído del guindo (perdón, no es alusión directa a nuestro ministro de Economía, señor Guindos), lo mismo que los de la CMV, arremetiendo contra las empresas petroleras, porque esta práctica la llevan utilizando desde mucho antes de que este gobierno (que se nos presentó como reformista) asumiera el control de la nación. ¿Cuántos millones de euros han hurtado, los que tienen el monopolio de la venta del petróleo, a los usuarios españoles? Nadie, hasta ahora, cuando las bajadas del crudo han sido tan evidentes, tan difíciles de camuflar y las rebajas en la venta al consumidor directo tan nimias, tan ofensivas y tan desproporcionadas, ha intervenido para remediarlo, limitándose a escurrir el bulto y quedarse mirando hacia otro lado, quizá por temor a que el tema les explotara en las manos.

No podemos seguir callando cuando se sabe que, los impuestos que gravan este producto tan imprescindible, del que depende una gran parte de la economía del país y que forma parte de los gastos diarios de, prácticamente, el 80% de los ciudadanos españoles; hayan sido el maná para el Estado, que ha ido acumulando uno tras otro hasta que, el montante total de los mismo sobre cada litro de combustible se haya duplicado. Según la AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), el precio de los carburantes está formado por tres factores: el precio de la materia prima, esto es, el petróleo; otros costes, como el transporte, el mantenimiento o el pago a intermediarios; y, por último, los impuestos, que suponen la mitad del precio final de venta. Una información esclarecedora que nos da pistas sobre el por qué los sucesivos gobierno no han estado interesados en vigilar los precios de venta de los distintos combustibles derivados del petróleo.

Es obvio que, cuanto mayor sea la base de los impuestos, tanto más se lleva la Hacienda y tanto más ingresa en las Arcas del Estado. Sin embargo, esta teoría de que sea siempre el Estado el que administre, a través de las cargas impositivas, el dinero de los ciudadanos, no puede basarse en un actuación, a todas luces delictiva, como es la de embolsarse una parte de las rebajas en el precio de origen, algo en lo que los compradores directos no tienen arte de parte, que deberían automáticamente repercutir las bajadas en los precios de compra de los consumidores porque, cuando sucede lo contrario, son los primeros en ser los destinatarios de las subidas.

El hecho evidente es que, en cierta manera y visto desde los ojos de los ciudadanos, el hecho de que el Estado, a través de los impuesto ( exagerados y de tipo incautatorio, por alcanzar el 50% del precio base del producto) se embolse cantidades adicionales cuando hay alzas de los precios de origen y contribuya, mirando hacia otro lado, a que, cuando hay rebajas, éstas tarden en llegar a los usuarios y, en todo caso, en una cuantía muy inferior a la que sería justo que se aplicase; le hace convertirse en cómplice directo en este engaño que se les hace a los españoles, los verdaderos perjudicados en sus economías domésticas por esta entente que, las petroleras españolas han establecido, si no de derecho sí de hecho. La consecuencia es que, se mire por donde se mire, en España siguen existiendo monopolios, a pesar de que hace años esta modalidad fue desechada para evitar que, unos pocos, pudieran fijar los precios a su libre arbitrio, sin dar oportunidad a otros productores a competir en precios y calidad.

No debemos olvidar que, las bases fundamentales de toda democracia son principalmente que, por encima de todo, debe primar el bien general de los ciudadanos; cuando son los ciudadanos quienes nombran, por votación, a aquellos en los que confiar la administración de la nación y que esto supone, no que se vaya machacando a los ciudadanos a impuestos y que llegue un momento en que éstos lleguen a ser tan agobiantes que sean, precisamente, los mismo mandantes los que tengan que protestar contra ellos; máxime, cuando en muchas ocasiones el destino que se les da a las cantidades recaudadas no es el que, el sentido común indicaría y, todavía peor, si una parte significativa de los caudales públicos, vayan a parar a los bolsillos de administradores defraudadores, de funcionarios delincuentes y de gobernantes indignos; como, por desgracia, parece que, en España del Siglo XXI, se ha ido convirtiendo en algo más habitual de lo que se podría esperar de un Estado de Derecho.

Es obvio que los españoles se muestren descontento con quienes ocupan los escaños del Parlamento y del Senado, por considerar que, sean del color que sean, su única preocupación es conseguir llegar al poder y, cuando se han instalado en él, mantenerse contra viento y marea, aunque para ello tengan que recurrir a engañar al pueblo y, lo que es peor, a perjudicarle. Ya estamos hartos de oradores que no dicen nada, de iluminados que lo prometen todo, sin posibilidad alguna de cumplir sus promesas, o de falsos redentores que se presentan como capaces de conseguir la igualdad para todos y luego acaban, como viene sucediendo en las naciones del cono sur de América, convirtiéndose en opresores de sus ciudadanos. Lo que se necesita es activar la democracia, impedir que unos cuantos se apoderen de ella para vendernos sueños imposibles; regenerar las instituciones y restablecer la confianza en ellas como única forma de garantizar la existencia de una verdadera democracia que no se logra, por mucho que los interesados en destruir España insistan, en derruir todo lo construido para edificar, sobre cenizas movedizas, nuevas construcciones sobre cimentaciones inestables.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos como la democracia se tambalea camino de su autodestrucción.
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